Justicia
La Generalitat añade nuevo módulo en los baremos del turno de oficio para el requisito de procedibilidad
Es para que los letrados de oficio puedan cobrar, con retroactividad desde el pasado 4 de abril, su labor en esta materia
La Conselleria de Justicia añadirá un nuevo módulo en los baremos del turno de oficio para que estos letrados puedan cobrar, con retroactividad desde el pasado 4 de abril, su labor en esta materia, con unas tarifas que contemplan 50 euros en caso de desavenencia y 385 en caso de acuerdo.
Según ha informado la consellera de Justicia, Nuria Martínez, en los Desayunos de EFE en el Colegio de Abogados, este cambio es consecuencia de las nuevas medidas contempladas en la Ley de Eficiencia de la Justicia, que exige el conocido como requisito de procedibilidad como trámite previo a la hora de presentar una demanda en el juzgado en los ámbitos civil y mercantil.
Esto exige a las partes en litigio acudir a un medio de solución de controversias antes de la presentación de la demanda, es decir, un intento de negociación, mediación o conciliación, de modo que únicamente cuando estos intentos fracasa se puede presentar la demanda.
Hasta la fecha, una de las pocas regiones que había resuelto este baremo para los profesionales del turno era la Comunidad de Madrid, con 200 euros en caso de no acuerdo y 375 en caso de acuerdo.
La consellera ha lamentado la “falta de coordinación” con el Ejecutivo central en esta materia, que “genera mucha inseguridad” por la indeterminación sobre lo que consiste el referido requisito de procedibilidad.
“Además, se genera desigualdad entre las regiones, porque las cantidades que ha puesto Madrid sobre la mesa son inasumibles para el resto de comunidades. Nosotros nos moveremos en los mismos parámetros que el resto”, ha asegurado.
Las críticas al Ejecutivo central son compartidas por el decano del Colegio de Abogados de Valencia, José Soriano, que califica la citada Ley de Eficiencia de “maltrato ministerial a las comunidades autónomas y torpeza legislativa”.
Ha afirmado que se trata de un "maltrato legal" y ha lamentado que “desde el pasado 4 de abril apenas se han presentado demandas en procedimientos civiles por este requisito inventando por un torpe legislador que impide al abogado ejercer y al ciudadano defenderse”, ha lamentado.