La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha estimado la demanda presentada por la síndica adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, contra la negativa de la Agencia Antifraude a facilitarle dos expedientes relativos a la investigación incoada por esa oficina en relación a la concesión de ayudas al fomento del valenciano a dos empresas de Morella, propiedad de los hermano del presidente Puig.

La Agencia Antifraude denegó en octubre de 2019 la entrega a la diputada autonómica de esa documentación, que fue remitida a un juzgado de Instrucción en el marco de una investigación penal, tras alegar el deber de confidencialidad y reserva establecidos en la ley autonómica que dispuso la creación y funcionamiento de este organismo.

La Sala considera que esa negativa vulnera el derecho a la participación política establecido en el artículo 23.2 de la Constitución Española y entiende que es de aplicación preferente frente a otras normas autonómicas el Reglamento de Les Corts.

El artículo 12 de dicho reglamento establece que se facilitarán copias de la documentación solicitada por los parlamentarios a través del presidente de Les Corts, sin distinguir si esos documentos proceden de órganos ejecutivos del Consell o de órganos independientes del Consell.

El tribunal tampoco encuentra obstáculo para satisfacer la solicitud de copia del expediente realizada por la síndica adjunta del PP en el hecho de ésta hubiera presentado querella por la concesión de las citadas subvenciones, ya que hay que distinguir los títulos habilitantes querellante y diputado en ejercicio de su función parlamentaria. La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, condena en costas a la Administración demandada.

La empresa Comunicació dels Ports, propiedad del hermano del presidente Puig, presentó la misma documentación para recibir las ayudas a la utilización del valenciano y del catalán en Cataluña y en la Comunitat Valenciana, a pesar de que en ambas administraciones aseguraba que no tenía ninguna otra subvención por el mismo concepto, según consta en la documentación presentada ante la Dirección general de Política Lingüística y en el departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

Como ya publicó LA RAZÓN, durante los años 2016, 2017 y 2018, Francisco Puig Ferrer, como consejero delegado de Comunicació dels Ports, S.A, con domicilio en La Sénia (Tarragona) solicitó la subvención destinada a televisiones de titularidad privada que concedía la administración catalana por utilizar el catalán o aranés.

Por el mismo concepto, esta vez, por el uso del valenciano en su medio, recibió también las correspondientes a la Generalitat Valenciana. En esta ocasión la dirección de la empresa cambia y se establece en Morella.

La duplicidad de los gastos para desarrollar su actividad no solo corresponden a las nóminas de sus empleados (todos trabajan en valenciano y en catalán), sino también a otro tipo de pagos realizados por la empresa, como suministros, material o compras. Es decir, la misma documentación se presentaba en las dos comunidades para recibir sendas ayudas por los mismos trabajos realizados por las mismas personas, incluido el propio director gerente, Francisco Puig.

Redactores, técnicos de comunicación o producción y realizadores que, según la documentación, tenían un sueldo y un contrato, y por los que la empresa recibía cantidades diferentes correspondientes a dos ayudas. Además, en estos contratos, los trabajadores empleaban la jornada completa, lo que hace que no pudieran trabajar en dos empresas a la vez y durante las mismas horas.

La estrategía fue utilizada por la empresa durante tres años consecutivos sin que ni en Cataluña ni en Valencia se detectara esta duplicidad que, en principio, se considera irregular.