La Sindicatura detecta 1.600 millones en enriquecimiento injusto en la contratación de la Generalitat durante 2023

El informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad en la contratación de la Administración de la Generalidad durante el ejercicio 2023 realizado por la Sindicatura de Cuentas, ha detectado un total de 783 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto por un total de 1.668,4 millones de euros. De este importe, un 88,3 por ciento corresponde a la Conselleria de Sanidad. Los anteriores informes de la Sindicatura ponen de manifiesto reiteradamente las incidencias en el cumplimiento de la legalidad y en la contabilización de estos expedientes.

Durante el primer semestre de este año el pleno del Consell aprobó diversos expedientes de enriquecimiento injusto, es decir, pagos de facturas en los cajones, acumuladas de periodos anteriores. La entonces portavoz del Consell y todavía consellera de Hacienda, Ruth Merino, insistía en atribuir a la «inercia» del Botànic el incremento en los últimos meses de este tipo de facturas y aseguró que trabajaban para revertirlas y devengarlas.

En cuanto a las incidencias comunes, el informe señala que, en la mayoría de los expedientes revisados, ​las condiciones especiales de ejecución, los criterios de adjudicación y la adscripción de medios presentan importantes incidencias.

«Ninguno de los expedientes revisados ​​contiene la información requerida sobre la suscripción de los subcontratos». Además, apunta que «no todas las consellerias han publicado su plan de contratación del ejercicio 2023 por medio de un anuncio de información previa».

Señala asimismo que «la mayor parte de las consellerias no han aplicado los procedimientos para dar cumplimiento adecuado al artículo 64 de la LCSP, en cuanto a adoptar las medidas adecuadas para detectar y solucionar los posibles conflictos de interés de todo el personal que participa en los procedimientos de contratación».

La Sindicatura denuncia que, en general, «los medios personales de las consellerias son insuficientes, o carecen de la formación necesaria, para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con criterios de economía, eficiencia y eficacia, y de cumplimiento de la normativa de contratación pública».

En cuanto a los contratos no menores, apunta que la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato no se determinarán con precisión y el objeto del contrato no está adecuadamente determinado.

Añade que los contratos no contienen «cierto precio» y no se justifica adecuadamente la elección de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

Denuncia asimismo que «no se cumplen los requisitos para la tramitación de urgencia» y que la documentación del expediente no es suficiente para comprobar que la adjudicataria cuente con los recursos humanos necesarios para ejecutar el contrato.

El informe señala también que «no está adecuadamente justificado que el presupuesto base de licitación se haya determinado con arreglo a los precios de mercado» y que la resolución de adjudicación no contiene la información necesaria que permita a los interesados ​​en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.