La localidad vallisoletana de Medina del Campo ha acogido este miércoles una nueva reunión del Consejo Regional Agrario presidido por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, aprovechando que en la Villa de las Ferias se celebra estos días Demoagro, una de las mayores ferias demostrativas de maquinaria agrícola sobre el terreno de España, y por la que yan han pasado más de 30.000 personas en dos días.

Un cónclave del campo en el que las Opas han reeditado con la Junta el acuerdo que ya tenían sobre las prioridades del sector de cara a la futura Política Agraria Común (PAC) del periodo 2028-2034, y en el que también han mostrado su inquietud ante la actual campaña del cereal, y no por lo que se espera recoger, que será de récord según COAG, que estima en más de ocho millones de toneladas la cantidad de cereal que se recogerá, sino por los bajos precios que ahora marca el mercado (entre los 180 y 190 euros la tonelada), muy lejos de los 300 euros que los cerealistas consideran que es lo mínimo que deberían cobrar para cubrir costes. De lo contrario, como decía Dnaciano Dujo, de Asaja, podrían dejar de cultivar porque no les sería rentable hacerlo.

En el documento consensuado por la Junta y las Opas para la futura PAC, se reivindica el mantenimiento de la actual estructura en dos pilares (FEAGA y FEADER), ante la posibilidad de que exista un fondo único donde cada Estado decida su distribución, y un incremento de la dotación presupuestaria dentro del Mecanismo Financiero Plurianual (MFP).

Igualmente, el documento considera vital la puesta en marcha de estímulos económicos para promocionar el relevo generacional y que las comunidades autónomas sean protagonistas en el diseño de la PAC post 27, al ejecutar junto a las entidades locales el 50 por ciento de la inversión pública y el 30 por ciento del gasto.

Asimismo, reclama que se incluya un criterio de despoblación para el reparto de los fondos, que se reduzcantrámites burocráticos y la mejora en las infraestructuras de regulación de los recursos hídricos, al igual que la necesidad de que las prácticas de protección del medio ambiente no supongan una limitación de la capacidad productiva y cuenten con incentivos.

El texto abunda en el establecimiento de mecanismos legales que aseguren precios justos para los agricultores y ganaderos, además de que otros países hagan lo propio para los productos importados y técnicas genómicas y que haya un compromiso de no retirar sustancias fitosanitarias si no se dispone de alternativas viables o la implementación de programas que apoyen la transformación digital.

La consejera González Corral aseguraba que estas medidas consensuadas con las Opas "son ecesarias para garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector agrícola y ganadero de Castilla y León, pero también la seguridad alimentaria y la dinamización de las zonas rurales”.

El presidente de Asaja aseguraba que los agricultores y ganaderos de Castilla y León “se deben sentir orgullosos" por este acuerdo y apelaba a la necesidad de defender “un presupuesto digno” que no solo mantenga los fondos sino que los actualice al IPC y que además se reparta con “criterios de profesionalidad”. Asimismo, Donacioano Dujo reivindicaba los productos de calidad” de Castilla y León, que cumplen “con todas las garantías”.

Jesús Manuel González Palacín, de la Unión de Campesinos de Castilla y León (Uccl), hacía hincapié en la importancia de rebajar los criterios medioambientales "que “en muchos casos son totalmente absurdos desde el punto de vista medioambiental y agronómico", mientras que Lorenzo Rivera, de la Alianza Upa-Coag, advertía de la delicada situación de los mercados en el campo, y apelaba a la necesidad de que las explotaciones agrícolas y ganaderas sean rwntables.