La «tasa Google», un derecho irrenunciable de los editores

El Pleno del Senado debatió ayer el proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), y dio así luz verde defintiva al texto, que, no obstante, deberá regresar al Congreso para que sea aprobado definitivamente y entre en vigor el 1 de enero de 2015, aunque la ley tenga un desarrollo reglamentario posterior en forma de decreto. Entre los puntos clave que esta norma revisa y amplía destacan el reforzamiento de la supervisión de las entidades de gestión, la lucha contra la «piratería», acotar los límites de la copia privada, además de la incorporación de la mal denominada «tasa Google», es decir, el reconocimiento de las empresas editoras y autores de noticias a ser recompensados económicamente por la explotación de sus contenidos. La discusión del texto, que comenzó ayer pasadas las seis de la tarde, se encalló en el asunto referente a la «piratería» debido a la presentación de tres enmiendas transaccionales por parte del PP: las relativas a la financiación de la Comisión de Propiedad Intelectual; a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el reforzamiento de medidas contra la «piratería».

Mediante este concepto los agregadores digitales de noticias (caso de Google News, por ejemplo) tendrán que abonar una cuantía económica por las informaciones que enlazan parcialmente, ya sean en forma de texto o de imagen a las empresas editoras de los contenidos de los que son porpietarias. Conviene dejar claro que no implica en ningún caso el pago por enlazar a editores de prensa y que ni las redes sociales ni los ciudadanos son objeto de esta medida; sólo el agregador. Ese derecho de remuneración se configura como irrenunciable (al contrario de lo que sucede en otras legislaciones en las que está configurado como exclusivo). Este punto generó bastantes discrepacias entre los grupos de la oposición durante su debate el pasdo mes de julio, sobre todo por parte del grupo socialuista al soliciata la posibilidad de renunciar a esta compensación de los periodistas y fotógrafos. AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), por su parte, se mostró a favor de la medida de remuneración económica ya que «el reconocimiento de los derechos que amparan a los editores sobre los contenidos que elaboran sus medios resulta hoy esencial».

El mayor control de las entidades de gestión de derechos de autor es una de las claves de la reforma de la LPI. La experiencia acumulada de años había hecho saltar las alarmas sobre el funcionamiento de estas sociedades, de ahí que se haya contemplado la introducción de sistemas para mejorar su funcionamiento y dotarlos de una mayor transparencia: será obligatoria la rendición de cuentas, así como la realización de auditorías, y medida que ha sido rechazado por las mencionadas entidades. Como novedades se introduce un régimen sancionador mediante el cual «se castigarán la ineficiencia manifiesta y notoria de la administración de los derechos que la entidad de gestión tenga encomendados».

La norma, que superó ayer su tramitación en el Senado, ofrece mayores garantías. Así, la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) sale reforzada con una mayor capacidad sancionadora: podrá actuar contra los prestadores de servicios (páginas web) que vulneren los derechos de propiedad intelectual. Sus atribuciones se ven aún reforzadas por las multas que su Sección II puede imponer y que van de los 30.000 a los 600.000 euros para aquellas infracciones administrativas consideradas como graves. Podrán, asimismo, ser objeto de las sanciones los intermediarios como agencias de publicidad en tanto que puede ser considerada como una fórmula disuasoria para estrangular económicamente a quienes hacen negocio con los derechos de los autores.

Ala espera de una directiva europea que «marque el rumbo», la compensación por copia privada se llevará a cabo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una de las medidas a las que se han opuesto frontalmente los grupos de la opisición. Asimismo, los derechos de explotación de las composiciones musicales durarán toda la vida de los autores de la letra y la música y setenta años a partir del fallecimiento del último de ambos.