La defensa de Alfonso Grau: "Si las empresas pagaron gastos del PP, no hay malversación"

El abogado del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha sostenido este martes en su informe final que "si fue el dinero de la empresas el que pagó los gastos electorales de un partido (PP), eso no tiene nada que ver con la malversación de caudales públicos", al tiempo que ha pedido la libre absolución del que fue mano derecha de Rita Barberá durante cerca de 20 años.

El letrado Jesús Bonet ha leído su informe final en la última sesión del juicio por la pieza A del caso Imelsa, en la que están procesados Alfonso Grau, la exsecretaria del grupo municipal del PP Mari Carmen García Fuster, el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el exresponsable de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación Urbana Juan Eduardo Santón.

Grau, de 83 años, está acusado de los delitos de malversación, cohecho en su modalidad continuada y falsedad documental en relación a supuestas corruptelas para engordar la 'caja B' del partido y financiar con ella las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011.

Ya fue condenado por cohecho (9 meses y 1 día de prisión) por aceptar como regalo dos relojes de lujo de un empresario que había suscrito 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015.

La defensa de Grau ha criticado la inclusión al final del juicio de la acusación de falsedad documental. "El fiscal piensa en que se ha falseado algo para dar cobertura a la malversación, que no se sostiene", ya que a juicio de este letrado las fundaciones que supuestamente derivaron fondos para las campañas del PP no pertenecían al sector público.

Para sostener esta tesis, Bonet ha citado varios párrafos de la sentencia del caso Nóos, en el que Grau -presidente de Turismo Valencia- fue absuelto.

"Si son las aportaciones empresariales (de empresas adjudicatarias del Consistorio) las que motivan el delito, estaríamos ante un supuesto de financiación ilegal", ha manifestado el letrado en referencia a un delito que no se incorporó al Código Penal hasta 2015.

Sobre la acusación de cohecho, ha afirmado: "Seguimos sin saber cuál es el elemento del cohecho, cómo se cifra o canaliza, y eso que se han investigado cuentas bancarias. Si hubiese elementos indiciarios los tendríamos en la sala, y no hay nada. ¿Qué dinero se quedó Grau, cómo lo hizo?".

El abogado ha defendido la declaración contradictoria del que fue asesor de Grau y empleado de Laterne, Jesús Gordillo.

"Podría parecer una casualidad, pero parece causalidad", que Gordillo se incorporase como economista a la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Valencia en 2017, ha afirmado Bonet.

"Alguien quizá conocía su necesidad, estaba en paro. Su aparición en la causa -entregando documentación que permitió ampliar la investigación a 2007- se produce cuando se consideraron prescritos estos hechos por el juez instructor, y gracias a su intervención se reaviva la investigación, es terriblemente extraño".

"¿Alguien se ha preguntado por qué hizo Gordillo lo que hizo? ¿Nadie se ha planteado que a lo mejor le pesó en la conciencia lo que había hecho con quien menos se lo merecía? Si hubiese sido al revés su declaración hubiese sido bienvenida, pero parece que la figura de los arrepentidos sólo es válida si juega a favor de las acusaciones", ha lamentado.

Por último, ha abundado en la "inexistente capacidad de decisión atribuida a Grau" tanto en el Consistorio como en las fundaciones que intervienen en esta causa, y en las dudas que existían sobre su pertenencia al sector público o privado porque, como ha subrayado en varias ocasiones "la malversación no puede ser imprudente, ha de ser dolosa".

El turno de Santón y Salinas

Las defensas de Juan Eduardo Santón y José Salinas, que han ejercido los letrados Jorge Sánchez-Tarazaga y Ángel Herráiz, respectivamente, han centrado sus informes finales en el hecho de que las fundaciones que ambos dirigieron contaban con un patronato gestor, estaban sometidas a auditorías y fueron creadas antes de la llegada del PP al Ayuntamiento.

Ambos están acusados de los delitos de malversación continuada y falsedad y se les reclama una condena de cinco años y dos meses por permitir el desvío de fondos públicos al pago de actos electorales del PP a través de contratos supuestamente simulados con firmas de comunicación, a las que habrían encargado trabajos que no se materializaron.

Sánchez-Tarazaga ha agradecido la "perseverancia inquisitiva" que mostró la ex edil socialista Ana Botella en su época en la oposición, pues "gracias a ella tenemos evidencias de todos los trabajos", y ha aludido a las ocasiones en las que se le hizo entrega en el pleno de las memorias de actividades de las fundaciones, entre otra documentación.

"No tiene sentido que su sucesora, Beatriz Simón, no esté acusada. No se me malinterprete, me alegro de que así sea, pero si no lo está es porque los trabajos que se encargaron se hicieron", ha añadido.

También ha considerado "forzada" la aplicación de la modalidad continuada del delito de malversación, ya que Juan Eduardo Santón dejó sus cargos en las fundaciones municipales en 2008 y el primero de los contratos que se le atribuye, en 2006, "no se firmó en periodo electoral, no tiene nada que ver".

"Y si no hay delito continuado, los hechos de 2006 ya han prescrito", ha añadido este letrado.

Por último, Herráiz ha insistido en que "no se ha demostrado la intervención de Salinas en hecho delictivo alguno", ha hecho referencia a que "no era funcionario público" e igualmente a la existencia de un patronato rector que es el que, según su tesis, dirige en la práctica la actividad de Turismo Valencia.

Sobre el hecho de que no se haya podido demostrar materialmente los trabajos contratados, ha indicado que nadie ha afirmado abiertamente que no existiesen, sino que no lo recordaban de forma concreta, y ha recordado al tribunal que "la duda, por principio penal, siempre va a favor del reo".

De los cuatro procesados, únicamente Santón ha ejercido su derecho a la última palabra y lo ha hecho para declararse inocente, exponer que tiene la conciencia tranquila y que ha sido "una desgracia tener que enfrentarse a recordar cosas de hace veinte años, es muy duro para una familia".

Tras esta intervención final, el juicio ha quedado visto para sentencia.