El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia aprobará este miércoles la contratación de una o varias pólizas de crédito con entidades financieras por un importe conjunto máximo de 40 millones, para obtener liquidez y hacer frente a "los pagos ineludibles manteniendo el equilibrio financiero".

Así lo ha afirmado esta empresa pública en un comunicado, en el que explica que esta decisión se adopta mientras se resuelve una controversia en la interpretación del convenio vigente entre Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) y la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

Esta litigio está relacionado con las compensaciones por el uso del título SUMA en los autobuses urbanos desde junio de 2024, y ha generado una deuda aproximada de 40 millones de euros.

La EMT ha asegurado que va a reclamar el pago de ese dinero mediante las vías legalmente aplicables, que incluyen primero la vía administrativa y después la judicial, pero mientras se resuelve el litigio anterior aprobará la contratación de uno o varios créditos por un importe conjunto máximo de 40 millones.

Con estas pólizas, ha dicho, se conseguirá obtener liquidez inmediata para cubrir los desfases de tesorería y, de ese modo, poder hacer frente a los pagos ineludibles manteniendo el equilibrio financiero.

Por otro lado, la EMT solicitará a la ATMV un acuerdo específico para superar el problema planteado y permitir que antes de que finalice julio los pagos que deban realizarse no sean objeto de controversia.

Por su parte, la concejala socialista María Pérez ha denunciado que los impagos de la Generalitat de Carlos Mazón por la tarjeta SUMA obligan a la EMT pedir un crédito "para hacer frente a las nóminas de los trabajadores y a la compra de gasoil".

Además, ha señalado que la propia empresa municipal "deja en el aire la continuidad de la tarjeta SUMA a pesar del perjuicio que supondría para los usuarios si a finales del mes de julio no ha alcanzado un acuerdo con la Autoridad Transporte Metropolitano".

Para la concejala, esta situación "es una consecuencia directa de la falta de responsabilidad y previsión del gobierno municipal y autonómico, que han dejado que los impagos se disparasen durante un año sin ofrecer ningún tipo de solución".