La Audiencia Nacional admite a trámite una demanda contra Marlaska por "vulnerar" los derechos de los policías

Los años de incumplimientos, desprecios, agravios y, por qué no decirlo, "pasotismo" por parte del Ministerio del Interior y su ministro, Fernando Grande-Marlaska, colapsan los tribunales. Porque los juzgados se han convertido en el refugio del Ejecutivo para no cumplir con lo establecido, para no cumplir la ley. De esto son buenos conocedores los policías nacionales que, una vez más, se han visto obligados a llevar al titular de esta cartera y a la Dirección General de la Policía ante la justicia.

El sindicato Justicia Policial (JUPOL) presentaba así una demanda de Conflicto Colectivo por "vulneración de derechos fundamentales" ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Demanda que ya ha sido admitida a trámite por el Alto Tribunal, que ha citado a las partes implicadas para el próximo 12 de noviembre.

Y aunque la lista de incumplimientos y agravios se antoja interminable, en esta ocasión uno de los ejes centrales de la denuncia es la vulneración de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Una norma de escasa aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "El trabajo policial presenta riesgos específicos e Interior sigue sin garantizar los mismos niveles de protección de los que gozan otros colectivos", explican desde este sindicato. Un déficit estructural en lo que a salud laboral se refiere que contraviene la le legislación vigente y las directrices europeas.

"Bloqueo sistemático" a los agentes

En este sentido, los agentes apuntan a un epígrafe muy concreto de la Constitución Española, el artículo 40. En él, añaden, se reconoce la obligación de los poderes públicos de promover condiciones laborales dignas, centradas en tres ámbitos fundamentales: formación y readaptación profesional, seguridad e higiene en el trabajo y garantía del descanso. O lo que es lo mismo, garantizar que los policías puedan desarrollar su trabajo en condiciones "dignas, seguras y sostenibles"... pero no es así. Es más, en su denuncia, dejan claro que "Interior ha ignorado cualquier compromiso adquirido y ha bloqueado de forma sistemática cualquier avance", ya sea en materia de salarios, derechos laborales o seguridad en el trabajo.

"Los policías nacionales no somos trabajadores de segunda. Somos servidores públicos que arriesgamos nuestra vida a diario y merecemos que se respeten nuestros derechos. Por eso hemos decidido acudir a la Audiencia Nacional, porque ya no basta con las palabras, hace falta justicia", reivindican desde este sindicato policial.

La opacidad y artimañas de Marlaska

Hay que recordar, no obstante, que no es la primera vez que Grande-Marlaska se ve retratado por el incumplimiento de la ley de riesgos laborales en el seno de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En mayo de este mismo año, un ciudadanos anónimo solicitaba, a través del Portal de Transparencia, los informes que había elaborado el Ministerio del Interior en materia de prevención de riesgos laborales vinculados a dos sucesos muy concretos: el asesinato de dos guardias civiles en Barbate y el atropello mortal de otro agente mientras prestaba servicio.

El departamento liderado por Grande-Marlaska se negó a entregarlos bajo el argumento de que los documentos formaban parte de las diligencias judiciales y su publicación debe ser autorizada por las autoridades competentes. Sin embargo, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó este argumento y señaló que la "judicialización" de unos hechos "no impide" el acceso a documentación administrativa y, menos aún, si no "concurre una causa legal debidamente motivada que justifique su ocultación".

Un año antes, en agosto de 2024, el sindicato JUPOL denunciaba la falta de chalecos antibalas en la dotación de los agentes de la Policía Nacional en prácticas, lo que supone "un grave riesgo para su integridad física e incluso para su vida". Es más, añadía, en caso de disponer de un chaleco antibalas, en muchas ocasiones este es de "uso colectivo" (independientemente de la talla y la complexión física que tenga cada uno), por lo que no garantiza al cien por cien la seguridad de los agentes.

Según establece el Real Decreto 2/2006 de 16 de enero, en su artículo 6: "La Administración proporcionará a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por su uso efectivo y correcto de los mismos". De ello se desprende que, una vez más, el Ministerio del Interior incumple de manera sistemática la normativa sobre prevención de riesgos laborales.