Casa Orsola: ¿Y ahora qué?

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más en su política de vivienda con la adquisición de la Casa Orsola, un edificio situado en el Eixample. La operación, realizada en alianza con la fundación Hàbitat3, permitirá detener los desahucios programados y permite a los inquilinos continuar en el edificio.

El alcalde Jaume Collboni ha destacado que se trata de una "experiencia inédita", mientras que Carme Trilla, presidenta de Hàbitat3, ha subrayado que es un paso clave "en el camino de garantizar el derecho a la vivienda". Sin embargo, muchos políticos de la oposición han criticado la medida como populista y como incentivadora de la desigualdad.

¿Ahora qué?

La propiedad de la Casa Orsola se dividirá a partes iguales entre el Ayuntamiento y Hàbitat3, que gestionará los 27 inmuebles. La distribución de las viviendas quedará de la siguiente manera:

El Ayuntamiento administrará 17 unidades, incluyendo 4 locales comerciales, 2 pisos vacíos, 7 con contratos de alquiler de temporada, 3 con procesos judiciales en curso y un inmueble no habitable. Hàbitat3 gestionará 10 viviendas, entre ellas 7 con renta antigua, 5 con contratos vigentes y 2 en proceso judicial.

Uno de los principales efectos inmediatos de la compra es la paralización de los desahucios previstos. Cinco inquilinos tenían órdenes de desalojo programadas, que ahora quedan suspendidas.

Además, los pisos vacíos y aquellos con contratos de alquiler temporal pasarán a formar parte de la bolsa de alquiler social de la ciudad. Los primeros podrán incorporarse de inmediato, mientras que los segundos lo harán a medida que queden disponibles.

El Ayuntamiento ha asegurado que todos los residentes podrán seguir viviendo en el edificio. Aquellos que ya tenían contratos de renta antigua los mantendrán sin cambios, mientras que los inquilinos con contratos en vigor podrán renovarlos según la normativa vigente.

Por otro lado, quienes tenían el contrato vencido firmarán nuevos acuerdos ajustados al índice de referencia de alquileres, evitando así la especulación inmobiliaria que había elevado los precios en la zona.

Esta intervención supone un nuevo modelo de actuación del Ayuntamiento en el ámbito de la vivienda, apostando por la colaboración con entidades sociales para frenar la expulsión de vecinos y garantizar un mercado de alquiler más accesible en la ciudad.