El pleno del Parlament ha rechazado este jueves la propuesta del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de impulsar "un acuerdo de país" para movilizar planteamientos urbanísticos y ampliar la disponibilidad de suelo para construir unas 210.000 viviendas en toda Catalunya, entre el 40% y el 50% de protección oficial.

En la primera sesión del Debate de Política General (DPG) en el Parlament Illa anunció este proyecto, que una propuesta de resolución del grupo de PSC-Units ha recogido, y que se ha rechazado con el apoyo de PSC-Units, la abstención de ERC, Comuns y Aliança Catalana, y el voto en contra de Junts, PP, Vox y la CUP.

Concretamente, el texto instaba al Govern a poner en marcha este acuerdo de país para "activar de forma inminente todos los planeamientos en todo el país para disponer de más vivienda asequible", y a activar todos los recursos disponibles para activar suelos de construcción de vivienda protegida.

En cambio, han salido adelante otras dos propuestas de los socialistas referentes a las políticas de vivienda del Govern, como el apoyo al plan para construir 50.000 viviendas de protección oficial en 2030, así las políticas de rehabilitación de pisos, que también recogían propuestas de resolución de sus socios de investidura, ERC y Comuns.

Unidad antidesahucios y sanciones

En materia de vivienda, han salido adelante las propuestas de los Comuns que reclamaban aprobar en octubre una unidad de prevención y actuación contra los desahucios, que pactaron con el Govern para la aprobación de los suplementos de crédito, y que la Generalitat actúe "de manera proactiva y con urgencia" en la aplicación del régimen sancionador de la ley que topa el precio de los alquileres.

También se ha aprobado la propuesta de Junts que exigía el "traspaso inmediato" a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb, tema sobre el que Illa ya anunció el miércoles un acuerdo con el Gobierno.

En cambio, se han rechazado la propuesta de los Comuns que pedía modificaciones legislativas para "prohibir las compras especulativas de vivienda"; la de la CUP de crear una constructora pública; y las del PP de derogar las zonas de mercado tensionado y la aprobación de una ley antiokupa.

Tampoco ha salido adelante la propuesta de Junts que pedía establecer 10 años de padrón para acceder a vivienda protegida, y otra de Aliança Catalana que pedía valorar el grado de arraigo; y, por contra, se han aprobado propuestas que instan a garantizar el padrón ante obstáculos en "el aumento de obstaculizaciones en muchos municipios", de la CUP y Comuns.

Rodalies y Hard Rock

Sobre infraestructuras, se ha constatado, en una propuesta del PSC, el apoyo a culminar antes de 2026 la constitución de la empresa que asuma el traspaso de Rodalies "para que pueda actuar como empresa operadora de los servicios ferroviarios competencia de la Generalitat".

A propuesta de ERC, ha salido adelante la petición de que el Govern mantenga las bonificaciones actuales al transporte público, y una moción de la CUP aprobada contempla extender la integración tarifaria en todo Catalunya antes de 2026.

Con el apoyo de Junts, PP y Vox, y la abstención del PSC y Aliança Catalana, ha salido adelante resolver este 2025 el informe de impacto ambiental sobre el proyecto recreativo Hard Rock, en la provincia de Tarragona, y abordar la aprobación del Plan director urbanístico del "que debe permitir desarrollar el proyecto".

En cambio, se ha rechazado la moción de la CUP que reclamaba frenar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, y la de los Comuns que aseguraba que las garantías medioambientales de la anterior ampliación "no han conseguido sus objetivos".

Finalmente, no han prosperado las propuestas del PP para completar la B-40 (el Cuarto Cinturón Viario entre Terrassa y Sabadell) ni instar al Govern a atraer grandes eventos deportivos, entre los que se citaba una candidatura conjunta entre Catalunya y Aragón para optar a los Juegos Olímpicos de Invierno.