La Guerra Civil española vista desde el Vaticano

Vicente Cárcel Ortí publica «1936. El Vaticano y España», un libro en el que da voz a los documentos de los Archivos Secretos de la Santa Sede para zanjar polémicas sobre las relaciones de los dos países durante la contienda.

La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado para mostrar su preocupación y alarma por «la espiral que atenta al legítimo ejercicio de la libertad religiosa, así como a la libre predicación del Evangelio en un sociedad plural». El detonante del texto había sido la profanación de una capilla. No fue en 1931, ni en 1936, sino este mes de junio de 2016 en la Universidad Autónoma de Madrid.

El anticlericalismo no es algo nuevo. Adoptó sus características actuales en la primera década del siglo XX, cuando republicanos y socialistas construyeron un discurso común basado en el rechazo a la Iglesia. La modernidad y la regeneración pasaban por el arrinconamiento del clericalismo y, por extensión, de los católicos y de su presencia en la vida pública. La Segunda República, epígono del regeneracionismo, se fundó precisamente en esa idea. Los incendios de edificios eclesiásticos en mayo de 1931 se justificaron igual que la matanza de frailes de 1834, o que los hechos en Barcelona de 1909. El pueblo, decían, había reaccionado frente al poder de la Iglesia, símbolo de la opresión. En el fondo de todo aquello estaba uno de los pilares de la cultura política de izquierdas, y la batalla por la hegemonía cultural, el control de las conciencias y de la educación, algo que consideraban imprescindible para crear la Sociedad Nueva.

La Transición no supuso un «pacto del olvido», sino que se tomó la Guerra Civil como una tragedia nacional que no se quería repetir. Fue entonces cuando la amnistía general abarcó los dos bandos, y fue posible que Dolores Ibárruri, La Pasionaria, presidiera las Cortes, o que Santiago Carrillo, señalado por la matanza de Paracuellos, pudiera sentarse en el Congreso junto a personas que poco antes eran franquistas. El anticlericalismo quedó latente en un Estado aconfesional y en una sociedad que iba perdiendo poco a poco el catolicismo practicante. La Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de Zapatero en el año 2007 cambió el panorama y resucitó la idea anticlerical unida al guerracivilismo como partes de la identidad del socialismo. Comenzó entonces un debate sobre la «memoria colectiva» –un imposible, porque la memoria solo puede ser individual-, los nombres de las calles, la retirada de recuerdos franquistas, y las cunetas. Detrás estaba el mito del modelo de 1931, la Segunda República, como antecedente democrático del régimen actual, cuando en realidad fue un régimen construido contra una parte de los españoles, sin consenso, en el que no se respetaba al adversario, donde la élite buscó y amparó el conflicto, los gobiernos ejercieron influencia en las elecciones y falsearon el voto, y las elecciones tuvieron siempre un carácter plebiscitario, lo que aleja aquella República del normal funcionamiento de una democracia.

La obra de Vicente Cárcel Ortí recién publicada, «1936. El Vaticano y España» (Ediciones San Román), trata de introducir serenidad en dicha polémica. Buen conocedor de los Archivos Secretos Vaticanos, y uno de los grandes especialistas de la historia contemporánea de la Iglesia española, Cárcel Ortí se aferra al viejo dicho del historiador: «Que hablen los documentos». Para ello se aleja de la «recuperación de la memoria histórica», a la que ve como seudocientífica y propagandística, y recurre al diálogo entre historiadores. Y comienza fuerte, enumerando las «falacias» de cierta historiografía. La primera es que la Segunda República fuera una democracia. No es cierto, dice, porque no tenía las instituciones, la Constitución ni la mentalidad propia de dicho régimen, ni la acción y el discurso de sus patrocinadores lo eran. De hecho, afirma Cárcel Ortí, a partir de julio de 1936 se enfrentaron dos dictaduras, no la democracia contra el fascismo, porque el bando republicano fue quedando en manos de Stalin, (p. 18). La segunda falacia, según el autor, es la de mantener que el levantamiento de julio impidió la revolución comunista; al revés, donde no triunfó, la excitó, y la República se dejó en manos de los revolucionarios, como apuntó Portela Valladares, quedando certificado entonces su final.

La represión en la retaguardia republicana no sólo afectó a los partidarios de Franco, sino también a los «compañeros» de viaje. Las purgas entre anarquistas, estalinistas y poumistas llegaron a provocar una verdadera guerra civil dentro del conflicto en la Cataluña de 1937. Hasta el mismo George Orwell, que había venido a España a «matar fascistas», quedó horrorizado y tuvo que huir para que no lo mataran «los suyos». Los sacerdotes y religiosos asesinados en la España de los años treinta eran, como nos recuerda el historiador Cárcel Ortí, «tan pobres como sus mismos asesinos» (p. 197). Tampoco encontraron «botín» en los saqueos, salvo «patrimonio histórico, artístico y documental», que fue destruido en buena parte. No menor fue la represión en el territorio dominado por los rebeldes, y continuó tras la guerra, lo que obligó al exilio exterior (e interior) a muchos.

Luego vino la propaganda en ambos bandos. Republicanos y franquistas contribuyeron a falsificar la historia, escondiendo, distorsionando o inventando los datos para construir un discurso político y justificar su actitud. Los republicanos hablaron de una lucha de clases, del pueblo contra los opresores, y los sublevados se aferraron a la defensa de la nación y de la fe. No obstante, para sustraerse a esa manipulación, Cárcel Ortí rechaza en su libro los prejuicios, los intentos de «militarizar los espíritus» (p. 24), y aborda documentalmente el papel de la Santa Sede en la España republicana y durante la Guerra Civil.

La política del Vaticano se puede resumir, concluye el autor, en tres palabras: respeto, paciencia y prudencia. La Santa Sede sabía que la Segunda República española quería someter a la Iglesia y arrinconar al catolicismo y a los católicos. El Papa se acogió a lo que definió su pontificado: la diplomacia, nos asegura Cárcel Ortí. Primero lo intentó con la URSS entre 1924 y 1927, y luego firmó concordatos con la Italia fascista (1929), la anticlerical México de 1930, y la Alemania nazi (1933). El objetivo fue siempre, dice el autor, salvaguardar la dignidad y los derechos tanto de la Iglesia como de los católicos. En el caso español, los socialistas se empeñaron en expulsar a las órdenes religiosas, acabar con el presupuesto eclesiástico, y prohibir la labor educativa de la Iglesia. No obstante, las negociaciones auspiciadas entre Alcalá-Zamora y Pío XI estuvieron muy avanzadas. Se habló de un concordato, y luego de un «modus vivendi» que permitiera la permanencia de congregaciones y la educación religiosa. Pío XI exigió una reforma constitucional, lo que impidió el acuerdo, dice el autor (p. 124), pero forzó la dimisión del Primado de Toledo, contrario a un acuerdo. Las negociaciones se intensificaron con el embajador del Gobierno de Lerroux en el Vaticano. No fue posible. La persecución religiosa sistemática iniciada al estallar la guerra decantó al Vaticano por el bando franquista, aunque aumentó los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz. Pío XI nombró al cardenal Gomá encargado confidencial ante el Gobierno de Franco, en diciembre de 1936, sin que ello supusiera, dice el autor, su reconocimiento oficial. La decisión se debió a que quería influencia en España para evitar la infiltración nazi en el franquismo. No hubo unanimidad en el Episcopado español en la Pastoral Colectiva de julio de 1937 en apoyo de los sublevados. «En aquellos momentos –alega Cárcel Ortí– los obispos no podían hacer otra cosa, habida cuenta del holocausto provocado por la persecución» (p. 172). Aquella Pastoral condicionó el papel de la Iglesia hasta 1971, cuando de la mano del cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal, recuerda el autor, apostó, no sin riesgo de su vida, por la reconciliación y la democracia.