Les Corts apoyan subir el sueldo a altos cargos y funcionarios de la Generalitat valenciana

Los votos del PP, PSPV y Compromís permitieron aprobar ayer el decreto ley del Consell que modifica la ley de Presupuestos de 2024 para incluir la subida salarial del 2 por ciento para los altos cargos del Consell, el personal empleado público de la Generalitat, las universidades públicas y el docente de los centros concertados.

Este nuevo curso político, que no ha comenzado oficialmente pues el periodo de sesiones ordinarios aún no ha arrancado, empieza a dibujar alguna de las situaciones que serán cada vez más habituales.

Vox votó en contra de este decreto ley alegando que aunque sí está de acuerdo en el aumento de los salarios a los funcionarios, considera que el «gasto en políticos debe estar congelado», según defendió el síndic de este partido, José María Llanos. Además, se mostró seguro de que los valencianos comparten esta idea.

Tras la aprobación de este decreto los empleados públicos de la Generalitat cobrarán en la nómina de septiembre el incremento salarial aprobado por el Gobierno de España con efectos retroactivos desde el 1 de enero, lo que supone 224 millones de euros de gasto para este año.

De esta manera, se equiparan a la subida que el Gobierno central aprobó para los funcionarios de ámbito estatal, y a esto se acogió ayer el PP para justificar la aprobación de una medida que criticó cuando estaba en la oposición.

El socialista Toni Gaspar dijo que no votar a favor hubiera sido actuar con «demagogia» y recordó cuando el ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, criticaba que Ximo Puig se subiese el sueldo.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, explicó que apoyan el decreto porque no quieren «hacer pagar a los trabajadores públicos el precio de la hipocresía» del PP. No obstante, precisó que si Mazón, «fuese coherente con sus palabras debería bajarse el sueldo, no subirlo».

Así, las retribuciones de los miembros del Consell se establecen en 80.173 euros para el presidente de la Generalitat, 68.297 para la vicepresidenta y los consellers, y 68.281 para los secretarios autonómicos, sin derecho a pagas extraordinarias.

En lo que sí que encontró el PP el apoyo de Vox fue en la aprobación del decreto que regula los apartamentos turísticos.

Les Corts convalidaron esta norma que, entre otras cuestiones, contempla sanciones de hasta 600.000 euros para las faltas muy graves o que obliga a renovar las licencias de piso turístico cuando se produzca su venta, una cuestión que provocaba también el incremento del precio de la vivienda, según explicó la consellera de Turismo, Nuria Montes.

Por su parte, la diputada socialista Maite García alertó de que la Abogacía de la Generalitat han puesto reparos técnicos a un decreto ley que «llega tarde y que no soluciona el problema de base».

En la Diputación Permanente de ayer también compareció el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus quien avanzó la redacción de un anteproyecto de ley que establezca un Cuerpo de Agentes Medioambientales para regule esta profesión dignificarla.