El jefe de la UDEF que investigó el PGOU de “Brugal” defiende la integridad de las escuchas

El jefe de la brigada de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) que investigó el supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU) ha ratificado en el juicio los informes de conclusiones emitidos a partir de las averiguaciones detectadas y ha defendido la integridad de las escuchas telefónicas captadas a los investigados.

La causa sobre el planeamiento de la ciudad es una de las veinte piezas en las que se dividió el ‘caso Brugal’ iniciado a partir de las presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de la basura del municipio de Orihuela (Alicante).

El proceso se dirige contra los exalcaldes de Alicante del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y contra el empresario Enrique Ortiz, junto a otros seis acusados entre los que figuran los abogados del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa).

La Fiscalía sostiene que los dos expolíticos favorecieron al conocido promotor en el diseño del nuevo PGOU durante su fase de redacción, entre 2007 y 2010, a cambio de supuestas dádivas.

Entre ellas, entregas de dinero en metálico con las que se pudo costear la compra de las viviendas de las hijas de Díaz Alperi, viajes pagados a Ibiza, Andorra y Creta y un vehículo modelo Mini Cooper.

Durante su declaración, el jefe de la brigada de la Udef que dirigió la investigación ha sostenido que los informes recogían una concatenación de hechos de la que se desprendían indicios delictivos a partir de la información obtenida en las escuchas telefónicas, los seguimientos a los investigados, el contraste de los movimientos de sus cuentas bancarias y la documentación hallada en los registros de oficinas y domicilios.

A lo largo de más de tres horas, ha ratificado los episodios en los que, según el sumario, se pudo beneficiar los intereses de Ortiz en planes como el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, la recalificación de suelo en Aguamarga o la posibilidad de que se le compensase con terrenos urbanizables tras la compra de sectores protegidos.

Según ha explicado, las conversaciones daban paso a la celebración de reuniones entre los investigados en diversos emplazamientos, como las oficinas de la Gerencia de Urbanismo, el yate de Ortiz o conocidos restaurantes de la ciudad, entre otros.

También ha defendido la integridad de las conversaciones captadas a través de las escuchas, que es una de las claves del proceso, a la vista de las impugnaciones planteadas por las defensas en las que solicitan su nulidad.

Según el jefe de la Udef, las conversaciones al completo se facilitaban al juzgado instructor de Orihuela. Además, ha señalado que su contenido no se puede alterar puesto que figuran en el programa informático Sitel, del Ministerio del Interior, en el que solo se posibilita su lectura, sin que exista la opción de modificarlo “aunque se quiera”.

Tras su declaración, también ha comparecido el comisario jefe que supervisó la labor de la brigada de la Udef. En su caso, ha señalado que le reportaban los avances generales de la investigación una vez a la semana y que él sí tutelaba de manera directa los operativos de vigilancia para garantizar que los agentes no eran advertidos por los investigados.

Además, a preguntas de los abogados de las defensas ha señalado que no se vulneraron derechos fundamentales de los exalcaldes por el hecho de ser elegidos diputados autonómicos y ser aforados, puesto que inicialmente se investigaba a Ortiz.

En esta línea, también ha señalado que todas las actuaciones desplegadas eran puestas en conocimiento de la Fiscalía y del juzgado, por lo que tenían con las autorizaciones necesarias.

También ha declarado el exarquitecto municipal Manuel Beltrá, quien ha confirmado que emitió un informe por el que proponía la desestimación de la solicitud presentada por Aligestión para llevar a cabo el proyecto de remodelación del estadio José Rico Pérez.

Ha indicado en su informe que consideró que era una actuación de “calado” por lo que debía considerarse si resultaba pertinente en el marco de la revisión del PGOU que entonces estaba en trámite.

Beltrá se ha referido, igualmente, al trabajo desarrollado por el urbanista Luis Cantallops hasta diciembre de 2004 durante la primera fase de la redacción del PGOU para asegurar que él había emitido un informe en el que se apuntaba que podía someterse a información pública, pese a que tuviera que introducirse correcciones normativas para adaptarse a la nueva legislación urbanística de la Comunitat.