Mentiras de la historia de España: La leyenda negra de la Inquisición

Sobre la Inquisición y España o la Inquisición en España han corrido ríos de tinta, como por otra parte es lógico. Si tuviéramos que hacer un esquema cronológico de esos escritos, qué duda cabe que la voluminosa obra de Juan Antonio Llorente, que fue Comisario de la Inquisición, afrancesado y exiliado y que, curiosamente, quemó todos los papeles oficiales que dijo obraban en su poder y usó para escribir su «Historia crítica de la Inquisición española», pero cuyas afirmaciones sirvieron para reafirmar y reavivar la tópica imagen inquisitorial fuera y dentro de España, digo que Llorente puede tenerse como un punto y seguido de los escritos sobre la institución, subjetivos, fabulosos y perniciosos. Los estudios de las últimas décadas han profundizado en fijar la verdad y dedicarse a escudriñar en los archivos y hacer análisis caso a caso. En ese sentido los institutos de Historia de la Inquisición o a Biblioteca Sefarad reflejan la novedad científica, dentro y fuera de España.

Normalmente se cree que la Inquisición era la Inquisición. Y eso es todo: sinónimo de piras, torturas, crueldades cotidianas por doquier y ausencia de reglamentos. Además, una cueva de horrores propia solo de España. Desde luego que muchos de sus miembros debían tener un puntito de crueldad y sadismo fuera de lo común que ocultaban con habilidad monumental tras los principios de la Teología. Por cierto, ¿qué tal leer a Calvino?

Sin embargo, hay algunas cosas, cabos sueltos, que el común de los mortales no se pregunta, o si se lo ha preguntado no ha hallado respuesta, o no la ha buscado; cabos sueltos que se deben volver a atar permanentemente.

Por ejemplo: que había una «Inquisición romana» y una «Inquisición española» que eran diferentes. Así, que la Inquisición española nació definitivamente en 1478 por bula de Sito IV, y que el primer auto de fe tuvo lugar en Sevilla, en 1480. A su vez, que la Inquisición fue abolida del todo (había habido decretos en ese sentido de José I Bonaparte) en 1834, mientras que la romana, veladora de la ortodoxia, lógicamente permanece, mutatis mutandis, viva bajo el título de «Congregación para la Doctrina de la Fe», pues es imprescindible dirimir cuestiones, mantener encendida la luz del camino.

También es bueno saber que tras varios tiras y aflojas, Fernando el Católico logró arrancar del Papa la capacidad de proponerle la terna de candidatos al cargo de Inquisidor General, el cual presidiría a su vez el Real y Supremo Consejo de la Inquisición. O sea, que la cabeza de la institución estaba ligada, por lazos de dependencia, al rey.

También es bueno traer a colación que la Inquisición no fue solo Torquemada, aunque también es bueno tener presente que el periodo más brutal de la Inquisición fue el inicial. Hace años dos profesores recontaron todos los procesos que se conservan entre 1540 y 1700 y llegaron a esta conclusión (entre otras): hubo 49.000 personas procesadas (hasta 1834 difícilmente se llegaría las 100.000). Aproximadamente el 27% fue procesado por blasfemias; el 24%, por seguir practicando la religión de Mahoma aun habiendo sido bautizados; el 10%, por falsos conversos; menos del 10% por luteranos y otro tanto por brujería y supercherías y lo demás, se cubriría con sodomitas, bígamos, curas solicitantes y otras faltas y pecados.

Es bueno recordar, también que la Inquisición nunca juzgó a judíos. La Inquisición solo tenía jurisdicción sobre cristianos, esto es, sobre bautizados. Por ello, cuando Isabel I visitó Córdoba y quedó espantada de la cantidad de convertidos que seguían practicando la Ley de Moisés y es más, incluso tentando a otros conversos para que dieran marcha atrás y «marraran» (marrar en español quiere decir «equivocarse», y marrano es el «equivocado» y con fácil maldad, el «cerdo») y cuando vio que ni aun la instauración de la institución era bastante para frenar tales y tantos procesos de herejía por apostasía, vio que la única salida que había para el bien de las almas de sus súbditos y la de su propia conciencia, era o bien que se bautizaran y así poderlos vigilar a los neoconvertidos, o expulsar a los que no quisieran abrazar la «verdadera religión».

Por tanto, desde 1492 en España no quedaban judíos. Todos los súbditos (a excepción de unos grupos musulmanes, que son otra historia) de Isabel y Fernando eran cristianos católicos que si marraban, o apostataban en secreto era su problema y debían ser corregidos.

Para esa corrección se instauraron tribunales de distrito, con su estructura jurídica plena; con médicos, sí con médicos; con otros cargos subalternos como el de carceleros y sobre todo con una gran red de ojos, oídos y bocas que todo lo oían, veían y delataban que eran los «familiares de la Inquisición».

Existía, pues, un orden jurídico en el funcionamiento de la Inquisición, que todo lo tenía sometido a su ley: desde cómo llegar a juez (con estudios de Derecho canónico y Teología, de ahí su implantación fructífera en las universidades) a cómo un campesino analfabeto podía ser familiar de la Inquisición.

Todo estaba sometido a su ley: desde que se avisaba de que iba a haber una visita inquisitorial a la comarca en cuestión, anunciada por un «edicto de gracia», hasta el inicio del procedimiento recabadas las primeras delaciones en que se daban nombres de unos u otros, no fuera a ser que me nombraran a mí por allí y yo ni me hubiera ido a confesar. Esas declaraciones eran secretas. «¿Sabes de alguien que…?»; «¿Sabes por qué estás aquí…?»; «¿Crees que alguien ha podido dar tu nombre y por qué causa, y que por ello estás aquí?»...