La dictadura del mosquetón

El arma acabó sin piedad con la vida de casi todos los infelices fusilados durante los tres años de contienda.

El mosquetón Mauser modelo Oviedo 1916, del calibre 7,57 milímetros, acabó sin piedad con la vida de casi todos los infelices fusilados durante la Guerra Civil española. Era un arma mortífera que se transformaba en una auténtica apisonadora de huesos, tejidos y vísceras si se disparaba a solo diez o veinte metros de distancia de las víctimas, cuando su alcance eficaz era de 2.000 metros. Podía efectuar hasta cinco disparos sin necesidad de volver a cargarse. Para los fusileros de uno y otro bando era cómoda pues tenía poco retroceso y permitía realizar numerosas descargas sin que el hombro apenas se resintiese por los culatazos.

Su proyectil era un verdadero diablo: alcanzaba, recién salido del cañón, una velocidad de 700 metros por segundo. Teniendo en cuenta que la velocidad letal de un cartucho se estima en 122 metros por segundo, puede explicarse el estado en que quedaban los cuerpos después de que el pelotón se despachase a gusto.

A los que sobrevivían de milagro se les remataba en la cabeza con el «tiro de gracia». A veces eran dos, tres... dependía de la voracidad del que disparaba. Fusilar llegó a ser algo tan cotidiano en la guerra como despertarse de madrugada con una pesadilla o con el tronar de un bombardeo. Desde el inicio de la contienda, los «paseos» se «industrializaron» convirtiéndose en aterradoras «sacas», de ahí su nombre, de las cárceles.

Las autoridades frentepopulistas anularon a veces el poder de los funcionarios del Cuerpo de Prisiones, sustituyéndolos por milicianos armados. En cada centro se constituyó así un comité con representantes de todos los partidos políticos y sindicatos del Frente Popular que encomendaron el orden interno a los milicianos. La cárcel acabó convirtiéndose en un purgatorio que acababa en el infierno.

Durante el verano de 1936 se sucedieron en Madrid «sacas» de reclusos que, bajo el pretexto de ser liberados, se entregaban a los agentes de la checa de Fomento o a otros milicianos para ser asesinados sin el menor escrúpulo. Por este procedimiento se acabó con la vida del ex director general de Seguridad de la República, José Valdivia, conducido de la cárcel de San Antón a la checa de Fomento. De la muerte tampoco se libraron diputados republicanos como Gerardo Abal Conde y Fernando Rey Mora, ejecutados junto con el religioso Leandro Arce Urrutia en los sótanos de la prisión de Porlier.

En otros centros de reclusión de Madrid y del resto de España se prodigaron con celeridad estos viajes sin retorno. Incluso en Úbeda (Jaén), los milicianos se llevaron a los 47 presos para fusilarlos. Solamente dos supervivientes, Pedro Iglesias y Cristóbal Herrador, pudieron contarlo. Otras veces las «sacas» se producían en prisiones flotantes como la habilitada en el buque Isla de Menorca, anclado en el puerto del Grao, en Castellón. La noche del 28 al 29 de agosto de 1936 un grupo de milicianos irrumpió en el barco y desembarcó a 56 reclusos maniatados por parejas, a los que fusilaron luego en tierra. Algo parecido ocurrió en Bilbao a bordo de los buques-prisión Altuna Mendi y Cabo Quilates.

En Madrid, a partir de la registrada en la cárcel de Ventas en septiembre de 1936, se extendieron las «sacas» de forma imparable. El 31 de octubre se ordenó nuevamente la entrega de un grupo de presos de esta prisión a miembros del Comité Provincial de Investigación Pública, que regía la checa de Fomento. El 6 de noviembre, milicianos y policías penetraron en la cárcel Modelo con una falsa orden de libertad mediante la cual condujeron luego a numerosos presos hasta las inmediaciones de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, donde a todos, sin excepción, los aguardaba la muerte. A la mañana siguiente se produjo otra matanza en Paracuellos del Jarama, mientras las tropas de Franco avanzaban irremisiblemente sobre Madrid.

En las cárceles andaluzas también había «sacas». El 5 de agosto se registró una en Sevilla, en la que resultó muerto José María Puelles, presidente de la Diputación Provincial.

En la zona nacional había también desalmados como el capitán Manuel Díaz Criado, que podía llegar a firmar decenas de sentencias de muerte en un solo día. El propio Franco lo destituyó en noviembre del mismo año por fusilar a un amigo del general Emilio Mola por el que éste había intercedido. Se mataba en muchos casos únicaente por ideas. Ser falangista, republicano o afiliado a un sindicato era delito suficiente para merecer la pena de muerte. Todos vivieron, o murieron, bajo la dictadura del diabólico mosquetón.