Unas 5.500 personas desalojadas y 200 denunciadas por botellón en una semana en Barcelona

Unas 5.500 personas han sido desalojadas por hacer 'botellón' en Barcelona en la última semana, de las cuales 200 han resultado sancionadas, mientras que un centenar de ciudadanos han recibido denuncias por no llevar mascarilla o por tenerla mal colocada.

El teniente de alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha dado a conocer en una rueda de prensa los datos de la última semana sobre la actuación de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra para que se cumplan las medidas sanitarias y de seguridad y la normativa vigente contra la pandemia del coronavirus.

A pesar de la prohibición de hacer 'botellón', en la última semana 5.500 personas han sido desalojadas por consumir alcohol de forma indebida en el espacio público, de las cuales 200 han sido sancionadas.

En este sentido, Batlle ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad, al sentido común y al civismo" de los ciudadanos, tras lamentar que, "desgraciadamente", Mossos y Guardia Urbana siguen actuando cada día contra los 'botellones'.

El 'botellón' es un tema que "preocupa y alarma", ha admitido el teniente de alcaldía de Seguridad de la capital catalana.

Además, las fuerzas de seguridad han realizado 8.600 avisos en los últimos siete días a personas que no portaban la mascarilla o no la llevaban bien puesta, de las cuales un centenar han sido sancionadas por resistirse a su uso.

También se han interpuesto unas treinta denuncias por enfrentamientos ocasionados por motivos de convivencia en la vía pública, según ha detallado Batlle.

Después de que la pasada noche entrase en vigor en Cataluña la prohibición de fumar en el espacio público y en las terrazas de los bares y restaurantes si no se puede mantener la distancia de seguridad, Batlle ha asegurado que si se detectan "abusos" serán sancionados como el resto de infracciones.

En cuanto a la ocupación de pisos en la capital catalana, ha reclamado una modificación legislativa para que las fuerzas de seguridad dispongan de “instrumentos legales” que les permitan actuar de manera “más eficaz” porque, ha dicho, “no basta” con la intervención policial.