El PP no descarta un “155 educativo” para que el Govern aplique el 25% de castellano

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha exigido al Govern que garantice el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el 25% de castellano y ha advertido: “Si se tiene que aplicar el 155 educativo para garantizar el cumplimiento de la sentencia, que se haga”.

Lo ha dicho en una entrevista este martes en La 2 y Ràdio 4, en la que ha exigido al Govern “que tenga un poco más de cabeza” y aplique esta sentencia, porque, a su juicio, es de sentido común que se garantice la vehicularidad del castellano en la educación catalana.

El Parlament rechazó el instar al Govern a acatar la sentencia, así como a dar los pasos necesarios para aplicarla en todos los centros “en el plazo más breve posible”.

La moción, que presentó el diputado de Cs Nacho Martín Blanco, no salió adelante después de que este punto recibiera el apoyo de PSC-Units, Vox y PP, mientras que resto de grupos votaran en contra.

Tampoco prosperó el punto en que se pide que el Parlament condene “la costumaz inclinación del Govern a desacatar las sentencias judiciales que protegen el derecho de todos los alumnos catalanes a recibir al menos el 25% de las horas lectivas en castellano”, ni el que insta a la Cámara a condenar lo que consideran intromisiones de Plataforma per la Llengua en la libertad de los alumnos a escoger la lengua en la que hablan en el centro.

Para Martín Blanco, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ofreció el miércoles “una auténtica clase de pensamiento totalitario porque se preguntó quiénes son los jueces para contradecir lo que dicen las asambleas parlamentarias”, un pensamiento que considera antidemocrático y propio de otro tiempo.

Desde el PSC, la diputada Esther Niubò acusó a Cs de no tener voluntad de negociar nada al respecto porque, a su juicio, se podrían construir nuevos consensos y ve margen de mejora en materia de lengua, y aunque defendió que las sentencias deben acatarse y que la acción política no puede basarse en la desobediencia, apeló a dar una oportunidad al diálogo.

La diputada de ERC Mònica Palacín ratificó la posición de Cambray, acusó a Cs de intentar ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas y preguntó al Gobierno si hará cumplir la sentencia del TSJC en base la ‘Ley Wert’ --ya derogada-- o en base la ‘Ley Celaá’: “La ex ministra Isabel Celáa tendrá que explicar muy bien si se pide que la Generalitat cumpla la sentencia. Se desacreditará su propia ley”.

Según la diputada de Junts Glòria Freixa, esperaba que Cs aprovechara esta moción para “pedir perdón por el linchamiento público” a profesores del IES el Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) tras archivarse el caso, y les advirtió de que no conseguirán acabar con el catalán ni con la identidad catalana.

“Quieren promover el retroceso del uso social del catalán y fragmentar nuestra comunidad educativa en función de la lengua de origen. No pasarán, no conseguirán aplicar este nuevo 155 escolar”, advirtió el diputado de la CUP Carles Riera, tras recalcar que el Govern cuenta con el apoyo de su grupo para no aplicar una sentencia del TSJC que, a su juicio, contraviene la Ley de Política Lingüística, la Ley de Educación de Catalunya y un consenso mayoritario en Cataluña que cree que debe aspirar a incluir al PSC.

Por parte de los comuns, el diputado Joan Carles Gallego acusó a Cs de querer “mantener vivo un problema que se han inventado porque es el sentido de su propia existencia” y considera que la moción es --en palabras textuales-- un insulto a la inteligencia y insulto a las familias y al profesorado porque, en su opinión, las escuelas tienen otros problemas y no la lengua.

Sin embargo, el diputado del PP Alejandro Fernández expresó su apoyo a la moción al defender que toda persona y gobierno está obligado a cumplir las resoluciones judiciales y tras reivindicar el derecho a poder ser educado en la lengua materna, alegando que “cualquier método pedagógico nunca puede estar por encima de un derecho fundamental”.

El diputado de Vox Antoni Gallego manifestó que están por el cumplimiento de la ley así como por el respeto a las sentencias judiciales y el orden constitucional, por lo que defienden que se pueda estudiar en castellano “en libertad en cualquier punto del territorio nacional” y que se respeten los derechos sociolingüísticos de los alumnos.