Familias de alumnos dependientes defienden su derecho a elegir la modalidad de educación especial para sus hijos

La Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León y las Asociaciones de Madres y Padres de los Centros de Educación Especial de la Comunidad han convocado a los medios este jueves en Valladolid en defensa de su derecho a elegir la modalidad de educación especial para sus hijos, con las prestaciones que brinda actualmente.

Una demanda que llega después de que el Gobierno de España, para cumplir con la Agenda 2030, quiera convertir estos centros educativos en "centros asistenciales y de recursos", según advertía Esmeralda Tejero, en representación de las alrededor de trescientas familias afectadas en la Comunidad.

En este sentido, explicaba que la Lomloe deja abierta la posibilidad de escolarizar en CEE al alumnado que no pueda ser atendido en los centros ordinarios, si bien aclaraba que, por el momento, no se han hecho público los baremos o criterios que determinarán qué alumnos podrán acceder a esos centros de atención especializada. Por ello, advierte del temor existente a que la educación especial pase a ser “algo residual”, informa Ical.

Otra madre afectada, Inés Juan Rodrigo, apuntaba que el porcentaje de alumnos escolarizados en centros de educación especial se sitúa en el 17 por ciento del total de dependientes, mientras que el resto se encuentra ya integrado en centros ordinarios, “en algunos casos con éxito y en otros casos con muchos problemas”. En ese sentido, decía que “muchos alumnos llegan a los CEE destrozados anímicamente tras su paso previo por los colegios ordinarios”.

Además, denunciaba que “de forma silenciosa”, la tónica general desde hace unos años es ir derivando a los alumnos con necesidades especiales a centros ordinarios. “En el caso de mi hijo, que sufre una enfermedad rara, nos dijeron que luego ya se vería los recursos que necesitaba y si los podrían habilitar”, lamentaba en declaraciones recogidas por Ical, antes de reclamar el “derecho” a atender a su hijo y a elegir para él el centro que considere que cubre de mejor manera sus necesidades.

“Como padres siempre buscaremos el interés superior de nuestros hijos. En el último informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, del pasado mes de marzo, usan términos como abolir, erradicar, prohibir o derogar para referirse a los CEE, cuando en realidad es la educación que realmente cubre todas las necesidades que nuestros hijos tienen, con maestros especializados en enseñanza terapéutica, fisioterapeutas, ratios de cinco a siete alumnos y una visión integral donde educación y sanidad caminan unidas”, argumentó.

Una necesidad real

Otra de las participantes en la exposición de la situación fue Inma de Prado, que defendió la existencia de “un sistema educativo con varias modalidades de escolarización”, en el que no todo sean “contenidos curriculares”. “Necesitamos aulas con 5 o 6 alumnos que puedan garantizar el bienestar del aprendizaje de nuestros hijos y fomentar su autonomía personal”, apuntaba antes de explicar que en los CEE también hay contenidos curriculares, como matemáticas, lengua o conocimiento del medio.

“Necesitamos que haya personal sanitario todo el horario lectivo y en el comedor, porque nuestros hijos tienen problemas de salud. En el 99 por ciento de los casos tienen discapacidad a causa de una enfermedad rara o ultra rara”, abundaba antes de añadir que, además, la salud mental les importa “muchísimo”, y de aclarar que “en los CEE el acoso escolar es inexistente”, algo que, por desgracia, no sucede en los centros ordinarios, donde “muchos niños y jóvenes llegan a la edad adulta destrozados emocionalmente tras haber sido objeto de burlas continuas y de acoso, no solo por sus propios compañeros, sino también por los trabajadores”.

Otra de las representantes del colectivo que valoró la situación fue Margarita Velasco, que expuso su caso personal como triple afectada, en tanto a discapacitada auditiva desde los 4 hasta los 22 años, hermana de un niño con discapacidad intelectual que se formó en un centro ordinario padeciendo burlas y menosprecios constantes y madre de un niño diagnosticado del Síndrome de Coffin-Siris (solo hay 83 personas afectadas), que es actualmente alumno del Centro de Educación Especial Número 1 de Valladolid, “un lugar donde hay un proyecto adaptado de forma individualizada a cada niño, atendiendo a sus necesidades médicas concretas, donde compruebas a diario cómo los niños están felices y contentos”.

Para ella, “la educación especial es un valor en alza, que no debe reconvertirse ni desparecer” y es una “herramienta de inclusión social”. “Elijo para mi hijo educación especial, siempre desde el respeto a que otros quieran estar en otra modalidad de educación”, afirmó antes de asegurar que están “cansadas” de escuchar constantemente que “todos los niños deben estar juntos para aprender unos de otros”. “Nuestros hijos no van a enseñar a nadie, pero tienen derecho a desarrollar su talento, creatividad e inquietudes. Basta ya de infantilizarnos, con leyes que dan a entender que las familias somos un impedimento para su desarrollo. El Estado debe respaldarnos con leyes que permitan la convivencia de ambos sistemas educativos”, reclamaba

Para todas ellas, la posibilidad de que los centros ordinarios se adapten antes de 2030 para cumplir los requisitos que precisa este alumnado, tal y como se reclama desde la UE, es “una irrealidad”, puesto que “todos los profesores en los colegios deberían ser maestros pedagogos terapéuticos, con aulas reducidas en el número de alumnos, que cuenten además con un ayudante técnico educativo, un gimnasio adaptado, pozas de rehabilitación, la oferta de deportes adaptados o que todo el personal del centro conozca los sistemas alternativos de comunicación, una situación que “no es la realidad” ya que, como comentó Inés Juan Rodrigo, “es inviable alcanzar la inclusión en una clase con 20 alumnos neurotípicos y uno o dos con discapacidad”.

Además, como apuntaba Tejero, actualmente el alumnado con necesidades especiales tiene cubierta su educación hasta los 21 años algo que variará drásticamente si los centros de educación especial desaparecen o se merman sus funciones, lo cual podría derivar en que a los 16 años ese alumnado quedase “fuera del sistema educativo”.