La Generalitat tienta a Colau con un impuesto a los cruceros

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat ya tienen sus respectivos presupuestos encima de la mesa a la espera de ser negociados. Y las dos partes se necesitan. Por lo que el flirteo ha dado comienzo. La Govern, sin ir más lejos, ha revelado que las cuentas de 2023 contemplan el impuesto a los cruceros que tanto ansía el gobierno de Ada Colau.

La Generalitat anunció el pasado mes de junio que estaba ultimando un impuesto para grabar las emisiones de los cruceros y los grandes barcos que hacen escala en el Port de Barcelona. Fue la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, quien lo adelantó en respuesta a la carta que le había enviado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reclamando una mesa de trabajo para poner coto al número de cruceros que llegan a la ciudad, y ayer lo confirmó.

El tributo gravará a los buques por tramos, calculados en función de las emisiones de los buques. Es decir: a mayor contaminación produzca un barco más dinero deberá pagar la compañía. Aunque se desconoce la cifra del impuesto, fuentes del gobierno aseguraron que el salto de un tramo a otro será «notable», con el objetivo de forzar a las compañías navieras a implantar planes de sostenibilidad y de reducción de las emisiones. En cambio, el impuesto no entrará a regular el número de cruceristas que llegan a una u otra ciudad, tal y como pide Ada Colau.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) se ha mostrado prudente ante el anuncio de la aplicación del nuevo impuesto a las emisiones de cruceros y grandes embarcaciones. A la espera de conocer los detalles, ha reafirmado el compromiso que asegura tener con la sostenibilidad y ha recordado que el puerto de Barcelona está haciendo un proceso de electrificación que permitirá apagar los motores mientras estén en el puerto.

Jordà también explicó que la Generalitat también prevé aprobar antes de fin de año un impuesto a las actividades económicas en función de lo que contaminen, a pesar de que según ella no está contemplado en las cuentas de 2023, y atribuyó su retraso a la guerra de Ucrania y el aumento de precios: «Si la situación económica no fuera la que tenemos en estos momentos, creo que ya lo tendríamos». Preguntada por el impuesto sobre las emisiones de carbono (CO2) de los vehículos de tracción mecánica, en una entrevista a TV3, cifró su recaudación entre los 30 y los 40 millones de euros, frente a los 160 millones previstos inicialmente, que en 2022 no se aumentaron como preveía la norma por el escenario económico.

Jordà apuntó que el Govern en 2023 destinará igualmente todos los recursos que tenía planificado recaudar a políticas medioambientales, como ha asegurado que se ha hecho este año. Jordà insistió en aplicar la Ley del Cambio Climático aprobada en 2017 y que, a su juicio, ha estado congelada, y ha reivindicado hacerlo «sin dejar a nadie atrás».

La consellera destacó que la empresa energética pública de Catalunya, que actuará bajo la marca de ‘L’Energètica’, nace «con la idea de transformar de una manera real económica y socialmente» y de poner la energía al servicio del bien común.

Explicó que ella no ejercerá como presidenta del organismo, sino que la dirección asumirá un modelo parecido a la de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), y que el equipo aún no está cerrado. Antiguos manicomios que en medio de los hinchas en un estadio de fútbol».