La mitad de la Junta Directiva de la SGAE denuncia a Fernández Sastrón

Los ánimos no están calmados en la Sociedad General de Autores, todo lo contrario. Ayer se supo que casi la mitad de los miembros que forman la Junta Directiva, 17 de los 39 que son, habían decidido denunciar a su presidente, José Miguel Fernández Sastrón, y a su equipo por no permitir, entre otros motivos, el voto electrónico en las elecciones convocadas para el 26 de octubre. El Juzgado de Primera Instancia de Madrid registraba ayer la citada denuncia, según informa Efe, a la que se unían, además, una treintena de socios, la Asociación Española de Editores de Música y editoras socias de la SGAE como Universal Music, Warner Bros., EMI Songs España o Peer Music Española. Ante el cariz de los acontecimientos, el presidente de la SGAE (que mañana entregará a Albert Boadella la llave de la sociedad al cumplirse los cincuenta años de su permanencia en ella) ha convocado una Junta Directiva Extraordinaria para el 19 de septiembre. ¿Qué alegan los denunciantes? Aseguran que Sastrón, sin agotar el mandato de la Junta Directiva, que se extiende de febrero de 2015 a febrero de 2019, y de «forma abrupta», convocó una sesión extraordinaria de este órgano el 10 de julio de 2018 para que se aprobara de forma anticipada la convocatoria de nuevas eleccione, una decisión «impregnada de dos actuaciones radicalmente contrarias a derecho que vician de nulidad el acuerdo de convocatoria y, en caso de llevarse a cabo, contaminan todo el proceso electoral», según se afirma en la denuncia, que han remitido también al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, «para que interceda y ejerza sus funciones de fiscalización y tutela sobre la SGAE».

Una de esas «actuaciones» sería la «entrega de información ficticia» a los miembros de la Junta Directiva «para mover su ánimo y lograr la aprobación de la convocatoria del proceso electoral» y para la que el presidente y su equipo «suministraron la información engañosa» de que la apertura del proceso electoral había sido solicitada por Cultura y que era una «condición» para evitar que se sancionara a la SGAE.

La segunda actuación «contraria a derecho», sostienen, es «eliminar» en esta convocatoria de elecciones el «derecho de los socios» a votar por correo electrónico, una decisión que califican de «incomprensible» y que habría sido tomada por la presidencia para «mantener secuestrada a la entidad de la voluntad real mayoritaria de sus miembros».