Agricultura

Los agricultores acusan a Mollà de dejarles fuera de las ayudas de reestructuración

Las subvenciones únicamente fijan como posibles destinatarios a entidades asociativas con personalidad jurídica

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà
La consellera de Agricultura, Mireia Mollàlarazon

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) critica que la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, deja fuera a los agricultores individuales de las ayudas a planes de reconversión y reestructuración colectivos contempladas en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana, lo que implica la exclusión del 60 por ciento de la producción agraria.

Según la Orden publicada hoy en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), las bases reguladoras de dichas subvenciones únicamente fijan como posibles destinatarios de las mismas a entidades asociativas con personalidad jurídica, fundamentalmente cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SATs). El Botànic II vuelve a desoír de este modo las demandas que AVA-ASAJA formuló, durante las últimas reuniones de la comisión de seguimiento del PDR, para que las ayudas también lleguen a los agricultores a título individual que posean un mínimo de superficie.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, matiza que “no vamos a negar la preferencia que deben tener las entidades asociativas a la hora de acceder a las ayudas de reconversión y reestructuración colectivos, pero consideramos inconcebible que la Administración niegue la entrada de dichas ayudas a los agricultores particulares porque supone una discriminación arbitraria y contraproducente para lograr la necesaria modernización del sector”.

Esta línea de subvenciones cubre el 40 por ciento de inversiones para la compra de tierras agrícolas; la implantación y reestructuración de cultivos permanentes, reinjertado y adecuación de los marcos de plantación a la mecanización; la gestión en común de parcelas; la mejora de la eficiencia hídrica y energética en el uso del agua de riego o la implantación de métodos de cultivo tecnológicamente avanzados; la adquisición de patentes, licencias, derechos y marcas registradas; y los honorarios de ingenieros o estudios de viabilidad.