Ciudadanos destapa maniobras de Borràs para favorecer la presunta adjudicación a dedo de contratos

Los ecos de las presuntas irregularidades cometidas por Laura Borràs en el pasado han vuelto a resonar con fuerza tan solo 48 horas después de ser aupada como candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat. El caso, que se halla en manos del Tribunal Supremo y por el cual Borràs está imputada por delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, ha vuelto hoy al centro de la política catalana después de que Ciudadanos haya hecho públicos unos mails de la candidata y también portavoz de JxCat en el Congreso en los que trasciende que los contratos objetos de la investigación judicial -por ser concedidos presuntamente a dedo- se han adjudicado al “margen del procedimiento habitual”.

En concreto, es un intercambio de mails entre el director del área TIC de la Conselleria de Cultura y la propia Borràs, que entonces ejercía de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), fechado el 1 de agosto de 2017. Borràs, en el mail dirigido al director del área TIC, se expresa en los siguiente términos: “Bienvenido, me hacen llegar un mensaje tuyo mediante el cual informas que el argumentario tecnológico que os hemos dado no te convence”. “Me sabe muy mal y haremos todas las reuniones que haga falta volviendo de vacaciones, pero quiero que tengas presente que estamos hablando de un pago a terceros de un trabajo que ya está hecho y que se está haciendo mientras tenga lugar la conmemoración del Any Bertrana”, continúa el mail, haciendo énfasis en que los trabajos ya están realizados y, por tanto, deben ser pagados, en alusión a los contratos adjudicados a su amigo Isaías Herrero para el diseño de una web.

“El nuevo interventor nos devolvió el pago poniendo esta condición de vuestro OK pero la realidad es que el proceso no fue así. Que a partir de ahora tengamos que hacer las webs o portales con vuestro OK es diferente a no pagar a un tercero por un trabajo hecho desde principios de año, estando como estamos en el mes de agosto”, afirma. “Pido un poco de sensibilidad y de responsabilidad de cara a terceras personas, autónomos y trabajadores en precario. Podemos comentarlo todo y hacerlo todo como se establezca, pero este tema debe quedar resuelto ya porque no puede esperar más y estamos haciendo un perjuicio a un tercero que ha hecho un trabajo cuando la factura ya está en intervención”, urge Borràs.

A continuación, el director del área TIC le responde que entiende que haya unas facturas pendientes. “Si intervención necesita que yo esté de acuerdo a que se paguen los costes incurridos, estaré de acuerdo. A pesar de que no se ha hecho siguiendo el procedimiento habitual, el trabajo hecho se debería poder liquidar”, añade.

Y es que, según ha expuesto el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, que aportará estos documentos a la Fiscalía tras obtenerlos a través de procedimientos parlamentarios, todos los trabajos vinculados al diseño de webs deben tramitarse a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, que dispone de un presupuesto de más de 500 millones de euros. Con este dinero, el CTTI se encarga de contratar los servicios informáticos de todas las instituciones catalanas y departamentos de la Generalitat y, desde 2011, la normativa obliga a que sea así. En este caso, los trabajos que había encargado Borràs por su propia cuenta a Isaías Herrero estaban destinados a la creación de una web.

Para Carrizosa, estos mails revelan que Borràs trataba de “eludir” el control del CTTI. Además, el líder de Ciudadanos ha denunciado que hay un sobrecoste “enorme”: según Carrizosa, trabajos parecidos han costado unos 2.000 euros a través del CTTI, mientras que a través de la presunta adjudicación a dedo costaron casi 20.000 euros.

Borràs, que se negó a declarar en julio cuando fue citada por el Supremo, está imputada tras haber adjudicado presuntamente de forma irregular 18 contratos menores por valor de 259.863 euros a su amigo y también investigado en esta causa Isaías Herrero, un programador informático, durante los años en que fue directora de la ILC.