Castilla y León rechaza "lecciones" de un Gobierno que ha hecho "una ley de memoria democrática inspirada por Bildu”

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, rechazó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, cualquier crítica o ejemplo de “aquellos que han hecho una ley de memoria democrática inspirada por Bildu”. Un normativa de memoria democrática, dijo, que incluye un amplio periodo de la democracia española como “petición de Bildu”. “No vamos a recibir lecciones de los que han hecho que los deseos de Bildu se convierten en ley”, reiteró.

En este sentido, insistió en que la Ley de Concordia que salga del Parlamento de Castilla y León “será plenamente respetuosa con las leyes nacionales de referencia, sobre todo, con la ley de leyes, que es la Constitución”, ante el anuncio del Gobierno de que denunciará el texto normativo ante la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.

Fernández Carriedo defendió que el texto de la norma “se centra en las victimas, en ampliar su numero y en llegar con mas apoyos y ayudas”. El reto, afirmó, es dar un “ensalce” a los apoyos que perciben, “bien sean de violencia ideológica, religiosa o social”.

Reunión con ministros

Además, el portavoz instó a los 12 ministros a los que el Ejecutivo autonómico ha solicitado reunión y la han ignorado “a dedicar el tiempo libre” que les deja la ausencia en la elaboración de Presupuestos Generales del Estado para 2024 para encontrarse con el presidente Alfonso Fernández Mañueco. “No vemos el motivo por el que dediquen tanto tiempo a partidos separatistas y tan poco a las autonomías que defendemos la unidad de España y que somos leales al proyecto”, afeó el consejero, tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Hasta hoy, una docena de ministros han ignorado las peticiones de Mañueco para reunirse y solo lo ha hecho con la titular de Educación, Pilar Alegría, tal y como publicaron este miércoles los periódicos del Grupo Promecal. Carriedo señaló que se ha solicitado únicamente con los ministerios en los que Castilla y León tiene intereses. “Dice que es el Gobierno que más veces dialoga y es el que menos lo hace. Hay que diferenciar”, comentó el consejero, quien recordó que el Gobierno tomó posesión en noviembre y han transcurrido ya casi seis meses para mantener estos encuentros.

“Hay tiempo suficiente para tomar estas iniciativas y poder resolver problemas de la gente”, apuntó Carriedo, quien afeó que el Gobierno “está ocupado en otros muchos temas, pero en España hay 17 comunidades y da la impresión de que no dedica el mismo tiempo a los ciudadanos en todas ellas”. “Le pedimos que se reúna, dialogue y solucione los problemas de todas”, insistió.

Como ejemplo, mencionó que mientras ha convocado una sola vez al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya “ha tenido cuatro reuniones con Puigdemont, prófugo de la Justicia, en Suiza, y otros líderes de ERC de las que no ha dado cuenta”, pero “no tiene tiempo para hacerlo con las comunidades leales al proyecto de España”. “Esto tiene que cambiar”, reivindicó Fernández Carriedo, “por que si no hay autonomías de segunda y primera y es una anomalía que se reúna con ellos y no con un presidente legítimo como Mañueco”.

Impuestos

Por otra parte, el portavoz de la Junta contrapuso, a pregunta de los periodistas, la política tributaria de la Junta con la del Gobierno de España y recalcó que mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elevado 69 impuestos los últimos años, el de Alfonso Fernández Mañueco ha rebajado 34 figuras tributarias desde 2019.

En el inicio de la campaña de la Renta, el también consejero de Economía y Hacienda trasladó al conjunto de los ciudadanos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que en el tramo autonómico del IRPF, Castilla y León cuenta con 21 deducciones, que permitirán junto con la rebaja del gravamen aprobada en la Comunidad, un ahorro fiscal de 120 millones de euros, para 1,2 millones de contribuyentes.

Fernández Carriedo puso como ejemplo que una familia con un hijo en la Comunidad, en Castilla y León “paga una cantidad claramente inferior” en el tramo autonómico que en el estatal, donde debe abonar un 55 por ciento más en la Renta, “cuando en origen era la misma cifra”. Así, sentenció que esto se debe a que “el tramo nacional va en aumento y aquí a la baja”.