La defensa de Rus acusa al fiscal de "jugar con las cartas marcadas"

El abogado de Alfonso Rus, Emilio Pérez Mora, ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de "jugar con las cartas marcadas" en el caso Imelsa, en referencia a los audios que grabó Marcos Benavent, que dieron origen a la causa, y que esta parte considera nulos por haber sido obtenido de forma ilícita y no haberse hallado la fuente original que los contuvo.

Este letrado, que ha pedido la libre absolución de Rus, ha insistido en que "ninguna comisión rogatoria ha podido encontrar un solo euro ganado ilegalmente" por su defendido.

También ha cargado contra la actual consellera de Transparencia y denunciante del caso, Rosa Pérez Garijo, quien "no fue acusada pese a tener idéntica condición a la de Rafa Rubio -la de diputada provincial con asesores pagados por Imelsa-"; y también contra el exfiscal anticorrupción Vicente Torres, que "fue nombrado magistrado del TSJCV a petición del partido de Pérez Garijo".

"Mariano López -exsuegro de Benavent y responsable de la obtención de los audios-, Rosa Pérez, y Vicente Torres mantuvieron varias reuniones en la fiscalía, escucharon los audios y Mariano dijo que procedían de un disco duro externo que pertenecía a Benavent y que éste no pudo retirar del domicilio de su exmujer porque se le impidió tras el divorcio".

Este letrado ha puesto el foco sobre el hecho de que "el fiscal no pidiese ese material" y ha considerado lógico que no lo hiciese tampoco Benavent porque "nadie demandaría a su exmujer para que le entregase un álbum de fotos pornográficas; probablemente no retiró tampoco otros muchos de sus enseres".

Ha advertido también que "no es novedosa la manifestación respecto al disco duro externo" de donde se obtuvieron los audios, porque "Mariano López lo dijo a la UCO en noviembre de 2014", por lo que ha considerado que "el disco era de Marcos Benavent y se accedió al mismo vulnerando sus derechos".

Además, ha subrayado que "la Guardia Civil supo que no había nada en el ordenador, pero la Fiscalía lo ocultó a todas las defensas. Todo lo que se ha trabajado en este procedimiento se hace en orden a un pendrive entregado por Rosa Pérez que carece de toda trazabilidad, que no guarda la cadena de custodia y que fue manipulado el día antes de ser entregado al fiscal".

"No nos extraña en absoluto la feroz oposición del fiscal para que pudiésemos tener acceso a ese ordenador", ha agregado.

Por ello, ha concluido que "Mariano López seleccionó la información que quería encontrar y excluyó la que quiso, porque no es un empresario ejemplar -está procesado en otra de las piezas del caso Imelsa como receptor de un contrato de atención telefónica-". "Es un cuento chino que el disco duro se estuviese estropeando. El hallazgo de los audios no fue casual, López no tuvo derecho a acceder al disco porque no era de su propiedad, ni fue abandonado ni cedido, por mucho que haya pasado el tiempo".

Con respecto a la supuesta capacidad de decisión de Rus en Ciegsa, su defensa ha considerado que no existe prueba de cargo alguna que lo constate, y ha incidido en que "ni una sola de las declaraciones de los conformados puede constituir prueba contra Alfonso Rus".

Finalmente, este letrado ha llamado la atención sobre el hecho de que el anterior abogado de Benavent -el que le asistía mientras colaboró con la Justicia- "vaya a ser testigo de la Fiscalía para validar determinadas entradas y registros", en alusión al proceso contra Eduardo Zaplana, puesto que los papeles que dieron origen al caso Erial estaban en propiedad de Benavent y se hallaron en el despacho de su exletrado, según sostiene Anticorrupción.

En este mismo sentido, el abogado de Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Rus, ha lamentado que "este procedimiento nace con una investigación política previa y el trofeo de caza mayor era el presidente de la Diputación. La consecuencia necesaria era tumbar a otras personas, como mi cliente, que en ocho años no ha sido investigado más que en esta pieza... y eso que se le imputa la pertenencia a un grupo criminal".

Ilicitudes para obtener las pruebas

Por su parte, el abogado de Marcos Benavent, Juan Carlos Navarro, ha denunciado este martes la comisión de "ilicitudes" en la obtención de los audios que dieron pie a la constitución del caso Imelsa y ha señalado como "agentes perturbadores" a su exsuegro, Mariano López, a la actual consellera de Transparencia y denunciante del caso, Rosa Pérez, al fiscal y a la UCO.

"Es obligación de la sala condenar al culpable, absolver al inocente y sanar la ilicitud de la prueba, y no cabe duda de que en este procedimiento se han cometido irregularidades que no se pueden parchear, como pretenden las defensas, sino que habrá que sanarlas", ha agregado.

En su opinión, no sólo se ha vulnerado el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones de Benavent, sino también "algo que recoge ya el Supremo, como es el derecho al entorno virtual digital".

"Un disco duro o un pendrive no es una pieza de convicción en sí misma, sino que una vez aprehendida se ha de constatar su fiabilidad, su contenido, y no sabemos cómo ha llegado esa información -los audios- a la Guardia Civil, ni con qué mandato han accedido a los mismos, pero tampoco nos interesa, porque se ha demostrado que se han utilizado para conformar prueba en un procedimiento ya iniciado".

Según Navarro, decir que "el disco duro estaba en un lugar en el que varias personas podían tener acceso al mismo, o que Benavent no lo recogió o que nunca denunció para recuperarlo es parchear la realidad, porque en situaciones de divorcio es mejor salir por piernas, dejándose incluso hasta la medalla de la comunión".

"Pero eso no significa que renunciase a su derecho. Se dejó un disco duro que contenía su vida, correos, imágenes y audios que grabó como seguridad por si le pasaba algo. No hemos llegado a conocer la totalidad de lo investigado, pero -Benavent- hizo testamento en marzo de 2015 porque temía por su vida".

En referencia a Rosa Pérez, este letrado ha denunciado que "tardó meses en entregar los audios al fiscal y cuando lo hace oculta al fiscal el origen de los mismos, confundiendo así la instrucción durante años".

"No me creo que indicase verbalmente ni por escrito al fiscal que disponía de esos audios. Durante ese tiempo estuvo obteniendo información para asegurarse de que no había nada contra ella y atacar a sus contrincantes políticos", ha señalado Juan Carlos Navarro.

Respecto a la Fiscalía Anticorrupción ha señalado que "el hecho de que no interviniese pese a conocer la comisión de supuestos delitos entra en colisión con lo que dicen las instrucciones que recibe el Ministerio Público. Y en lugar de transmitir la documentación al juez, permite que se practiquen nuevas injerencias en derechos fundamentales".

Por último, ha citado la sentencia contra el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino por facilitar a otros investigadores un pendrive "obtenido de forma ilícita" con información sobre la familia Pujol.

Posteriormente, el abogado de Máximo Caturla ha calificado de "ficción" la idea de que su defendido "creó unos puestos de trabajo en 2003 para que en 2005 los ocupase gente, designada con la colaboración de Rus, que cobraron sin ir a trabajar".

"Todo eso es falso, ni tuvo capacidad para crear esos puestos de trabajo, ni decidió quién tenía que entrar en cada puesto", ha concluido.