Hablamos Español y Convivencia Cívica registran en el TSJC su reclamación a favor del 25 % en castellano

Hoy miércoles, 30 de marzo, a las 13.30, las asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana registrarán ante la Sección Quinta de la Sala de Contencioso-Administrativo del TSJC la reclamación de ejecución de sentencia favorable al 25 % de clases en castellano en las aulas.

Se trata de una de las acciones judiciales promovidas por ambas entidades para obligar al Gobierno catalán a introducir el español como lengua vehicular. Como entidades que “estatutariamente defendemos derechos lingüísticos esperamos que el Tribunal nos considere legitimados, si bien, somos conscientes de que la jurisprudencia juega en nuestra contra. Recientemente, el TSJC admitió a trámite una demanda de otra entidad en relación al uso del idioma en Selectividad, pero se trataba de una vía cautelarísima, por lo que el tribunal no entró en el fondo de la legitimación. A pesar de ello no vamos a dejar de acudir al tribunal en todas las vías posibles, si bien confiamos más en la reclamación que hemos presentado en nombre de la organización sindical de la Guardia Civil, Jucil, y las que presentaremos en nombre de la Federación de AMPAS promovida por nosotros. También presentaremos las peticiones de familias que aún no han logrado crear una AMPA en su colegio. De entrada, nuestras acciones beneficiarían a 35.000 familias”, aseguran en un comunicado.

La presentación se realizará de forma telemática, ya que no es necesaria la asistencia presencial en esta fase del procedimiento.

Ambas asociaciones han diseñado una estrategia conjunta para obligar al Gobierno Catalán a introducir el español como lengua vehicular en la enseñanza. “Nuestro objetivo es lograr la mayor efectividad con la menor exposición posible para las familias”, dicen.

“Gracias a la sentencia firme del Tribunal Supremo, propiciada por un recurso de Abogacía del estado, los centros de enseñanza catalanes deberán enseñar en español, al menos una asignatura troncal en Primaria y dos en Secundaria. Nuestro objetivo es lograr que se pueda elegir la lengua vehicular, pero en este momento vamos a dar la batalla para que se cumpla ya esta sentencia”, añaden.

Ángel Escolano, de Convivencia Cívica, opina que “la cuestión jurídica más decisiva que se abre hoy gira en torno al artículo 18 de la ley procesal contenciosa: ¿Quién está legitimado para poder instar la ejecución forzosa de la Sentencia con carácter general? Por ello, ante la certeza de que quien está legitimado para hacerlo no lo va a hacer (es decir, el Gobierno de la Nación), vamos a intentar instar dicha ejecución utilizando todas las vías procesales a nuestro alcance».

Gloria Lago de Hablamos Español, sostiene “para atender el recelo de algunas familias a dar sus nombres, hemos promovido la Federación de AMPAS. Presentaremos las primeras doce esta semana, con lo que se beneficiarán 14.000 alumnos. Hay familias de 50 colegios más esperando. Solo con las que tenemos en proceso de formación podrían beneficiarse unos 35.000 alumnos. En las carpas hemos recogido muchas firmas de apoyo, pero ante los tribunales lo único válido es la comparecencia personal del afectado, que tiene que dar un poder a un procurador. Eso es lo que hemos hecho con estas cuatro demandas ejecutivas.”