La Junta aprueba cuatro compromisos anunciados por Mañueco en el Debate de Política General

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, destacó que el Consejo de Gobierno aprobó ya en su sesión cuatro de los compromisos que el miércoles 26 de marzo presentó el presidente Alfonso Fernández Mañueco durante la primera sesión del debate de política general en las Cortes.

En concreto, Fernández Carriedo puso de relieve, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la aprobación del proyecto de coordinación de los servicios locales de bomberos; la nueva residencia de mayores de Ávila; una ampliación de la inversión en las infraestructuras necesarias para implantar los nuevos grados de Medicina en las Universidades de León y Burgos; y la solicitud al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil para las provincias de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid.

“Hoy ya cumplimos una parte de los compromisos del presidente de la Junta”, remarcó el portavoz de la Junta, y reiteró que tienen “por delante un año muy importante de legislatura”.

Asimismo, añadió que el presidente Mañueco lanzó ayer a su Ejecutivo “un mensaje de exigencia” para “cumplir esta hoja de ruta tan ambiciosa” y “comenzamos hoy con la aprobación de varios compromisos”.

Por último, aseguró que la aprobación de estos acuerdos también refleja “la utilidad” del “propio debate” sobre el estado de la Comunidad, que concluye hoy con la votación de propuestas de resolución.

Nuevo Plan Infocal

Además, el Consejo de Gobierno autorizó la aprobación del nuevo Plan INFOCAL para adecuarlo a la normativa estatal y autonómica. Éste establece la estructura organizativa y operativa de los servicios, la coordinación con el resto de administraciones, determina la zonificación del riesgo y la vulnerabilidad del territorio, y cataloga los medios y recursos disponibles. En definitiva, establece un marco de planificación, estructura, operatividad y gestión de las emergencias por incendios forestales en Castilla y León.

El proyecto de decreto se estructura en un único artículo (por el que se aprueba el Plan), una disposición derogatoria (que procede a la derogación expresa del Plan INFOCAL vigente), dos disposiciones finales (que recogen la habilitación normativa al titular de la Consejería competente para dictar las disposiciones de desarrollo de este decreto y la entrada en vigor del mismo a los 20 días de su publicación), y un anexo que recoge el texto completo del Plan, con una introducción, nueve capítulos y diez anexos.

Aspectos destacables del nuevo PLAN INFOCAL:

- Ámbito de aplicación: Se centra en incendios forestales dentro de Castilla y León o que puedan afectar su territorio.

- Épocas de peligro:

Alto (EPA): Del 12 de junio al 12 de octubre.

Medio (EPM): Declarada por resolución en función de las condiciones climáticas.

Bajo (EPB): Fuera de EPA y EPM, con operatividad básica centrada en prevención y vigilancia.

- Activación del Plan: Permanecerá activado todo el año, bien en fase de preemergencia o en fase de emergencia.

- Zonificación del territorio: Análisis de los factores de riesgo y elaboración de mapas de áreas de riesgo para dimensionar la respuesta operativa e institucional ante emergencias por incendios.

- Clasificación de las emergencias: El Índice de Gravedad Potencial es un indicador de los daños que se prevé que puede llegar a ocasionar un incendio forestal. La gradación de la Situación Operativa refleja el estado de operatividad del Plan en respuesta a las características de la emergencia o emergencias por incendios forestales presentes en todo el territorio de la Comunidad.

- Estructura organizativa: Establece una dirección única del Plan que se apoya en una dirección ejecutiva, la Dirección Autonómica de la Emergencia, que a su vez coordina las nueve Direcciones Provinciales de la Emergencia. En el incendio, la responsabilidad recae en la dirección de la extinción, que depende de la dirección de la emergencia.

- Coordinación interinstitucional: Integración con el Plan Estatal, el Plan Territorial de Protección Civil (PLANCAL), los planes de otras comunidades autónomas y los planes de ámbito local.

- Planificación municipal: Todas las administraciones municipales deberán cumplimentar una Guía de respuesta que recopila los datos básicos de carácter operativo necesarios para la gestión de las emergencias. Los municipios incluidos con un mayor riesgo de incendios forestales en áreas de interfaz urbano-forestal deberán elaborar un Plan de actuación de ámbito local.

- Planes de autoprotección: Obligatorios para propietarios de edificaciones en zonas de interfaz urbano-forestal y áreas de acampada.

Además, la Consejería de la Presidencia comunicó las cuantías que corresponden a cada municipio de Castilla y León en el Fondo de Cohesión Territorial (FCT) de 2025. El propósito de este fondo es mejorar y equilibrar las condiciones de vida de las personas que residen en los municipios rurales de las nueve provincias de la Comunidad, así como garantizar y modernizar los servicios públicos locales y crear oportunidades de empleo. En definitiva, contribuir a poner freno a la despoblación.

En Castilla y León existen 2.232 municipios con menos de 20.000 habitantes, lo que representa al 99,3 % de los 2.248 municipios de la Comunidad, y su población, más de 1.130.000 personas, constituye el 47,5 % del total. Estos datos reflejan la fuerte concentración de población en las áreas urbanas y la notable dispersión que caracteriza al medio rural, donde la baja densidad de población provoca que los pequeños ayuntamientos tengan que hacer un gran esfuerzo por mantener sus servicios públicos. Esta situación, a su vez, puede afectar a la actividad económica local y a la tasa de empleo de estos municipios.

Esta realidad demográfica es la base sobre la cual la Junta de Castilla y León ha diseñado el criterio de distribución de este Fondo de Cohesión entre las diferentes provincias. Así, serán las provincias más despobladas y con mayores índices de desempleo las más beneficiadas de esta distribución. En concreto, un 40 % de estos 20 millones de euros se asigna de acuerdo con estos dos criterios de corrección, cuantificados en las tasas de paro y de despoblación de cada provincia.

Por esta razón, varias provincias recibirán un porcentaje mayor del Fondo de Cohesión respecto a lo que habrían obtenido si solamente se hubieran aplicado los criterios generales autonómicos de la financiación local: Soria (que recibe un 79 % más), Zamora (un 39 % más), Ávila (un 19 % más) y Palencia (un 14 % más).

Acción humanitaria

También el Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, nueve subvenciones por un importe total de 350.000 euros en materia de acción humanitaria para actuaciones en diferentes regiones de África, América Central, América del Sur, el Caribe y Oriente Próximo. Las actuaciones previstas irán encaminadas a garantizar, entre otras necesidades, el acceso a la alimentación, al agua potable y a la salud de personas afectadas por crisis humanitarias.

Los fondos que la Junta de Castilla y León dedica a acción humanitaria, 600.000 euros a lo largo de 2025, se destinan a dar respuesta a situaciones urgentes en el ámbito internacional que requieren una intervención especial y una rápida respuesta para problemas muy concretos, derivados de situaciones de crisis producidas por diferentes acontecimientos, como catástrofes naturales, epidemias, conflictos armados o desplazamientos masivos de la población. Esta es la principal diferencia entre estas ayudas y los fondos de cooperación para el desarrollo, que tienen un carácter más general y que se destinan a proyectos con objetivos a cumplir en el medio plazo, tal y como establece el IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León 2023-2026.

Son siete las entidades beneficiarias: Cruz Roja Española, con 75.000 euros (en dos proyectos); UNICEF, con 60.000 euros (en otros dos proyectos); Médicos del Mundo, con 50.000 euros; el Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña, con 50.000 euros; Cáritas, con 40.000 euros; Fundación Plan Internacional, con 40.000 euros; y UNRWA, con 35.000 euros.

RIS3

Por otra parte, la Consejería de Economía y Hacienda informó sobre la ejecución de la RIS3 de Castilla y León durante el año 2023, destacando una movilización total de 2.000 millones de euros a través de las diferentes actuaciones enmarcadas en la estrategia. Esta cifra representa un incremento del 7,3% respecto a la ejecución del año anterior.

En concreto, la Junta de Castilla y León destinó 497,2 millones de euros a programas de Ciencia y Tecnología en 2023, lo que supone un aumento del 12,6 % respecto al año anterior. Además de la inversión propia de la Junta, el sistema regional de ciencia y tecnología logró captar 346,8 millones de euros de otras fuentes públicas, que provienen principalmente del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (229,2 millones de euros), de proyectos financiados por el CDTI (24,5 millones de euros), el Programa Horizonte Europa (41,1 millones de euros) y fondos de la Administración General del Estado destinados a la Sociedad de la Información (52,1 millones de euros).

Asimismo, el sector privado demostró un firme compromiso con la I+D+i en Castilla y León, aportando 1.156 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 9% en relación al año anterior.

En términos acumulados, durante los tres primeros años de vigencia de la RIS3 (2021-2023), se han movilizado un total de 5.544,4 millones de euros, donde el 42,8% corresponde a financiación pública y el 57,2% a recursos del sector privado. La aportación de la Junta de Castilla y León en este periodo asciende a 1.360,2 millones de euros, representando el 24,5% del total movilizado.

Zona gravemente afectada

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno acordó solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil para las provincias de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid, que han sido afectadas por las borrascas que se sucedieron entre el 7 y el 25 de marzo.

Durante este período, las intensas nevadas y las fuertes precipitaciones provocaron desbordamientos e inundaciones que causaron importantes daños materiales en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid.

En estas provincias concurren las circunstancias de catástrofe definidas la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, como una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad al ocasionar una gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.

Además el Consejo de Gobierno acordó el anteproyecto de Ley de Ordenación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de las entidades locales de Castilla y León que busca garantizar un servicio homogéneo y eficiente en la Comunidad, alineado con los estándares nacionales y europeos.

El anteproyecto de ley tiene por objeto establecer la ordenación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales de Castilla y León en la Comunidad. Asimismo, regula el establecimiento de los criterios básicos de coordinación en la actuación de los servicios y el régimen estatutario de sus miembros.

Los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento son calificados por la Ley de Protección Ciudadana en Castilla y León como servicios esenciales, definidos como aquellos cuyas funciones y actividades son prestadas por una Administración de forma directa o indirecta y cuya concurrencia es necesaria en situaciones de emergencia, dada su disponibilidad permanente, pluridisciplinariedad o especialidad.