La Diputación de Segovia impulsa 247 inversiones que superan los 9,4 millones en 222 entidades

El Pleno ordinario del mes de febrero en la Diputación de Segovia ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, en un día en el que se sometía a votación el reparto del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales que, con los votos a favor del grupo popular, las abstenciones del PSOE y Vox y el voto en contra de la diputada de IU, posibilitará 247 inversiones que alcanzan los 9.428.571,43 euros en 222 entidades de la provincia, con la colaboración de los ayuntamientos.

Este asunto ha suscitado el debate entre los grupos pues Ana Peñalosa ha hablado de “reparto discrecional”, mientras que Máximo San Macario ha defendido que el PSOE “seguirá peleando por la menor cofinanciación para los pueblos pequeños”.

Por su parte, Pedro Varela ha asegurado que existe “equivalencia de trato en pueblos similares con obras similares” y el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo ha concluido que “no hay margen para la política en este PAIMP” y ha lanzado un mensaje a la diputada de IU, reprochándola que “ha echado mal las cuentas o miente”.

Por último, el presidente, Miguel Ángel de Vicente ha manifestado que “me alegra que la crítica no sea que a unos ayuntamientos les llega más dinero que a otros”, pues la “única realidad es que habrá una inversión cercana a los diez millones de euros con la que cubrimos las necesidades que nos han manifestado”.

Otro de los puntos que más debate ha creado ha sido la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo, relativa a puestos reservados para su desempeño a personal funcionario con habilitación nacional, pues todos los grupos de la oposición se han manifestado en contra de esta libre designación argumentando que “no podrán desempeñar su labor con libertad”, mientras que el diputado de Recursos Humanos, Jaime Pérez ha expresado no saber si esas manifestaciones “son ignorancia o mala fe”, pues esta forma de provisión “está contemplada en la normativa, por lo que no hay ninguna ilegalidad ni ningún interés espurio ya que tenemos la autorización del Ministerio de Hacienda porque hemos justificado la excepcionalidad”.

Por su parte, Miguel Ángel de Vicente ha explicado que “es una cuestión de planificación, no una ocurrencia, lo que hoy nos permite llegar a cubrir estos puestos de manera inmediata cuando se produzcan las jubilaciones, sin depender de un Gobierno que desconoce la problemática porque no está pegado al territorio y no saca las plazas cuando son necesarios más de 4.000 habilitados nacionales”.

Sin debate, con los votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención del resto de diputados se ha dado luz verde a la aprobación del Plan de Actuación Integrada del Área Funcional Urbana de la provincia de Segovia para concurrir a la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, del que se dará cuenta en los próximos días. En cuanto a la dación de cuenta de informes de Intervención de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la Tesorería, han quedado patentes las excelentes cifras del periodo medio de pago de la institución provincial con sus proveedores, que se sitúa en los 14,9 días.

Cuatro mociones presentadas

En el turno de mociones, se han presentado cuatro propuestas. La primera formulada por el grupo socialista relativa a la puesta en marcha de un Plan Integral de Desarrollo Industrial en toda la provincia ha sido apoyada por IU y rechazada por el PP, mientras que Vox se ha abstenido; de manera que la petición de instar a la Junta para que existan “cuatro áreas de actuación para que no siga habiendo desigualdades” que ha planteado el diputado Carlos Fraile no ha salido adelante porque, tal y como ha manifestado el diputado responsable de Desarrollo Económico, Óscar Moral, defendiendo el Plan Territorial de Fomento “creemos que empezando la casa por los cimientos entre todos podremos mejorarlo, porque nosotros trabajamos con realidades, no con utopías, eso sí, manteniendo el compromiso con el resto de zonas”.

En cuanto a la moción socialista relativa al refuerzo que debe hacer la Junta de Castilla y León del transporte público de viajeros por carretera, el diputado de Vox se ha preguntado “¿qué labor hace el Gobierno de España en beneficio del transporte público en nuestra provincia a parte de la supresión de paradas?”, aunque ha apoyado la moción como “una manera de pedirle al Gobierno de España que cumpla con su obligación”.

También la representante de IU ha apoyado la propuesta, pues “invertir en transporte público es frenar el ritmo a la despoblación”; sin embargo, el grupo popular se ha manifestado en contra “de una propuesta que quiere blanquear un Gobierno que es imblanqueable, pues la supresión de paradas que plantea para nuestra provincia es evidente, y para cubrirlo la Junta necesitaría 25 millones de euros”.

La diputada de IU ha presentado una moción relativa a la creación de una línea de ayudas destinadas a la creación y mantenimiento de espacios jóvenes en la provincia con el fin de “crear alternativas de ocio y espacios de escucha de las propuestas de la juventud, haciéndoles partícipes de la vida del municipio, de manera que elijan la provincia como una opción de vida”. A este respecto, Pedro Varela ha visto una “contradicción en el planteamiento”, mientras que el diputado del PSOE, Samuel Alonso ha defendido una “planificación provincial de diferentes espacios”, solicitando a la Consejería “que se pongan las pilas para atender a la juventud de nuestra provincia”.

Por su parte, José María Bravo ha argumentado la negativa de su grupo a que esta moción prosperase en que “quizás sean los jóvenes de las ciudades a quienes les gustaría tener las mismas oportunidades que tienen los de los pueblos, ya que casi todos los jóvenes que se han emancipado con menos de 30 años, lo han hecho en el medio rural, donde tienen acceso a más servicios de manera más sencilla que en las capitales”, por lo que ha pedido a Peñalosa que “no victimice a los niños de los pueblos”.

Para finalizar el turno de mociones, el grupo popular se ha posicionado del lado de los propietarios de establecimientos de turismo rural que demandan que se derogue el Decreto relativo a las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, ya que “están sufriendo las consecuencias negativas de esta orden ministerial que les complica mucho su gestión diaria con la excusa de la seguridad”.

En este sentido, Ana Peñalosa ha manifestado que “el PP pone los intereses de la patronal por delante de la seguridad del país” y Máximo San Macario ha defendido el voto en contra de su grupo porque “se trata es de protegerse bien contra el terrorismo y eso es lo que busca esta ley”. El diputado de Turismo, Javier Figueredo ha echado en cara a PSOE e IU que “hablan de terrorismo ustedes que han pactado con los herederos de ETA, demostrando que los intereses de nuestra provincia les importan poco”.