Collboni se compromete a solucionar el conflicto vecinal que provoca la escalinata de la Sagrada Familia

El futuro incierto de la polémica escalinata de la Sagrada Familia se decidirá durante el mandato de Collboni. Así lo anunció ayer la teniente de alcalde, Laia Bonet, durante la rueda de Prensa posterior a la primera reunión con los vecinos afectados para abordar esta problemática, en la que el consistorio se comprometió a llegar a un acuerdo durante este mandato. «Buscaremos una solución consensuada entre las tres partes –consistorio, templo y afectados– que tenga garantice dos premisas: terminar con la provisionalidad y garantizar el derecho a la vivienda», aseguró Bonet.

Para ello, es necesario una transformación del Plan General Metropolitano (PGM), aprobado en 1976, hace medio siglo. Este plan ya reservaba un espacio para esta escalinata, incluida en el diseño original de Gaudí de 1916. En concreto una amplia avenida de dos manzanas de longitud por donde se accedería al templo desde la avenida de Diagonal (por la calle Mallorca). Este, por lo tanto, comportaba derribar las viviendas de la franja central de estas dos manzanas.

El encuentro también contó con la presencia de la arquitecta jefa de Barcelona, Maria Buhigas, con el presidente de la Associació de Veïns de la Sagrada Familia, Gabriel Mercader, y el presidente de la Plataforma d’Afectats per les Obres del Temple, Salvador Barrosso. Sin embargo, no contó con ninguna presencia por parte de la Sagrada Familia, que no fue invitada.

Tanto el consistorio como los representantes de los afectados valoraron la reunión positivamente. «Nos hemos apalabrado para continuar con esta conversación que pretende solucionar un conflicto que la ciudad lleva arrastrando más de 40 años», afirmó la teniente de alcalde.

«Esta problemática genera mucha incertidumbre, y salimos con esperanza de esta reunión ya que el Ayuntamiento se ha comprometido a terminar con esta incertidumbre en este mandato» afirmó el vicepresidente de la Plataforma d’Afectats per les Obres del Temple, Francesc Pla.

De momento, estas conversaciones aún están en estado inicial. Por lo tanto, todavía no se ha hablado de inmuebles afectados ni de cómo sería la recolocación de vecinos si se tuviera que hacer. Sin embargo, lo que dejó claro el consistorio ayer es que quién deberá asumir el coste de la expropiación de los afectados es el templo: «La solución urbanística a la que llegaremos, si comporta la expropiación forzosa de vecinos, quien debe pagarla es el beneficiario de esta obra, y este no es el Ayuntamiento», dijo Bonet, quien insistió en que la prioridad es «minimizar los afectados».

Los vecinos aseguraron que, de ahora en adelante, insistirán «constantemente» para que haya reuniones y así avanzar hacia un acuerdo. Por otro lado, destacaron la ausencia de la junta constructora en el encuentro: «Vemos complicado que haya soluciones firmes sin los tres implicados en la mesa», destacó el presidente de la Plataforma d’Afectats per les Obres del Temple, Salvador Barrosso.

Esta reunión llega después de que la asociación de vecinos aceptara la solución presentada también a la Junta Constructora que propuesto Colau. En este, la escalinata alcanzaba solo la primera manzana y el paseo de entrada era de 40 metros de ancho (en vez de 60). De este modo se reducía a 200 el número de vecinos desplazados. Al respecto, Bonet dijo que el gobierno actual conoce estos documentos, que están «encima de la mesa» y que trabajarán sobre ellos como base.