La 'auctoritas’ del Consultivo: Las administraciones siguen en un 95% sus dictámenes como garantía de legalidad

El Consejo Consultivo de Castilla y León afianza su 'auctoritas’ entre las administraciones de la Comunidad. Tras una trayectoria de 23 años, el poder de convicción de esta institución propia lo demuestra el hecho de que sus dictámenes se asumen de media en un 95 por ciento de las ocasiones, ya que su intervención previa se ha convertido en una garantía de legalidad.

En consecuencia, las decisiones administrativas consultadas al Consejo siguen, en términos generales, sus indicaciones sin apartarse de sus resoluciones. A todo ello se une la rapidez en la tramitación, junto a la apuesta por la calidad jurídica, ya que los dictámenes se emiten en unos 19 días hábiles, por debajo del plazo máximo de 20 que marca la normativa.

La actividad del Consultivo se traduce en medio millar de dictámenes cada año. En concreto, a lo largo de 2024 se contabilizaron 531, a lo que se unió la resolución de 189 recursos por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, órgano que se creó en 2012.

Respecto a la demanda provincial que recibe el Consejo, León (104), Valladolid (87), Salamanca (82) y Burgos (63) fueron las que más dictámenes generaron en 2024. Por su parte, desde Zamora, donde se ubica la sede, se solicitaron 46, lo que supone 27,67 dictámenes por cada 100.000 habitantes, la cifra más elevada. A continuación figura Segovia, con 35; Ávila, con 26; Palencia, con 21, y Soria, con nueve.

No sólo las administraciones confían en el Consejo, también los ciudadanos ven resueltas sus reclamaciones, de cara a la protección de sus derechos, principalmente en los expedientes de responsabilidad patrimonial. De hecho, ocupan un porcentaje alto entre sus dictámenes, ya que rondan el 75 por ciento. Dentro de ellos, destaca, como el pasado año, los relativos al ámbito sanitario por su especial incidencia en la vida ciudadana.

Asimismo, la mayoría de sus resoluciones proceden de las administraciones locales. Durante 2024, representaron el 62,52 por ciento (332) y superaron a los que promovió la administración autonómica, que supusieron el 35,97 por ciento (191). Además, el pasado ejercicio también recurrieron al Consejo las universidades públicas de Castilla y León, que solicitaron ocho dictámenes (1,51 por ciento).

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2024 se resolvieron 189 recursos, que resolvieron litigios de expedientes por valor de 842 millones. Además, lo hicieron de media en 27 días naturales. Dentro del Gobierno autonómico, la Gerencia Regional de Salud, con 34 actos recurridos (17,99 por ciento), fue la que más recibió, junto al conjunto de los ayuntamientos, con 81 (42,86 por ciento).

El Consejo Consultivo, que preside Agustín Sánchez de Vega y está pendiente de renovación, maneja un presupuesto superior a los dos millones de euros. Cada año, en torno al mes de mayo se envía a las Cortes la memoria anual, que junto a sus dictámenes, se puede consultar en su página web como muestra de su compromiso con la transparencia.

Nuevos horizontes

La ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, que constituyó el marco legal necesario para su puesta en marcha, desarrollo y funcionamiento, data de abril de 2002, pero ha sido objeto de modificación en seis ocasiones. En tal sentido, algunas de ellas han sido sustanciales, ya que han afectado prácticamente a todos los elementos de la institución, como composición, funciones, estructura, organización y funcionamiento interno.

En febrero de 2021, el Consejo Consultivo elaboró una propuesta para una nueva ley reguladora con el objetivo de actualizar contenidos obsoletos por el paso del tiempo y profundizar en su autonomía e independencia como institución propia de la Comunidad. Además, se entregó a los presidentes de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de las Cortes, Luis Fuentes, y a los grupos parlamentarios, sin que llegara a prosperar.

Como novedades, recogió profundizar en su autonomía e independencia, una mayor capacidad de decisión sobre la organización y el funcionamiento interno y una mejor eficiencia en la utilización de sus medios personales y materiales.