El Govern se enroca, mantiene su plan y tilda el aval del ‘ICO catalán’ de “jurídicamente impecable”

Defensa cerrada del Govern al aval ideado para cubrir las fianzas del “procés” interpuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. La noticia de que el ente fiscalizador ha reclamado a la Abogacía del Estado -dependiente de La Moncloa- un informe sobre el caso ha coincidido con la reunión semanal del Ejecutivo de Pere Aragonès. Y, a tenor de sus palabras, no ha hará recular ni un milímetro a la Generalitat, al contrario.

Si la semana pasada afloraron las dudas entre republicanos y posconvergentes, en ésta la consigna parece clara y pasa por mantener la unidad y defender de forma férrea la solución encontrada: el Govern “continúa defendiendo sin fisuras y sin dudas” el fondo para avalar las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas, asegurado por el Institut Català de Finances (ICF), ha garantizado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

“No hay ningún motivo objetivo para pensar que no se puede aceptar este aval, porque el decreto es jurídicamente impecable”, ha remachado Plaja, quien ha descartado de plano hablar o aventurar posibles planes alternativos porque el Ejecutivo juega a una carta y cree los avales se deben aceptar sí o sí.

De hecho, el Govern de Aragonès ha aprovechado para volver a poner en el centro de sus críticas al Tribunal de Cuentas, ha cargado con dureza y le ha reclamado “que deje de hacer política y atienda criterios estrictamente jurídicos”.

Una decisión en el punto de mira

Cabe recordar que, después de la fallida búsqueda de un banco que actuara de avalista, la Generalitat decidió que fuera el Institut Català de Finances (ICF) el que abonará los 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat por los gastos en la promoción en el exterior del “procés” entre 2011 y 2017. Un movimiento que supuso la rectificación expresa del titular de Economía, Jaume Giró, quien había asegurado que el ICF -un ente público parecido al ICO y que el Govern quiere convertir en banca pública- no se haría cargo de la operación por temor a comprometer a sus empleados.

Tras conocerse la rectificación del Ejecutivo también se supo que tres miembros de la Junta de Gobierno del ICF presentaron su dimisión justo antes de que tuvieran que posicionarse y votar sobre si conceder el aval o no. Los tres miembros que han dejado la dirección son Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virgínia Verger, según adelantó “La Vanguardia”. Todos son independientes. En estos momentos quedan ocho miembros (cuatro a propuesta de Esquerra y JxCat) y cuatro independientes.

Lo cierto es que el decreto que aprobó la Generalitat el pasado 6 de julio para constituir un fondo público dotado con 10 millones de euros para avalar a los 34 excaltos cargos se ideó para que funcionara como un seguro privado: un banco privado ponía el aval y el Govern, el contraaval. Sin embargo, el Ejecutivo de Pere Aragonès añadió una disposición adicional en la propia norma en que decía que si no encontraba banco, de forma provisional se encargaría de avalar el ICF, u.n extremo que ha terminado siendo el escogido y que está en el punto de mira del Tribunal de Cuentas