El secretario general del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL) y vicepresidente 1º de las Cortes regionales, Francisco Vázquez, junto con el secretario provincial del PP y presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, han dado a conocer la moción que la formación presentará en todos los ayuntamientos y diputaciones para defender los intereses de los agricultores y ganaderos frente al nuevo marco financiero plurianual (2028-2034) y la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

El documento pide al Gobierno de España que adopte, en el seno del Consejo de la UE, una postura clara e inequívoca de apoyo al sector agrario y de rechazo a la pérdida de fondos destinados a la Política Agrícola Común. También le piden al Ejecutivo de Sánchez que rechace la nueva estructura de fondos europeos, prevista en el marco financiero plurianual, y en consecuencia que se mantengan los pilares FEAGA y FEADER, como garantía tanto de las rentas de los agricultores y ganaderos como del desarrollo rural de nuestros municipios.

La moción que el PP presentará en todos los consistorios e instituciones provinciales de la Comunidad insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a reclamar una dotación de fondos destinados a la Política Agrícola Común para el periodo 2028-2034 equivalente a la dotación del periodo 2021-2027, incrementada en la medida necesaria para cubrir los efectos generados por la inflación.

En esta línea el documento exige que, durante el proceso de aprobación de la nueva PAC, ésta se oriente a la agricultura profesional, como base fundamental sobre la que se articula el sector agrario de Castilla y León, y que se reivindique en el Consejo de la UE cuantas medidas sean necesarias para que la nueva Política Agrícola Común “siga siendo un instrumento clave en el desarrollo de nuestros municipios y provincias y garantice la profesionalidad de un sector esencial para la sostenibilidad económica, social y territorial de nuestra provincia”.

Posición Común en Castilla y León

La propuesta de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual (2028-2034) y la reforma de la PAC, presentada públicamente el pasado 16 de julio, ha encendido las alarmas en el campo de Castilla y León. Ya en el mes de mayo, la Junta de Castilla y León, las organizaciones profesionales agrarias y URCACyL, bajo el liderazgo del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, acordaron una posición común plasmada en una declaración institucional en defensa de una PAC profesional y justa.

Según ha explicado Vázquez, “el documento aprobado en mayo contiene los postulados, que más allá de cualquier posicionamiento o ideología política, representan una postura de Comunidad en relación con el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034 y la próxima Política Agraria Común”. El texto defiende aquellas actuaciones que garantizan unos ingresos justos para los agricultores y ganaderos, así como el impulso y ejecución de unas inversiones esenciales para el desarrollo social, económico y territorial de nuestros municipios.

Para Vázquez y De Vicente es fundamental articular políticas que promuevan el relevo generacional, recompensen a los agricultores y ganaderos ante los elevados costes de producción y premien su labor en defensa de la biodiversidad y los ecosistemas naturales, fortaleciendo la competitividad de las explotaciones y protegiendo al sector frente a las prácticas comerciales desleales. “Por ello, no podemos aceptar la propuesta presentada el 16 de julio por la Comisión Europea en aspectos tales como el recorte presupuestario de la PAC, que rechazamos rotundamente. La propuesta comunitaria reduciría el presupuesto agrario en torno a un 20-30% (de 386.000 millones de euros a 293.700 millones). Es de vital importancia para nuestra provincia mantener un presupuesto sólido y suficiente para la PAC”, han indicado.

“Tampoco podemos aceptar la nueva estructura del Marco financiero Plurianual en cuanto supone la integración de los dos pilares (FEAGA y FEADER) en un fondo único multisectorial gestionado por cada Estado, lo que implicaría la pérdida del liderazgo de la PAC, quedando ésta subordinada y diluida a las prioridades nacionales de cada país, con el grave riesgo de consagrar un trato desigual entre comunidades autónomas”, han afirmado los populares.

También han indicado que “es importante igualmente que la PAC priorice al agricultor profesional, por lo que se rechaza la degresividad en las ayudas a la renta o límites máximos por beneficiario ya que estas medidas penalizan a las explotaciones profesionales”.

De Vicente ha subrayado que la desaparición de un pilar tan fundamental de la política agraria comunitaria como es el FEADER supone un retroceso inaceptable en las políticas de desarrollo rural, porque desaparece el fondo específico destinado a las inversiones y ayudas en el territorio, el presupuesto destinado al mundo rural podría desviarse a otras áreas, haciendo más vulnerables las inversiones rurales.

27 modelos distintos

Los populares han alertado hoy sobre el riesgo de competencia desleal entre agricultores europeos, ya que en su opinión, “una PAC renacionalizada implicaría 27 modelos distintos, rompiendo la igualdad de condiciones en el mercado único. Mostramos nuestra total oposición a este modelo de gobernanza, que acentuaría las desigualdades entre territorios y provocaría una competencia desleal entre agricultores europeos”.

Para concluir han defendido “como no puede ser de otro modo, el modelo tradicional de nuestra provincia, basado en la agricultura profesional, predominante en Castilla y León, lo que supone que no podamos aceptar las medidas que penalizan a las explotaciones atendiendo a su mayor dimensión”.