Save the Children alerta: más de 352.000 niños en la Comunidad Valenciana están en riesgo de pobreza

Save the Children ha alertado este lunes de que el 39,9 % de los menores de 18 años en la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 32,2 % de hace un año, lo que supone que más de 352.000 niños y niñas están en esta situación.

La organización ha señalado que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, referida a 2023, el 18,4 % de los menores de 18 años, un total de 162.000 niños y niñas, viviría en hogares en situación de pobreza severa, un aumento de más de seis puntos con respecto a los datos del año anterior.

En lo que respecta a la población en general, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado en dos puntos, pasando del 27,5 al 29,6 %, lo que vuelve a dejar a los niños y niñas como uno de los colectivos más vulnerables, según Save the Children.

En el conjunto de España, un 34,4 % de los niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone que las cifras de pobreza infantil en la Comunitat Valenciana se situarían cinco puntos por encima de la media estatal.

Save the Children ha puesto el ejemplo de Shandy, que vive en Valencia con sus dos hijas y su sobrina, además de con dos personas mayores que dependen de ella, quien gana unos 1.300 euros al mes y paga 520 de alquiler, por lo que no le llega el sueldo pese a trabajar a jornada completa en la hostelería.

Para el responsable de esta organización en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, el aumento de niños y niñas que están en una situación de pobreza es una mala noticia, y ha indicado que vivir en estas condiciones implica no tener una alimentación saludable, pasar frío en casa por no poder poner la calefacción o no poder permitirse ir al dentista, lo que "les condiciona en su desarrollo día a día".

Para combatir la pobreza infantil, proponen ampliar la cobertura y mejorar la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión, priorizando a las familias con menores de edad a cargo y monomarentales; ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social, y garantizar que estos menores tengan cubiertos los costes de transporte, comedor, material escolar y extraescolares.