Blanco reivindica el "rigor y agilidad" del Consejo Consultivo de Castilla y León

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, ha asistido este lunes al Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, donde se ha dado luz verde a la Memoria de 2024 de esta institución propia de la comunidad ubicada en Zamora y que preside Agustín Sánchez de Vega.

Allí, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado el “rigor, independencia y compromiso social" del Consejo y ha reivindicado la labor que llevan a cabo todos los miembors y trabajadores, de quienes ha destacado que son un "elemento fundamental" dentro del sistema autonómico de Castilla y León. En este sentido, ha puesto en valor su actividad y la agilidad en la resolución de ligitios en materia de contratación pública (189 durante el pasado año con un importe que supera los 842 millones de euros).

"El Consejo Consultivo es una institución que tiene dos órganos, el propiamente consultivo, cuya función principal es garantizar el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, del ordenamiento jurídico, de las diferentes normas y los diferentes dictámenes que se someten al Consejo Consultivo mientras que, por otro lado, está el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl), donde se someten los distintos litigios en materia de contratación pública", explicaba la vicepresidenta, quien ponía en valor que se hayan aceptado el 95 por ciento de los informes, de los dictámenes emitidos por el órgano. "Nueve de cada diez resoluciones del Tarccyl son aceptadas y sólo se recurre una posteriormente a los tribunales ordinarios", destacaba.

Por su parte, Sánchez de Vega, hacía referencia a que a la resolución de esos recursos se suma la emisión de 531 dictámenes el pasado año, con León, con 104, Valladolid, con 87, y Salamanca, con 82, como provincias de las que ha procedido un mayor número de solicitudes de dictamen.

Los expedientes de responsabilidad patrimonial (402), que son los más frecuentes, han supuesto el 75,21 por ciento del volumen anual de dictámenes del Consejo. Por materias, el mayor número de dictámenes, 190, (47,29 por ciento) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación, 49 son de ámbito sanitario y 47 están relacionados con los efectos generados por la Covid-19, con perjuicios en el ámbito de la hostelería, mayoritariamente.

Los dictámenes emitidos sobre expedientes que proceden de administraciones locales 332 (62,52 por ciento) superaron a los de la administración regional 191 (casi el 36 por ciento) y, dentro de esta, alrededor del 11,49 por ciento, con 61 consultas, procede de la Consejería de Sanidad, sobre todo, de expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria y derivada de la Covid-19.

Por otra parte, el 9,60 por ciento (51 consultas) son solicitudes de la Consejería de la Presidencia, mayoritariamente, sobre daños y perjuicios económicos producidos por las medidas acordadas por la situación de pandemia, y el 3,77 por ciento (20 consultas) correspondieron a la Consejería de Educación, fundamentalmente, sobre revisión de oficio de procesos selectivos de empleados públicos.

Por lo que se refiere a la actividad del Tarccyl en 2024, cabe señalar que resolvió 189 recursos, el 60,85 por ciento de los cuales fue dirigido frente a contratos de servicios.

El 33,33 por ciento, frente a contratos de suministros, y el 4,23 por ciento frente a contratos de obras. El principal acto recurrido fue el de la adjudicación, un 46,03 por ciento.

La Gerencia Regional de Salud recurrió 34 actos, el17,99 por ciento, aunque fueron los ayuntamientos los que más recursos recibieron, concretamente, 81, el 42,86 por ciento. Por lo que se refiere a la procedencia, la provincia de Valladolid fue la que acumuló más contratos recurridos.

“Es muy probable que el ciudadano no sepa que, cuando plantea una reclamación ante las administraciones públicas, nosotros intervenimos en ese procedimiento", explicaba el presidente del Consejo Consultivo, quien destacaba que tanto el Consultivo como el TARCCyL ejercen, esencialmente, una misma función general de garantía y control de la legalidad, como fundamento y como objetivo.

"La decisión de unir a la función consultiva la del Tribunal es una clara expresión del autonomismo útil y austero de la Comunidad", decía, al tiempo que ponía en valor la "labor indispensable" de esta institución para laregión y reafirmaba su compromiso de seguir contribuyendo a la garantía general del Estado de Derecho en Castilla y León a través de sus atribuciones.