El interventor de la Generalitat ha admitido que el discutido contrato por el que el Consell sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor en la organización de la Fórmula 1 no pudo resultar delictivo porque no existe procedimiento alguno en el que enmarcar esta garantía. El interventor declaró recientemente en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que tramita tres causas relacionadas con este evento automovilístico, en dos de las cuales se encuentra imputado el expresident de la Generalitat Francisco Camps.

El contrato por el que se le preguntó fue firmado el 19 de julio de 2011 por Camps, un día antes de su dimisión como president de la Generalitat tras conocerse su procesamiento en la conocida como causa de los trajes del caso Gürtel. La Intervención de la Generalitat, en un informe incorporado a la causa en 2017, había señalado inicialmente sobre este documento que “no respetó los principios de legalidad administrativa y financiera, de contabilidad y de control que forman parte del ordenamiento jurídico de la Generalitat”.

Sin embargo, en la comparecencia ante el juez el interventor explicó que legalmente no se puede considerar un aval, porque no garantizó operación de crédito alguna y no existe un procedimiento legal en el que se pueda enmarcar esta operación. Según las fuentes del caso, consultadas por EFE, resulta incoherente apuntar la posibilidad de un delito de prevaricación porque no existía marco legal alguno al que se tuviese que someter dicho aval, que no generó obligación alguna para el Consell, puesto que no se trataba de una operación de crédito cuantificada, ni llegó jamás a entrar en vigor.

Esta pieza fue archivada por la jueza instructora en diciembre de 2018 con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, pero fue reabierta meses después a petición de la Abogacía de la Generalitat únicamente -así lo indicó la Audiencia Provincial- para que se investigase lo relativo a este aval. Este cauce de investigación, además de estar prácticamente agotado, ya que únicamente queda por completar la declaración de un responsable de la UDEF-, ha consumido ya el periodo máximo de instrucción acordado, de modo que parece abocado a un nuevo archivo que podría resultar definitivo, según las fuentes consultadas.