48 webs de descargas ilegales cerradas en tres años

Las recientes sentencias contra Goear y Exvagos son los últimos resultados de la lucha contra la «piratería», que dejan un balance todavía lejos del resto de países europeos. La Coalición de Creadores se queja de la lentitud de las acciones, pero Cultura destaca «que éste es el buen camino»

Los tribunales están actuando contra la «piratería» en España. Las mejores noticias en esta lucha las están dando sentencias como las que se han dictado contra dos páginas recientemente: Exvagos y Goear ya no son webs accesibles desde España y su rastro ha sido eliminado de los buscadores en nuestro país. Además, en ambos casos se cierran las puertas a la opción de que estos sitios se repliquen bajo un nombre o dominio similar, y se notifica a las empresas de publicidad para que dejen de prestarle servicio a esas compañías. Estas dos resoluciones de la Audiencia Nacional son resultado del trabajo de la Comisión Segunda de la Propiedad Intelectual, cuyo desempeño, sin embargo, mantiene enfrentado al Ministerio de Cultura y a la Coalición de Creadores, asociación que agrupa a las industrias culturales. Según datos facilitados por el departamento que dirige en funciones Íñigo Méndez de Vigo, el balance de la Sección Segunda entre el 1 de marzo de 2012 y el 4 de mayo de 2016 recoge 48 páginas que han cerrado como consecuencia de la acción de la Comisión, a las que habría que sumar las que han sido clausuradas por una acción policial.

En concreto, entre las páginas cerradas durante estos tres años, estarían retro80.es, musicalcloud.es, lolabits.es, mydownload.es y peliculas4.es., hasta 7 clausuradas por la entidad Red.es. Otras 34 habrían cerrado después de haber recibido un requerimiento de información de la Comisión de la Propiedad Intelectual o bien notificados como parte de una denuncia entre las que se cuentan tusseries.com, descargaya.es, peliculon.tv, ultimosdiscos.com, kioskowarez.net y descargas-directas.net, todas cerradas por voluntad propia. Finalmente, otras 7 han sido bloqueadas en territorio español tras el consentimiento de la Audiencia Nacional, entre las que se cuentan las cuatro versiones de thepiratebay (esta página, una de las más conocidas del «pirateo» se ha replicado con dominios .se, .org, .net y .com), musicalcloud.com, goear.com, y exvagos.com

Para el director general de Políticas Culturales, José Pascual Marco, las últimas sentencias sientan «unos precedentes muy favorables». «La Comisión está trabajando en un régimen equilibrado y garantista, porque aquí no están en juego sólo los derechos de propiedad intelectual sino también la libertad de expresión. Y nos da la razón. Además, estamos contentos porque corta de raíz la posibilidad que tenían las páginas de clonarse», añade Pascual. La resolución cuenta con todas las garantías, como debe esperarse de un tribunal español, pero, ¿se actúa con la suficiente rapidez? «Hay algo que nosotros no podemos cambiar. El sistema judicial es el que tenemos y nos gustaría que fuera de otra manera, pero no está en nuestra mano», señala. Sin embargo, la portavoz de la Coalición de Creadores, Carlota Navarrete, discrepa: «La ley establece 45 días de tramitación de las denuncias y estos expedientes han estado 1.022. Pero estamos encantados de que hayan llegado a buen puerto porque eran páginas realmente dañinas. Estaban entre las de mayor tráfico en España y además ofrecían millones de contenidos de todo tipo (videojuegos, música, libros y películas) sin autorización, así que es una excelente noticia».

Sin embargo, desde la Coalición se quejan de la lentitud del proceso. En España, los cierres de webs ilegales son sonados pero escasos. Los casos de seriesyonkis y peliculasyonkis fueron resultado de una operación policial, no de la Comisión de Propiedad Intelectual. Otro de los casos más conocidos fue el de Rojadirecta, el noviembre pasado, a consecuencia de resolución de la Sección Segunda. «Algunas, como Lolabite, que tenía millones de enlaces, fue requerida para que los retirase. Y después de eso ha cerrado, pero no puede atribuirse al funcionamiento de la Sección Segunda porque ha cerrado también en México y en Francia. Sencillamente han vendido sus bases de datos y habrán cambiado su modelo de negocio», dice Navarrete. En cambio, en Portugal se ha bloqueado el acceso a más de 300 webs en menos de un año y e n Italia, 196. Según los datos del Ministerio de Cultura no se puede hablar de más de 50 casos en España.

Sin embargo, podríamos estar a punto de ver nuevas resoluciones remitidas a los tribunales hace un año o más y que están en la recta final de su tramitación. La dilación del proceso en España es una consecuencia de los instrumentos que prevé la ley, sumamente garantistas: en primer lugar, las notificaciones a los implicados alargan el procedimiento. «Es normal que si el infractor tiene la página web en las Seychelles no va a estar esperando en un bungalow a que le lleven el certificado de denuncia –ironiza Navarrete–. Por definición, esta gente trata de esconderse y se pierde demasiado tiempo en tratar de notificarles en vez de emitir un edicto consular que es lo que proponemos», apunta Navarrete. No sólo a los infractores: en las últimas sentencias, la Audiencia hacía patente en su resolución la complejidad de notificar a una gran compañía como Google (dado su entramado societario entre España e Irlanda) para que coopere en su cumplimiento y elimine el rastro de las webs. En segundo lugar, según establece la Ley, si tras la queja del propietario de un contenido que está siendo «pirateado» la Comisión acepta la solicitud y se logra notificar al infractor, pero éste no quiere colaborar, el asunto va a la Audiencia Nacional como garantía de los derechos fundamentales, para que decida si su cierre va en contra o no de la libertad de expresión. Esto ha retrasado mucho las acciones legales. Incluso en las últimas resoluciones contra Goear y Exvagos, a las que ha tenido acceso este periódico, la Audiencia ha tenido que desmontar los argumentos de las webs sobre defensa de la libertad de expresión. Es posible que estos precedentes agilicen los siguientes casos que se atasquen en el debate de derechos fundamentales. «Estamos en el camino, pero no en los tiempos que está llevando recorrerlo», dice Navarrete. Pascual insiste: «Nos encontramos sometidos al control judicial, tenemos que ir a un juez. La situación está mejorando y ojalá fuéramos más ágiles, pero tendríamos que salir de la vía judicial». «Hay otros datos relevantes para medir la efectividad que hemos logrado –señala Pascual–. Entre las 250 webs más visitadas en España según datos de Alexa, había, hasta hace poco, 30 ‘‘piratas’’ entre las primeras. Y ahora hemos pasado a 14 y están mucho más abajo. Son resultados contundentes».

El otro intermediario involucrado en perseguir la «piratería» son los buscadores de internet, que en Europa es hablar de Google. Un porcentaje elevado de las descargas comienzan con una simple consulta (el 92%, según un estudio de la Coalición), que no oculta los resultados de una búsqueda pirata. «Nos hemos puesto en contacto pero siempre dicen que hacen todo lo que pueden, que el algoritmo va por libre. Pero no es cierto, a la máquina se la domina. Si pones en Google ‘‘porno infantil’’ verás que no sale nada. Podrían hacer mucho más de lo que dicen». Google factura publicidad y algunas de estas páginas pagan para aparecer en los primeros resultados. Un dinero que, por cierto, tributa en Irlanda. «Sí, más que los suecos, se hacen los irlandeses».