Informe
Cerco al escaño de Puigdemont en el Parlamento Europeo: la JEC informa que no tiene condición de diputado
La Junta Electoral Central explica al Europarlamento que el expresident no ha cumplido con los requisitos legales para ser parlamentario
La Junta Electoral Central ha informado este jueves al Parlamento Europeo que Carles Puigdemont y los otros dos eurodiputados de JxCat (Toni Comín y Clara Ponsatí) y el de Esquerra (Jordi Solé) no tienen la “condición plena de diputado” porque están incumpliendo uno de los requisitos exigidos: prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, tal y como está previsto en el artículo 224. 2 de la LOREG. Por tanto, a juicio de la JEC, el escaño de los cuatro eurodiputados debe “quedar vacante temporalmente hasta que se produzca ese acatamiento, con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas en los mismos términos”.
Este informe de la JEC nace de una petición de la actual presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha reclamado saber por qué si España tiene atribuidos 59 escaños en el Parlamento Europeo, tan solo se “ha notificado oficialmente 55 candidatos electos”. “El Reino de España tiene un deber de cooperación leal con el Parlamento Europeo (...) y parte de este deber consiste en notificar una lista completa de diputados oficialmente electos a fin de permitir al Parlamento Europeo desarrollar su función con el número total de los miembros que lo componen”, decía la carta. Además, invita a España “a designar sin demora el número de personas correspondientes al número de escaños que le han sido asignados”.
La JEC, al no haber comparecido los cuatro eurodiputados en las reuniones de 28 y 30 de enero de 2020 para la prestación de acatamiento a la Constitución, declaró que el escaño permanecería temporalmente vacante hasta que se produjese dicho acatamiento. Esta exigencia fue impugnada por los eurodiputados, aunque la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dio la razón a la JEC. “En consecuencia, la Junta Electoral Central considera que, en tanto se mantenga en vigor el artículo 224.2 de la LOREG y ningún tribunal nacional o de la Unión Europea ponga en cuestión su vigencia, la Administración electoral española tiene el deber de seguir aplicándolo”, expone.
Metsola envió la misiva a la JEC después de que en el mes de mayo la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, presidida por el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vazquez, constatara no haber podido verificar las credenciales de los eurodiputados. La Eurocámara, presidida entonces por el socialista David Sassoli, permitió en diciembre del año 2019 que los eurodiputados independentistas recogieran sus actas sin haber completado los requisitos exigidos por la legislación nacional.
Poco antes, un fallo del Tribunal de Justicia de la UE había sentenciado que la inmunidad de un eurodiputado se adquiere en el mismo momento de la proclamación de los resultados electorales, en referencia al caso de Oriol Junqueras que estaba en esos momentos en prisión. Este fallo hizo interpretar a la Eurocámara que los eurodiputados independentistas podían ocupar su escaños sin jurar o acatar la Constitución española.
Fuentes parlamentarias de la citada comisión consideran que la decisión de Sassoli fue “meramente política” , aunque ahora no cabe recurso ante el Tribunal de Justicia para saber si esta sentencia se interpretó de manera correcta, ya que el plazo legal transcurrido desde este fallo – decisión que correspondía al Gobierno español- ha terminado. Fuentes parlamentarias explican a este periódico que la presidenta de la Eurocámara no ha recibido todavía la respuesta de la Junta Electoral y que analizará el texto antes de pronunciarse sobre los nuevos pasos.
En todo este tiempo, los políticos independentistas han seguido ocupando su escaño con normalidad, a pesar de no contar con las credenciales. La justicia europea debe pronunciarse todavía sobre el alcance de la euroorden. En caso de que el alto tribunal europeo avale la reanudación del proceso en Bélgica, los jueces del país deberán analizar si los delitos que se le imputan a Puigdemont tienen un equivalente con su legislación nacional. En este caso, se ordenaría su entrega a España, por lo que terminaría su labor como eurodiputado.
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