La Junta invertirá 2,8 millones del Programa Rehabitare en 36 viviendas de la provincia de León

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó las obras de rehabilitación de una vivienda de la localidad leonesa de Santa Catalina de Somoza, enmarcadas dentro del programa Rehabitare. En la provincia de León, está previsto que se rehabiliten 36 viviendas, que se unirán al resto que prevé incorporar la Junta en toda la Comunidad para aumentar el parque público, hasta un total de 278 con una inversión de 27,9 millones en esta legislatura.

El programa de actuaciones en materia de vivienda que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en la provincia de León en esta legislatura contempla, entre otras, la rehabilitación y mejora de viviendas propiedad de ayuntamientos y obispados dentro del programa Rehabitare de la Junta, que prevé intervenir en 36 inmuebles de la provincia, con un coste de 2,8 millones procedentes del Gobierno autonómico, con participación de la Diputación.

El consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acudió a las obras de rehabilitación de la vivienda de Santa Catalina de Somoza, cuya inversión concreta ha sido de 47.734 euros. “Nuestro objetivo es repoblar el medio rural, asentar a los jóvenes en el territorio y que inicien aquí sus proyectos de vida”, remarcó el consejero y recordó las ayudas vigentes para la adquisición de vivienda por parte de este segmento de población.

“En la Junta de Castilla y León sabemos que el acceso a una vivienda requiere, para las personas con más dificultades, soluciones realistas y efectivas, y para ello hemos adoptado una política de vivienda centrada en las personas, especialmente los jóvenes, sus protagonistas, ofreciendo la opción de alquiler y venta para adecuarla a cada necesidad”, recalcó.

El programa Rehabitare tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de la Comunidad y fijar población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Su finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección relacionados en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, particularmente de los jóvenes.