El ECyL moviliza casi cinco millones de euros en ayudas para apoyar que 530 parados participen en acciones formativas

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que dirige Mariano Veganzones, publica dos convocatorias con el objetivo de conceder, en régimen de concesión directa, becas, ayudas de transporte, manutención, alojamiento y apoyos que permitan conciliar la asistencia a la formación con el cuidado de hijos menores o familiares dependientes por un importe total de cinco millones para llegar a 530 beneficiarios. Están destinadas a los trabajadores desempleados que participen en las acciones formativas integradas en las distintas ofertas formativas aprobadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para el año 2024.

El Servicio Público de Empleo pone en marcha esta medida con una inversión de 4,98 millones de euros. Por un lado, se convoca una línea destinada a financiar las becas y ayudas para personas desempleadas que participen en la oferta formativa del Sistema de Formación Profesional en el ámbito laboral asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, dotada con un crédito de 2,98 millones de euros.

Por otro lado, la que aprueba las becas y ayudas para personas desempleadas que participen en el resto de la oferta formativa del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, gestionadas por la Comunidad de Castilla y León, dotada con un crédito de 1,98 millones de euros.

En consecuencia, siempre que las personas desempleadas participen en alguna de las diferentes ofertas formativas del Servicio Público de Empleo y cumplan los requisitos establecidos en las correspondientes normativas reguladoras, tendrán derecho a su percepción. A estos efectos, tendrán la condición de personas trabajadoras desempleadas aquellas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en el día de su incorporación a la acción formativa.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días computado desde el día siguiente al de la finalización de la acción formativa. Las entidades, centros y empresas que perciban fondos públicos para el desarrollo de acciones formativas facilitarán información sobre el tipo de beca y ayudas que el alumnado puede solicitar y los requisitos que se deben reunir, auxiliando en el trámite de solicitud si así son requeridas y autorizadas por la persona participante.

Seguridad y Salud en las empresas

Por otra parte, el departamento que dirige Mariano Veganzones financiará con 549.342 euros diferentes proyectos intersectoriales y sectoriales que promuevan la seguridad y la salud en las empresas, con un máximo de 100.000 euros, tanto por entidad beneficiaria como por proyecto. Pretende impulsar así la prevención de riesgos laborales, con un “especial llamamiento” a las entidades asociativas sectoriales por su mayor conocimiento de ámbito de actuación y en los sectores con mayor incidencia de siniestralidad, según informó en un comunicado.

Los accidentes graves y mortales en el sector agrícola suponen casi un 15 por ciento del total, cuando los leves en este mismo sector no alcanzan en su conjunto el siete por ciento. Dentro del sector agrario se encuentran unas de las actividades con mayor índice de incidencia, la silvicultura y las explotaciones forestales (tareas de tala y aserraderos), con 8.919 accidentes por cada 100.000 trabajadores.

Por este motivo, la Consejería busca que las organizaciones sectoriales involucradas con este sector presenten proyectos que impulsen una reducción real en los riesgos a los que se exponen los trabajadores agrarios.

Asimismo, otro de los focos de atención es el sector de la construcción ya que posee el índice de incidencia más alto, con 5.880 accidentes por cada 100.000 trabajadores.

Del mismo modo, la Junta considera que las actuaciones novedosas que se llevan a cabo en esta materia se pueden ver cumplimentadas con proyectos de expertos en el sector. Se valorarán y se medirán los resultados con el objetivo de hacerlos escalables y ampliarlos a otros sectores en función de la eficacia demostrada.

En Castilla y León se ha diseñado una convocatoria que “respeta los requisitos administrativos de las bases estatales y mejore sustancialmente el planteamiento realizado por el Ministerio, y se focalice en la promoción de proyectos que promuevan la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones de información, asistencia técnica y promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales”.

Todos los proyectos serán valorados por el diseño de la acción preventiva y la mutabilidad e impacto sobre la siniestralidad. También se valorará, la calidad de la entidad y del equipo técnico, y la adecuación del presupuesto a las actividades a desarrollar.