Antoni Cañete (Pimec), sobre las ayudas del Gobierno: «11.000 millones no solucionan el problema y llegan tarde»

Antoni Cañete (Barcelona, 1963) toma el mando de la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa (Pimec) en un momento de máxima complejidad porque la actividad empresarial está lejos aún de recomponerse de los efectos pandémicos. Cañete venció a una candidatura impulsada por el independentismo (ANC) y cuenta, además, con un rotundo aval de los socios de una organización con algo más de 120.000 empresas.

¿Victoria “histórica”?

Yo diría que más que la victoria, ha sido una participación histórica. Ha sido excepcional que en un ámbito como el empresarial, poco dado a la participación en estos procesos, haya votado casi el 50% del censo. En la Cámara de Comercio de Barcelona, que puso el voto electrónico para que aumentara la participación, votó el 4%. Y, además, hemos recibido un 84% del apoyo. Los empresarios en Cataluña han dado una respuesta muy clara y es que quieren ser gobernados por empresarios y empresarias y no para politizar la institución. Con esta participación y este resultado, sale que 102.000 empresas (de las poco más de 120.000) nos han dado apoyo. Es un hecho extraordinario.

¿Cómo interpreta el mensaje que envían los socios de Pimec tras esta rotunda victoria al independentismo?

Creo que es una buena respuesta que hemos de saber leer, más allá de Pimec, en nuestro entorno social y económico. Debemos ser respetuosos con nuestras instituciones y las instituciones deben tener sus propios procesos internos sin estar influidas por intereses externos. Cuando entran intereses externos, se está pervirtiendo la institución. Cuando gané, lancé un mensaje: no puede haber injerencias políticas en nuestras instituciones.

¿Cree que este resultado puede tener efecto sobre el independentismo? Por ejemplo, sobre la Cámara de Comercio y su discurso.

Espero que se haya hecho la lectura de que no se pueden usar instituciones. Nosotros no nos enfrentamos a una candidatura de socios que piensan y ven las cosas de otra manera. Nos enfrentamos a una candidatura financiada, apoyada y que usaba toda la estructura de la ANC. Por eso hablo de la excepcionalidad de la participación y de los resultados. La cámara es una entidad de derecho público tutelada por la administración que cumple una función y, en el momento, que la usas como instrumento la estás desvirtuando. Una cuestión es que llegue gente diferente con planteamientos diferentes y otra es la instrumentalización de la entidad porque genera problemas. Vamos a los hechos: en estos dos años con el señor Canadell en la cámara de Comercio, nos hemos encontrado propuestas como la Ley de cámaras para cambiar las reglas del juego democrático. Querer una Ley para que las cámaras pasen a formar parte del diálogo social es cambiar las reglas del juego.

¿Cree que la Ley de Cámaras seguirá adelante durante la próxima legislatura?

Creo y espero que no. Porque si hacemos que entidades de derecho público pasen a ocupar las funciones que tienen que tener las entidades privadas y, sobre todo, en el ámbito de la representación, estaremos rompiendo las reglas de la democracia. El diálogo social en la democracia se hace con la representación de los trabajadores (sindicatos) y empresas (patronales). Pero se hace en interés de defensa de las partes y se hace con el gobierno. Si una entidad está tutelada por el gobierno, cómo puede entrar en el dialogo social.

Además, el otro tema incluido en esta Ley es la financiación, que pretende que la Cámara tenga un financiamiento basal para pagar sus estructuras cuando tienen otras funciones encargadas y delegadas por la administración pública con las que financiarse.

Las relaciones con Foment han mejorado en los últimos tiempos, ¿es posible una fusión?

Las relaciones han mejorado, efectivamente. Con Foment hemos alcanzado un acuerdo para que ninguna tenga más representación que la otra y hemos firmado un acuerdo de unidad de acción. Pero nosotros hemos homologado el mapa patronal de Cataluña a Europa, donde conviven una patronal de grandes empresas separada de otra patronal de pequeñas y medianas empresas. No se puede tener una única organización que represente a todos los intereses porque, por ejemplo, si pones en una misma organización al Corte Inglés y un comercio pequeño, ¿quién mandará? El comercio pequeño, no. Hemos de tener una clara separación de intereses para ser defendidos y dialogados. Ir a organizaciones monolíticas recuerda a épocas anteriores a la que tenemos ahora, en la que habían lo que se llamaba el sindicato vertical.

En este sentido, su aspiración es trasladar este mapa patronal a España para formar parte del diálogo social junto a la CEOE. ¿Cree que es posible?

A nivel estatal tenemos un problema, que he puesto encima de la mesa y será un debate en los próximos años: es que en España, igual que en Cataluña, el 99,8% de empresas son pymes y representan más del 70% del empleo y más del 60% del PIB. El motor de la economía de España son las pymes y que el motor no se siente en el lugar donde se toman los acuerdos es una anomalía y lo tendremos que plantear, sin ir en contra de nadie, sino con la voluntad de defender los intereses de forma real a nivel estatal. Es posible que no tardemos mucho en poner encima de la mesa una representación real de una asociación que represente a las pymes. Hay una necesidad a nivel estatal de que exista una representación real de la pequeña y mediana empresa y lo que planteo es que nosotros, que creamos hace unos años la Plataforma Pymes con una serie de organizaciones con las que hemos estado trabajando y debatiendo, ahora pueda mutar y próximamente pueda convertirse en una confederación empresarial que pueda representar los verdaderos intereses de las pymes de una forma independiente.

¿Cómo están las pymes?

Están muy tocadas. Va por sectores. La pyme, en general, es muy pequeña, muy micro, y en una situación como ahora en la que deberías tener grasa para aguantar tras muchos días sin comer o comiendo poco, si eres débil hay un problema. O rescatamos de forma clara sectores de actividad que han quedado muy afectados o estos sectores desaparecerán con las consecuencias que eso comportará. Debería ser una obsesión no cerrar actividad empresarial. Hay que gestionar con sensibilidad empresarial. En su momento se salvó el sistema financiero para que no cayera el país, y ahora, si no salvamos el sistema productivo, el problema económico que tendremos es muy grande.

¿El Gobierno está teniendo sensibilidad?

Cuando empezó la pandemia, los ICO y ERTE iban en la buena dirección. Eso estuvo bien si la pandemia hubiera durado entre dos y cinco meses, pero ya llevamos un año. Se necesitan tomar medidas encaminadas a salvar la actividad económica y el problema es que las medidas llegan tarde y, posiblemente, no alcanzan la dimensión que deberían tener.

¿Qué medidas pedirían? El Gobierno aprobó 11.000 millones el viernes.

Hace tiempo que hay medidas que no cuestan dinero y son decisiones de un gobierno: por ejemplo, pagar las facturas pendientes. La administraciones públicas tienen 15.000 millones de euros en facturas por pagar, de los cuales 8.000 millones están fuera del plazo marcado por la ley. Estamos teniendo un titular de 11.000 millones y lo único que debería hacer el Gobierno es decir que cumple la Ley. Inyectaríamos 8.000 millones. Las grandes empresas, son peor pagadoras aún: deberían pagar a 60 días según la Ley y hay 80.000 millones que están fuera de plazo. Si se cumpliera la Ley, estarías inyectando casi 90.000 y 100.000 millones de euros. Los 11.000 millones de euros se necesitan para apuntalar el sistema productivo, pero cuanto antes mejor, porque como se tarde mucho tiempo no harán falta porque las empresas pueden haber muerto.

¿Son suficientes? ¿Cómo valora su articulación?

Los 11.000 millones de euros no solucionan el problema, clarísimamente. Y hay una cuestión importante que es que hay sectores minoritarios que han quedado excluidos y debemos incluirlos porque es de justicia y necesario. Estos recursos no son suficientes. Apuntala cuestiones muy concretas, pero tampoco conocemos aún la letra pequeña y las autonomías deberán fijar criterios, lo que puede retrasar la llegada del dinero. Es una cuestión de urgencia.

¿Cómo valora una posible entrada de la CUP en el Govern o su previsible influencia desde el Parlament?

Somos muy respetuosos con la democracia y con lo que votaron los ciudadanos el 14 de febrero y con lo que configuren los partidos. A partir de aquí, como agente social y económico y ante propuestas que se puedan hacer, sí que manifestamos nuestra preocupación. Por ejemplo, la CUP ha hablado de dos cosas que nos preocupan e inquietan muchísimo. La primera es eliminar los antidisturbios de los Mossos: tenemos que tener fuerzas de seguridad equipadas y con capacidad de mantener el orden publico. La segunda es que toda la sanidad sea pública cuando en Cataluña tenemos un sistema privado que funciona, de primer nivel y elogiado. Si el 100% es sector público, ¿quién paga las facturas públicas? En estas cuestiones sí que levantaremos el dedo, con el debido respeto a lo que han dicho las urnas. Queremos que se forme un gobierno fuerte y después trabajar presupuestos con sensibilidad empresarial.

¿Qué le parece que el Govern se ausentara del acto de Seat?

Debemos superar algunas situaciones que pienso que nos están condicionando mucho. El hecho de que una empresa venga a hacer una inversión tan importante como la que se está planteando, la debemos celebrar y apoyar. Y lo debemos hacer desde todos los estamentos del país, a nivel territorial y estatal. Creo que aquí no debería haber ningún tipo de fisura y se debería dar una respuesta unánime, pero no estamos hablando de temas económicos. Estamos haciendo una acción económica, pero tratando el tema políticamente y eso nos está enredando la situación.