La Constitución española, a imagen de la bolivariana

El Gobierno ha pedido un informe a la Real Academia Española para estudiar una polémica reforma del género en la Carta Magna, siguiendo así los pasos de la de Venezuela.

El Gobierno ha decidido que no solo la memoria («histórica») es una cuestión política, también lo es la lengua, y a través de su actual vicepresidenta, Carmen Calvo, se ha encargado un informe a la Real Academia Española sobre la reforma de género en la Constitución. Una decisión que ha levantado una oleada de reacciones distintas. La intención, en un principio, es modificar el género de la Carta Magna. Es decir, en el lugar donde pone «ciudadanos» sustituirlo por «ciudadanos y ciudadanas»; donde se lee «trabajador» duplicarlo por «trabajador y trabajadora» y así hasta el infinito. Esta iniciativa no es para nada nueva. Ya cuenta con un precedente. Uno que tiene bastantes probabilidades de que le agrade por lo menos a uno de los actuales socios del Partido Socialista Obrero Español: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que aprobó Hugo Chávez el 15 de diciembre de 1999. En esas páginas puede observarse con facilidad las consecuencias de esta duplicación. Ahora el PSOE quiere emular este ejemplo y ha implicado a la Real Academia Española con un informe. Para el académico Salvador Gutiérrez, que se encargó de coordinar el volumen dedicado a la Ortografía de esta institución, todo lo que está suciendo «parte de una equivocación conceptual»: «Pensar que porque se diga, por ejemplo, que “el hombre es mortal” solo se piense que se refiere a un varón, cuando, en realidad, también se refiere a las mujeres. Es un recurso de la lengua, y es uno de los mejores de los que dispone el idioma: usar un elemento genérico, en este caso el masculino, para introducir ambos. Lo mismo ocurre con el número. Cuando se dice que “el hombre es mortal” se refiere a todos los hombres, no a uno solo. Se neutralizan los plurales».

Para Salvador Gutiérrez, es posible duplicar, decir «los padres y las madres», pero «es antieconómico y no se puede sostener ni mantener en una conversación, porque a la tercera frase cometemos un error. Por otra parte –añade–, aparte de parecerme problemático, no me parece bien que esto se imponga contra la lengua. El Parlamento no es propietario de una lengua. El idioma es de los hablantes. Y la lengua española pertenece también a toda Hispanoamérica y no solo a España. Hay una confusión de poder». Santiago Muñoz Machado, académico de la RAE y director del «Diccionario del Español Jurídico», ha comentado que «lo más sencillo, en vez de encargar un informe a la Academia sería recordar el que ya hizo sobre el sexismo lingüístico. Lo que puede decir la RAE sobre la Constitución es lo que señala su propia doctrina. Y no tiene carácter vinculante ninguno. Y creo, además, que ciñéndonos a ella tendría poco que cambiar». Muñoz Machado añade que «otra cosa es en qué medida puede haber en la Constitución fórmulas gramaticales que no sean acordes con la RAE». Después apunta una de las consecuencias directas de una posible reforma de la Carta Magna en este sentido: «Si se modifica la Constitución y se aplica la fórmula de separación entre el masculino y el femenino, después habría que retocar el ordenamiento jurídico entero. Siempre se ha usado en el lenguaje legal ordinario la doctrina de la RAE, como reguladora a través de la gramática y la ortografía. El legislador emplea el lenguaje clásico, doctrinalmente ortodoxo. Si se aplican fórmulas y criterios nuevos habría que cambiar gran parte de las normas, no solo la Constitución». La pregunta que surge a continuación es el coste en tiempo y dinero de enfrentarse a un cambio tan grande: «Tendría una repercusión económica y habría que establecer comisiones para estas modificaciones. Este proceso duraría años. Es una revolución imposible, si se quiere modificar las normas vigentes, y muy costosa». Santiago Muñoz Machado también comenta que «en nuestra sociedad actual, la mayor parte de hispanohablantes defienden el mantenimiento del lenguaje como la RAE ha dicho». Y concluye: «El español es común a 570 millones de hablantes. Todo lo que sea un retoque de la regulación en el idioma hay que hacerlo con enorme precaución porque repercute en todo ese universo y hay que tener en cuenta que esa lengua también les pertenece a ellos». Salvador Gutiérrez puntualiza y afirma: «Todos estamos de acuerdo, y todos defendemos que la mujer tenga el reconocimiento laboral, económico y social que le corresponde y que no existan diferencias con el hombre. Yo soy el primero en defender esta posición. Pero es un error de perspectiva tratar de poner el acento en el idioma, buscar la solución donde no está el problema. El problema entre los hombres y las mujeres no se soluciona modificando el lenguaje». Salvador Gutiérrez, incluso, va más allá y asegura: «Los mismos políticos no pueden imponerlo. Ellos mismos, que dicen los padres y las madres, los niños y las niñas, cuando bajan del estrado y se van a tomar cañas, y hablan con la familia y los amigos, no hablan así. Y no lo hacen porque es imposible. La lengua es muy sabia y la hemos creado a lo largo de los siglos y esa economía es la que la hace flexible. Considero que es un grave error tratar de imponerlo». De momento, en la RAE, se ha propuesto, para después del verano, la creación de una comisión para estudiar y después redactar un informe en relación a este asunto, ya que como institución está obligada a acometer una petición que proviene del Gobierno central. Ya solo queda esperar.