En 2004 la ministra socialista Cristina Narbona derogó el trasvase del Ebro, un proyecto que era una de las patas fundamentales del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado en 2001 durante el Ejecutivo que presidió José María Aznar.

Esta decisión marcó también un antes y un después en la política hidráulica en España, pues muchas de las actuaciones previstas en este documento y que se entendían como complementarias al trasvase quedaron también en un cajón. Entre ellas, prácticamente la totalidad de las obras diseñadas para prevenir las avenidas en la cuenca del Júcar, una demarcación hidrográfica que puede pasar del drama de la sequía al de las inundaciones en tan solo 24 horas.

La Generalitat valenciana presentó ayer al Ministerio de Transición Ecológica un documento que recoge las actuaciones fundamentales para reducir el impacto de los episodios de lluvias intensos. En total, estas obras suman 2.390 millones de euros.

Esta inversión está contemplada en el plan contra inundaciones que el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, presentó ayer al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. A su vez, este documento forma parte del Plan de Recuperación que el jefe del Consell, Carlos Mazón, ha reclamado al Gobierno central por valor de más de 31.000 millones de euros.

Entre las infraestructuras que deben desarrollarse de manera más urgente figuran las que ya estaban recogidas en el PHN y que, por distintos motivos, no han sido puestas en marcha.

El documento recupera las actuaciones de defensa frente a inundaciones en la cuenca del Turia y en todo el área del barranco del Poyo. Durante la DANA del pasado 29 de octubre, este último llegó a registrar 2.282 metros cúbicos por segundo. Lo que ocurrió minutos después es de sobra conocido.

La Generalitat, por tanto, considera imprescindible desarrollar actuaciones en la cuenca alta y media de este barranco.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene sobre la mesa la «Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a Albufera» que, como ya publicó LA RAZÓN, no se puede ejecutar en estos momentos porque choca contra la Ley de Protección de la Huerta que aprobó el Consell que presidía el socialista Ximo Puig.

Entre las infraestructuras que ahora ha rescatado la Generalitat, se incluye la ejecución de la presa de Vilamarxant. Un proyecto sobre el que la CHJ se ha limitado a afirmar hasta el momento que «está descartado por múltiples razones».

Esta infraestructura sería un refuerzo para evitar inundaciones en la ciudad de Valencia, que en esta ocasión, ha quedado protegida por el desvío del río Turia que se ejecutó tras la mortal riada de 1957. Serviría también para proteger esta zona del área metropolitana de Valencia que, aunque en menor medida de la del sur, también está afectada por la DANA.

En esta última ocasión llegó a desaguar hasta 2.000 metros cúbicos por segundo, dejando una imagen para la historia y poniendo también en valor las grandes obras de ingeniería. Todas estas actuaciones supondrían una inversión de 500 millones de euros.

Se plantean también actuaciones de conservación en cauces de fuerte impacto en caso de inundaciones sobre el medio urbano por 60 millones de euros al año.

El conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, admitió ayer que todas estas actuaciones son, en demasiadas ocasiones fuente de conflictos y confrontaciones entre administraciones, pero instó a trabajar para sacarlas adelante «para hacer prevalecer el interés general y la salvaguarda de la población».

En otro paquete, se han propuesto también otras actuaciones de defensa frente a inundaciones con un presupuesto de 220 millones de euros.

Se trata de la nueva presa de Montesa, la alternativa a la presa del Marquesat (para regular el río Magro) y actuaciones en el río Sellent.

Preguntada sobre estas actuaciones, la CHJ afirmó que el proyecto de la presa de Montesa está redacción. Por lo que respecta a la del Marquesat, dijo que no puede ejecutarse porque no se cumplen las condiciones geológicas adecuadas.

Reparación de presas

La Generalitat también ha incluido un paquete de inversiones destinadas a la reparación de las presas existentes, bien sean de titularidad estatal o autonómica para adecuarlas a la normativa. La inyección económica necesaria suma 550 millones de euros.

Para completar la defensa del territorio de la Comunitat Valenciana, habría que añadir actuaciones de defensa y encauzamientos en otros sistemas (Mijares, Plana de Castellón, Río Seco, Río Vaca, cuenca del Segura, entre otras) y que están presupuestadas en 370 millones de euros.

El plan que ha presentado la Generalitat valenciana plantea la modernización e implementación de nuevos modelos predictivos capaces de anticipar situaciones de riesgo en tiempo real, así como la instalación de nuevas estaciones de aforo y sensores de control, además de la vigilancia remota de los cauces mediante la instalación de cámaras.

Recoge también la puesta en marcha de un sistema de alarmas en los cauces con gran impacto urbano, que estén conectadas con los servicios de Protección Civil de los municipios para su pronta respuesta. Estas dos actuaciones supondrían una inversión de 100 millones de euros.

Por último, se plantea el refuerzo contra la vulnerabilidad del Canal Júcar-Turia que ya dispone de anteproyecto y contaría con un presupuesto de 450 millones de euros.