El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de hoy la aprobación de las directrices de simplificación y reducción de la burocracia para los años 2025 y 2026, anuncias el pasado jueves por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, tras el Consejo de Gobierno.

El acuerdo, que tendrá un ahorro para los ciudadanos de 24,6 millones de euros y que afectará a 300.000 expedientes, es fruto del del diálogo con los representantes de la sociedad civil que se ha venido desarrollando durante la segunda mitad de esta legislatura; en concreto, la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, CEOE, las Cámaras de Comercio, y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.

El acuerdo establece un total de 54 medidas ejecutivas que involucran a las diez consejerías de la Junta de Castilla y León. Estas medidas, que tendrán un coste de implantación de unos 590.000 euros, se dividen en dos categorías: las que requieren la aprobación de normas, y las que requieren actuaciones de carácter organizativo.

En el primer grupo se recoge 40 medidas que tendrán que articularse a través de la aprobación de Decretos, Acuerdos, Órdenes o Resoluciones. Dentro de este grupo de medidas, por ejemplo, se encuentra prevista la aprobación de un nuevo Decreto de la Consejería de la Presidencia para regular la selección del personal funcionario y laboral en régimen de interinidad, con el objetivo de unificar la presentación electrónica de solicitudes.

Esta medida en concreto supondrá un ahorro estimado para los interesados de más de 934.000 euros al año, al eliminar los desplazamientos físicos, reducir los costes materiales, y evitar potenciales errores burocráticos que pudieran ocasionar la pérdida de convocatorias con la consiguiente pérdida de las tasas.

Otro ejemplo dentro de esta categoría es la exención, a través de Decreto de la Consejería de Economía y Hacienda, de las autorizaciones previa y de construcción a las instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia en viviendas y pequeñas empresas. En este caso, se estima un ahorro de 165.000 euros al año para los propietarios, que verán muy aligerado este procedimiento.

En cuanto al segundo grupo de medidas, de carácter organizativo, el Acuerdo recoge otras 14 directrices.

Dentro de este otro conjunto de medidas, se puede destacar la elaboración, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de un modelo único para la presentación de los informes anuales de actividades ganaderas con autorización ambiental, que previsiblemente supondrá un ahorro de 348.000 euros anuales a los propietarios de las explotaciones. Este ahorro provendrá, por ejemplo, de la reducción de costes de contratación de consultoras para cumplir un trámite que hasta ahora podía ser técnica o jurídicamente complicado para muchos propietarios.

Dentro de este conjunto de medidas organizativas, se puede destacar también el desarrollo de una nueva aplicación para los expedientes de las Comisiones Territoriales de Patrimonio y de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, con criterios de actuación homogéneos que facilitarán la presentación digital de toda la documentación, y que supondrá un ahorro estimado de 308.000 euros a los interesados.

Las 54 medidas tendrán que ser ejecutadas desde ahora hasta finales de 2026, con 30 que se implantarán antes de que termine 2025, y 24 que se implantarán el año que viene. Una vez finalizado este plazo, Gago explicó que la Junta evaluará el cumplimiento de todas ellas, e impulsará, en su caso, un nuevo paquete de medidas para seguir trabajando en esta dirección.