La concejala de Salud de Barcelona, Marta Villanueva, ha sostenido que la situación de las personas que residen en centros privados ubicados en pisos del Eixample es "complicada" porque muchos de ellos no cumplen con los nuevos requisitos para acogerlas, más que por la especulación inmobiliaria.

Villanueva ha explicado que las residencias privadas con plazas en régimen de centro colaborador deben acreditar este 2025 que cumplen con los requisitos de solvencia técnica y económica que establece el decreto que se aprobó el 2020, después a la covid, para alojar a personas mediante la prestación vinculada a la residencia y en "muchas" de las ubicadas en pisos del Eixample no es así.

La concejala Villanueva lo ha dicho en la comisión municipal de Servicios Sociales, tras aceptar un ruego de Barcelona en Comú para que el gobierno municipal a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales inicie un proceso de mediación en coordinación con las familias y las administraciones competente para garantizar una solución digna y estable para las personas residentes de la Residencia Tàber, en el distrito del Eixample, cuyo cierre es inminente.

En la defensa del ruego, la concejala de los comunes Carolina Recio ha asegurado que los residentes de la Residencia Tàber han recibido una notificación para abandonar el edificio porque que el propietario del edificio quiere transformarlo en viviendas de lujo y de alquiler de temporada.

Recio ha estimado que hay "unas cincuenta residencias para la gente mayor solo en el distrito del Eixample a las que se les acaba el alquiler en los próximos años, poniendo en riesgo el derecho a la vivienda de las personas que viven" en ellas, personas mayores para quienes estas residencias son su casa, ha destacado.

Aunque ha aceptado el ruego, la concejala Villanueva ha precisado que el Ayuntamiento de Barcelona lo que hará es "acompañar" a las familias afectadas por el cierre de la Residencia Tàber, porque es "responsabilidad de la Generalitat y del departamento de Derechos Sociales poder plantear alternativas, si procede" ya que es un espacio colaborador con la Generalitat que forma parte de la red de servicios sociales.

La Residencia Tàber tiene una capacidad de 24 plazas, de las que 21 son concertadas y financiadas públicamente, y, por tanto, es una de las que deben "acreditarse" este 2025.

El ruego aceptado también comporta que el gobierno de Jaume Collboni elaborará un informe sobre la situación de las residencias de Tercera Edad ubicadas en bloques de viviendas en el Eixample, en el que se identifiquen las qué pueden estar en riesgo de situaciones similares a la de la Residencia Taber por procesos de recalificación, finalización de contratos de alquiler u otras dinámicas de presión inmobiliaria.

Además, este informe, que deberá presentarse en la próxima comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes del mes de marzo, incluirá un plan de acción de seguimiento y mediación en coordinación con la Generalitat de Catalunya en el marco del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona para garantizar el derecho a la vivienda de las personas residentes.