El «casting» que parió la bandera

Un Real Decreto de hace 175 años estableció de manera oficial y extensiva el uso de la enseña con los colores que hoy conocemos, un modelo que eligió Carlos III entre varios bocetos como ejemplo de independencia internacional y para alejarse del blanco de los Borbón.

En este año se conmemora el 175 aniversario del Real Decreto de 13 de octubre de 1843 por el que se hizo extensivo el uso, con modificaciones menores y a todo el Ejército, del pabellón de guerra de la Armada que se venía considerando, jurídica y popularmente y ya desde su creación, en 1785, como bandera nacional. Este hito merece un recuerdo sinóptico del devenir histórico de nuestra enseña.

La bandera nace en el mundo castrense. Los símbolos militares tradicionales anteriores a la dinastía borbónica los habían constituido muy diversas enseñas y algunas prendas del vestuario del color nacional de la rosa roja castellana, en forma de bandas y escarapelas o rosetas, que adornaban los brazales de seda y las hebillas del calzado. Existía una diversidad de enseñas parecidas pero desiguales.

La clara voluntad de Felipe V fue la de unificar las banderas bajo el color blanco dinástico, igual que los uniformes, y, aunque menos conocido, que los buques de guerra, pintados igualmente de blanco, como los franceses, lo que, de alguna forma, reducía el monopolio identificativo que había supuesto hasta entonces la bandera pero reforzaba la idea de bloque o alianza, especialmente relevante en este aspecto naval, que será nuestra principal aportación a la causa secular común antibritánica. La unificación del pabellón naval es casi inmediata y acatada: blanco y con el escudo, la llamada «bandera de guerra». Se establece el blanco con la cruz de borgoña en su color para los mercantes. En realidad son las únicas banderas «españolas» conocidas allende nuestras fronteras.

La introducción del color dinástico en las banderas del Ejército no tendría los efectos unitarios apetecidos. Las excepciones se prodigaron en atención a derechos adquiridos y tradiciones, apreciándose la pugna entre el derecho y la gracia, entre la norma y el privilegio, contradicción que persistirá en el tiempo. Solo quedaba en los ejércitos un símbolo común, pequeño pero enormemente representativo: la humilde escarapela que adornaba el sombrero.

Van a existir, sin duda, razones de orden práctico que contribuirán a cambiar el pabellón de Marina en 1785, y que son las que se van a popularizar: según la experiencia y para evitar los inconvenientes y perjuicios que puede ocasionar la bandera nacional «equivocándose á largas distancias, ó con vientos calmosos con las de otras Naciones». Lo anterior no quita que hubiera otros motivos que no debían manifestarse en la «Gaceta de Madrid», donde se debía publicar la norma modificadora.

La secretaría de Marina que dirige el bailío don Antonio Valdés y Fernández Bazán es encargada de presentar a Carlos III unos bocetos entre los que seleccionar la nueva enseña. Pero el ministro es ducho en gobierno, interior y exterior, y por ello ultima un cuadro modélico –no se conoce otro igual en historia y vexilología comparadas– de doce modelos, que rezuma sentido histórico y común y en el que cada franja constituye un juego de posibilidades a elegir de acuerdo con cada idea política que lo inspira. Nos podemos imaginar a Carlos III discutiendo los pros y los contras de estos bocetos y de las combinaciones posibles y decidiéndose, generosamente, por la más revolucionaria de todas, de la que estaba ausente todo elemento dinástico o personal, ni siquiera el mínimo escusón de Borbón-Anjou del anterior escudo resumido.

El documento legal que firmó Carlos III en Aranjuez del 28 de mayo de 1785, publicado por la «Gaceta de Madrid» de 12 de julio, decretaba: «He resuelto, que en adelante usen mis Buques de guerra de Bandera dividida lo largo en tres listas, de las que la alta, y la baxa sean encarnadas, y del ancho cada una de la quarta parte del total, y la de en medio amarilla, colocándose en esta el Escudo de mis Reales Armas reducido los dos quarteles de Castilla, y León con la Corona Real encima».

La ausencia de color dinástico parece mostrar el intento de una política independiente, pues el aparente éxito del Tercer Pacto de Familia y la paz de Versalles de dos años antes escondían un auténtico fracaso con respecto a Gibraltar. Tuvo el buen criterio político de manifestar su independencia internacional por este medio, aprovechando para definir una manifestación nacional menor: la bandera mercante, convirtiendo de paso en ambas –mercante y de guerra– los colores aragoneses, olvidados en la anterior bandera, en nacionales, mientras el escudo castellano-leonés representaba al otro reino fundador de la nacionalidad. Miguel de Unamuno hablaría de una bandera de la casa de Aragón y Cataluña que se hizo española, española de todos los españoles. Paralelamente, el rey hacía cambiar la pintura blanca del casco y arboladura de sus barcos por un ocre apolítico.

El poder de irradiación se manifestó extenso, inmediato e imparable: el 25 de septiembre de 1785, la Real Compañía de Filipinas obtuvo la nueva bandera, añadiéndole como distintivo propio el escudo de la ciudad de Manila debajo del real. La Real Orden de 10 de enero de 1786 impuso la bandera de guerra en todos los departamentos y arsenales, incluido el astillero de La Habana. El 25 de marzo de 1786, la Junta de Sanidad de Cádiz y la Casa de Contratación solicitaron la enseña bicolor, obteniéndola sin dificultad.

La medida adoptada para los buques de guerra tenía pretensiones de generalidad en el

ánimo de su creador, don Antonio Valdés, que, orgulloso de su éxito, remitió un oficio al ministro interino de la Guerra, Pedro López de Lerena, «para que se digne S.M. declarar si es su real voluntad que se establezca el mismo Pavellon en las Plazas, y exercito». Era una decisión de gran calado que quedaría para más adelante y que no se desempolvó del cajón gubernativo hasta más de medio siglo después mediante la norma que evocamos: el Real Decreto de 13 de octubre de 1843, que extiende la enseña carolina a todas las fuerzas armadas. En la exposición de motivos del citado decreto manifiesta su extrañeza el legislador por no haber sido adoptada la bicolor antes, cuando la habían tenido ante sus ojos durante tanto tiempo: siendo la bandera nacional el verdadero símbolo de la monarquía española, de la monarquía liberal, con el denominado «partido parlamentario» en el poder, es decir, símbolo de España y no del soberano.

Nuestra bandera siguió sus vicisitudes y es en esta época isabelina cuando trasciende del mundo militar y naval para convertirse en un símbolo familiar, cotidiano, popular, castizo y querido, y, como tal, espontáneamente expuesto en balcones, tendidos taurinos, y abanicos.

Se había creado un símbolo superador de tiempos, mentalidades y regímenes, porque hasta la bandera tricolor de 1931 es un homenaje a sus dos colores básicos y de todos, aunque con una desafortunada, partidista y de poca base histórica innovación morada. La aprobación en consulta de la Constitución de 1978 supuso la del artículo 4º.1, que definía el primero de nuestros símbolos nacionales. Por segunda vez en la Historia española se incluía la bandera nacional en un texto constitucional, cosa que hoy podría parecer normal, pero que anteriormente había sido regulada por normas de rango inferior. La primera ocasión había tenido lugar en 1931, cuya Constitución estuvo siempre presente en el consenso político previo, en el contenido y en la propia redacción textual de la de 1978, en el primero de su articulado, porque Carlos III había conseguido crear la bandera de todos no más que roja y gualda, sin morado alguno, sin ese morado discutiblemente castellano, de nuevo en frase de Unamuno.

Actualmente no siempre se comprende esta realidad histórica, la ignorancia o la malicia parecen obstaculizar un proceso que la convierta entre nosotros en algo tan propio, unificador y entrañable, como la bandera danesa para sus nacionales –cruz blanca sobre fondo rojo–, el «Dannebrog», «el vestido danés», paradigma envidiable de la unión de un pueblo con el principal de sus símbolos.