La asociación Barcino5G, presidida por Alberto Fernández Díaz, ha presentado 41 alegaciones a la nueva Ordenanza de Civismo del Ayuntamiento de Barcelona, actualmente en fase de tramitación. Las propuestas, que deberán debatirse en un próximo pleno municipal, buscan —en palabras del propio Fernández— «garantizar la impunidad cero para el infractor y la firmeza diez en su aplicación».

El presidente de Barcino5G defiende que «quien no respeta la ciudad de acogida no puede aspirar a beneficiarse de sus derechos si incumple con sus obligaciones». Entre las medidas planteadas, destaca la creación de un «arraigo cívico» como requisito para acceder a una vivienda social. Este criterio exigiría diez años de residencia legal y continuada en el municipio, además de no haber cometido infracciones graves ni acumular deudas con el consistorio en los tres años previos a la solicitud.

La asociación propone que el Ayuntamiento emita informes negativos a los solicitantes que no cumplan estos requisitos, así como a quienes pretendan renovar permisos de residencia o trabajo teniendo sanciones firmes por incivismo. De igual modo, plantea que los morosos o reincidentes no puedan acceder a servicios municipales no básicos, como gimnasios, piscinas o determinadas actividades culturales.

Otro de los ejes de las alegaciones es la implicación de los Mossos d’Esquadra, para lo que Barcino5G sugiere actualizar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Generalitat, firmado en 2005, con el fin de reforzar la coordinación en la aplicación de la norma. Las alegaciones también reclaman mantener la responsabilidad de los padres sobre los actos incívicos de los menores, ampliar el número de efectivos de Guardia Urbana y establecer un catálogo de trabajos en beneficio de la comunidad como alternativa a las sanciones económicas. Fernández Díaz insiste en que «el Ayuntamiento, al igual que los ciudadanos, debe tener deberes y obligaciones» y atender todas las denuncias que reciba.

Entre otras propuestas figura la prohibición de prendas que cubran el rostro, como el burka o el niqab, en espacios públicos y eventos masivos «por razones de seguridad y en defensa de la dignidad de la mujer». Asimismo, la entidad propone considerar incívicas conductas como la burla a las creencias religiosas o a instituciones como la Casa Real y las banderas oficiales, así como prohibir la mendicidad y el consumo de drogas en la vía pública sin necesidad de advertencia previa.

Barcino5G también aboga por endurecer las sanciones reduciendo la bonificación por pronto pago del 75% al 50%, salvo en casos leves y no reincidentes, y reclama un sistema eficaz de cobro de multas «que evite la impunidad de facto». Por último, la entidad sugiere que la ciudad cuente con una Ordenanza única y refundida, que unifique las actuales normas municipales sobre civismo, ruido, tenencia de animales o movilidad con patinetes. Además, pide mantener el Observatorio Permanente de la Convivencia y promover la colaboración con los municipios del área metropolitana para actuar de forma conjunta ante las conductas incívicas. «Barcelona necesita un modelo de convivencia basado en el respeto y en la responsabilidad compartida», concluye Fernández Díaz, convencido de que la nueva ordenanza debe ser «una herramienta real y eficaz para proteger a los ciudadanos que cumplen las normas».