La Generalitat trata de atraer al PSC para incumplir la sentencia del castellano en Cataluña

El conseller de Educación, Josep González-Cambray, prefiere optar por la prudencia. Desde que el Tribunal Supremo anunció que tumbaba el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que desmonta la inmersión lingüística y obliga a impartir un 25% de las clases en castellano, Cambray ha tratado de hacer equilibrios para evitar mostrar un tono excesivamente beligerante que impida seducir al PSC a la causa. Y es que, aunque ha enviado evidentes señales de que va a incumplir a la resolución judicial, también quiere hacerlo con el máximo consenso para tener más fuerza.

En este sentido, en la sesión plenaria celebrada esta tarde, la cuestión ha estado muy presente y Cambray ha querido apelar una y otra vez al consenso que dio nacimiento al sistema de inmersión lingüística, que contó esencialmente en los años 80 con el apoyo del PSC. Los socialistas catalanes hacen malabarismos en público para dar a entender que hay que cumplir con la sentencia del TSJC, pero sin querer enmendar del todo el actual sistema (aunque han amagado ya en los dos últimos años con introducir correcciones). Y el conseller, cuando ha debatido con la CUP, ha querido poner coto a los radicalismos: el diputado anticapitalista Carles Riera ha llamado a generar un “clima de movilización” para impedir la aplicación de la sentencia del TSJC y Cambray ha replicado que él prefiere hablar de “consenso”.

“Hay muchas vías de movilización. Yo hoy, como estamos en el Parlament, lo conectaré con el consenso. El de la lengua es uno de estos consensos prioritarios. Unos consensos que hay que preservar y donde esperamos poder contar con todos los que estuvieron desde el inicio. Estamos convencidos que contamos con todos los que estuvieron desde el inicio”, ha señalado Cambray, en referencia al PSC.

El conseller, cuando ha debatido con la diputada del PP, Lorena Roldán, ha evitado decir explícitamente que incumplirá la sentencia del TSJC, pero ha dejado entrever que así será. Cambray ha dicho que la Generalitat dará cumplimiento a la legislación vigente: es decir, a la Ley de Educación de Cataluña y a la LOMLOE (Ley Celaá), que ha suprimido la referencia explícita al castellano como lengua vehicular en la escuela en su redactado. A su juicio, el contenido de ambas normas tiene la intención de “garantizar que todo el alumnado, al acabar su etapa obligatoria (cuarto de ESO) haya logrado los conocimiento en catalán y castellano”. Y, a su entender, este logro se ha conseguido porque “así lo dicen todos los resultados académicos”, apoyándose en las pruebas de competencias básicas que elabora la Generalitat o en las notas de la Selectividad, donde los alumnos catalanes obtuvieron un décima menos que la nota medio nacional en Lengua Castellano.

El argumento de las notas en la selectividad es muy usado por el independentismo para acreditar el aprendizaje del castellano, pero Roldán lo ha rebatido: “Usted sabe perfectamente que no pueden aportar ninguna prueba homologable que demuestre el buen nivel del español, básicamente, porque no existe, y cuando uno compara los diferentes exámenes de selectividad ya se da cuenta de que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces yo le pregunto: ¿usted me está queriendo a mí decir que los alumnos catalanes, con solamente dos horas de español a la semana, tienen mejor nivel que, por ejemplo, los alumnos de Burgos, que están escolarizados totalmente en español?”.

Tanto la propia Roldán como el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, han advertido a Cambray de que si incumple la sentencia “habrá consecuencias”. En su turno, Carrizosa ha pedido al conseller acabar “con el sistema de represión lingüística”, y ha vuelto a comparar, como hizo ayer durante la sesión de control al Govern, la situación del castellano en las escuelas con la que vivía el catalán durante la dictadura franquista.