Laura Borràs recurre su condena de prisión por fraccionar contratos

La defensa de la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha anunciado un recurso de casación que resolverá el Tribunal Supremo (TS) contra la condena de cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En una providencia de este jueves, el TSJC recibe el anuncio del recurso y emplaza a la defensa de Borràs a comparecer ante el TS en un máximo de 15 días para presentar el recurso.

La sentencia la condenó por los delitos de prevaricación y falsedad documental y el TSJC propuso un indulto parcial que rebaje la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel.

En las próximas semanas, los abogados de Borràs, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, deberán presentar los argumentos en los que sustentan su recurso.

La condena a Borràs incluye una multa de 36.080 euros por 18 contratos menores tramitados entre 2013 y 2017, mientras que ella ha defendido su inocencia durante todo el procedimiento y pidió ser absuelta.

En la sentencia del TSJC, una magistrada añadió un voto particular en el que considera que la líder de Junts no cometió falsedad documental sino que solo la indujo, por lo que cree que no debería ser condenada a más de 21 meses de prisión y que la inhabilitación que se le aplique debe afectar únicamente a cargos con facultad de contratación.

Hace una semana, el TSJC desestimó la petición de aclaración que presentó la defensa de Borràs, al considerar que hay errores formales en la sentencia.

El primer error que alegó Borràs es que la sentencia no llevaba número, solo la fecha y los datos del procedimiento y, en un auto, el TSJC replica que el número de sentencia se notificó a las partes en una diligencia al día siguiente de publicarse el fallo.

La defensa de Borràs también criticó que la sentencia no incluye las conclusiones definitivas de las partes, en las que la Fiscalía hizo "una modificación importante" al rebajar su petición de penas para Isaías H. y Andreu P., también condenados por esta causa.

Sobre este punto, el tribunal señala que la petición definitiva de la Fiscalía consta en la causa sin "ninguna discordancia ni error".

Antes del juicio, la Fiscalía pedía inicialmente seis años de cárcel para Isaías H., beneficiario de los contratos de la ILC, pero tras un acuerdo con su defensa y después de que él confesara en el juicio, rebajó la petición a dos años de cárcel, que es a lo que ha sido condenado.

Para Andreu P., que ayudó a Isaías H. a preparar presupuestos y también confesó, las fiscales pedían antes del juicio una pena de tres años de cárcel, que en sus conclusiones finales rebajaron la petición a un año y dos meses de prisión, la misma pena que le ha impuesto el tribunal.