El acceso a una vivienda es uno de los grandes problemas que tiene España debido a la falta de inmuebles, tanto para la compra como para el alquiler, los precios, y una ley estatal que no termina de proteger ni al propietario ni al inquilino y que defiende al «okupa».

En Castilla y León, el Gobierno que preside Fernández Mañueco tiene en marcha una serie de iniciativas, ya sea en materia de vivienda nueva, rehabilitación o ayudas a la compra, sobre todo para jóvenes y en el medio rural que están surtiendo efecto y están consiguiendo hacer más fácil este acceso a un hogar en condiciones dignas.

Pero, además, la Junta trabaja desde otro ámbito también en materia de vivienda, pero desde el punto de vista de la gestión de gastos y la vigilancia de contratos.

Así, desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo desarrollan durante este mes de agosto una campaña de vigilancia y control de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contratos de alquiler de viviendas.

La iniciativa pretende proteger los derechos de los usuarios y garantizar que reciben información veraz, clara y suficiente en un contrato de especial trascendencia como es el de alquiler de vivienda habitual.

La campaña, que se está llevando a cabo también en otras comunidades autónomas, se extenderá hasta el próximo mes de octubre a través de la Inspección de Consumo de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía de todas las provincias, asegurando que la acción de control sobre los servicios que prestan las agencias inmobiliarias en el alquiler de vivienda habitual se despliega por todo el territorio, según informan fuentes del departamento que dirige Leticia García.

El punto central de esta campaña radica en los cambios introducidos en la legislación sobre los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de alquiler de una vivienda para residencia habitual, ya que, conforme a la nueva legislación, estos gastos deben ser asumidos por el arrendador y no por el arrendatario. Esto implica que las agencias inmobiliarias no pueden cobrar estos gastos a quienes alquilen o pretendan alquilar una vivienda cuyo fin sea satisfacer su necesidad permanente de hogar.

Las agencias inmobiliarias sí pueden cobrar a los consumidores ciertos gastos por servicios específicos, pero siempre que estos hayan sido solicitados expresamente por el consumidor, que estén justificados y documentados, y que no constituyan una práctica comercial desleal y abusiva con los consumidores.

Controlar la documentación que las agencias inmobiliarias deben conservar y facilitar; analizar las comunicaciones comerciales , publicidad, contratos de servicios de intermediación, de reserva, de servicios adicionales y facturas; verificar los gastos por la gestión y formalización del arrendamiento, así como cualquier otro gasto que la inmobiliaria impute al consumidor que alquila o pretende alquilar una vivienda, son algunas de las acciones que se llevarán a cabo durante las inspecciones, en las que, además, se requerirá a la agencia inmobiliaria, al menos, los últimos diez expedientes de alquiler de viviendas en los que la mercantil haya intervenido.

Y, además, cabe señalar que podrán efectuarse controles sin que el inspector desvele en un principio su condición para pedir información para alquilar.