El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León ha presentado alegaciones formales al proyecto de Decreto de Tipología de Centros de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración y Ratios Mínimas de Personal, impulsado por la Junta de Castilla y León. La principal demanda de la institución es que la normativa garantice de forma explícita la presencia de enfermeras en los centros residenciales, corrigiendo así la omisión detectada en el actual borrador.

El Consejo subraya que la falta de enfermeros/as en los centros residenciales supondría un grave riesgo para la salud de los residentes, ya que estos profesionales son los únicos, junto con los médicos, capacitados legalmente para realizar intervenciones directas sobre los pacientes.

"No podemos entender que un texto que regula la atención a personas en situación de dependencia no mencione de forma expresa a las enfermeras como personal imprescindible", resalta Enrique Ruiz Forner, presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León. "La ley, tal y como está redactada, podría interpretarse como que las residencias pueden prescindir de profesionales de Enfermería, lo que supondría un retroceso en la calidad asistencial y una sobrecarga inasumible para el sistema público de salud” explica el presidente de la organización colegial en la región. “La normativa prevista enmascara la presencia de profesionales sanitarios mediante el establecimiento de unas ratios de personal genéricas, que no diferencian por escalas profesionales ni de conocimientos académicos y convierte en equivalentes a grupos profesionales con competencias bien diferenciadas” añade Ruiz Forner.

Un riesgo grave para la salud de las personas dependientes

El Consejo de Enfermería advierte de que la ausencia de enfermeras en las residencias afectaría directamente a la seguridad y salud de los residentes, aumentando el riesgo de complicaciones médicas evitables. Sin la presencia permanente de estos profesionales, situaciones como la administración de medicamentos, la detección precoz de enfermedades, la atención a emergencias o el control de patologías crónicas quedarían en manos de personal sin una formación sanitaria específica. Esto generaría un impacto directo en la salud de los mayores y en la capacidad de respuesta del sistema de emergencias y de los hospitales de Castilla y León. "En una residencia, cada minuto cuenta cuando se trata de responder a una crisis. No podemos permitir que la salud de nuestros mayores quede en manos de profesionales sin la capacitación adecuada", subraya Enrique Ruiz Forner.

El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León ha propuesto en sus alegaciones, apoyadas por numerosos profesionales, un mínimo de dos enfermeras por cada 100 residentes en cada uno de los tres turnos diarios.

Con la redacción actual del decreto, la normativa no establece un número mínimo de enfermeras por centro, lo que puede llevar a situaciones en las que no haya personal de Enfermería disponible en ciertos turnos o incluso en toda la jornada, de manera que la atención sanitaria de estas personas quede en manos de los profesionales de los centros de salud públicos de las áreas en las que estén situadas estas residencias.

Con la propuesta del Consejo de Enfermería, una residencia con 100 plazas debería contar, como mínimo, con seis enfermeras diarias (dos por turno de mañana, tarde y noche). Esto garantizaría una cobertura sanitaria las 24 horas del día en todos los centros, públicos y privados.

"Estamos hablando de la atención sanitaria de personas mayores y dependientes, que requieren cuidados continuos. Sin enfermeras, cualquier urgencia quedaría desatendida o en manos de personal sin la formación sanitaria necesaria", añade Enrique Ruiz Forner.

Un llamamiento a la Junta

El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León insta a la Junta de Castilla y León a corregir este grave error en la redacción del decreto y garantizar la presencia de enfermeras en todos los centros de atención a personas dependientes. "No se puede gestionar la salud de los mayores con criterios puramente económicos. Necesitamos que la Junta rectifique y escuche a los profesionales que conocen de primera mano la realidad de estos centros", afirma Ruiz Forner.