Las monjas torturadas durante el terror rojo

Las 14 mártires concepcionistas beatificadas hace una semana son solo un ejemplo de los saqueos y asesinatos de religiosos en la zona republicana durante la guerra civil

Siempre he vivido, desde mi niñez hasta la actualidad, en la calle Mártires Concepcionistas, cerca de la madrileña plaza de Manuel Becerra. Con menos de cinco años las monjitas Concepcionistas, al otro lado de la calle, tenían un parvulario al que mis padres me llevaron antes de tener edad para ir al colegio. Desde el balcón de mi casa las veía en el huerto trabajando hasta que, rodeadas de pisos altos, mudaron su convento a un lugar más tranquilo hace ya más de 35 años. Nunca salían a la calle.

Cuando volvía a casa con mis padres en taxi, algún conductor veterano decía, ¿a la calle Sagasti? Este nombre cambió el 14 de junio de 1946 por el de Mártires Concepcionistas en recuerdo a las catorce religiosas de dicha congregación martirizadas durante la persecución de 1936: Isabel Lacaba Andía, Petra Peirós Benito, Asunción Monedero, Manuela Prensa Cano, Balbina Rodríguez Higuera, Beatriz García Villa, Ascensión Rodríguez Higuera, Juana Ochotorena Arnaiz, Basilia Díaz Recio, Clotilde Campos Urdiales, Inés Rodriguez Fernández, Carmen Rodríguez Fernández, María de San José Ytoiz y Asunción Pascual Nieto.

Diez de ellas pertenecían a la comunidad del monasterio de San José en Madrid, dos a la comunidad de Escalona de Toledo y las otras dos a la de El Pardo, Madrid. Las primeras 10 hermanas concepcionistas asesinadas residían en su convento de las Rozas de Madrid. El 19 de julio de 1936 el comité frentepopulista local se incautó del edificio. Se refugiaron en Madrid en un piso de la calle Francisco Silvela, 19. Entre estas diez religiosas se encontraba la madre María del Carmen Lacaba Andía, que era la abadesa. En julio de 1936 tomó la decisión de permanecer con las religiosas más ancianas, una de las cuales estaba inválida. Fue asesinada a sus 54 años y 34 de vida religiosa. Sor María Eustaquia de la Asunción era hermana enfermera. Sufría una enfermedad reumática fuerte y degenerativa que la dejó incapacitada. En 1936 quedó a merced de las milicias socialistas de Las Ventas, que la sacaron del piso donde mal vivía sin que pudiera valerse por sí misma y bajar las escaleras. Sufrió desamparo, espantosos dolores físicos y un trato vejatorio e inhumano. Fue asesinada a los 72 años de edad y 49 de vida religiosa.

Al comienzo de la guerra Madrid terminaba en los alrededores de la calle Ramón de la Cruz, donde existían casas bajas y edificios de pisos humildes, especie de arrabal del elegante barrio de Salamanca. Allí se abría un descampado salpicado de algunas colonias de chalet baratos, alguno de ellos burdeles, hasta llegar a la plaza de toros de las Ventas. Madrid, como consecuencia del fracaso del golpe de estado del 18 de julio, había quedado en manos de los partidos obreros, de sus milicias armadas, que imponían su propia ley al margen de lo poco o nada que quedaba de la legalidad republicana.

Un grupo de milicianos vestidos con ropas eclesiásticas, posan a la cámara en medio de burlas

El 7 de noviembre de 1936, cuando las religiosas se encontraban confinadas en el entresuelo del edificio de Francisco Silvela, un grupo de milicianos entró preguntando por ellas ya que habían sido denunciadas por la portera de un edificio vecino. Las sacaron a todas y las subieron a un camión. Nunca más se supo de ellas.

El Madrid de 1936 se llenó de checas, cárceles privadas de los distintos partidos, que procedían a la detención, interrogatorio, juicio (justicia popular) y asesinato de miles de madrileños a mano de las milicias obreras, los partidarios más radicales del Frente Popular durante los tres años que duró Guerra Civil española.

La etapa más sangrienta en el Madrid rojo se produce durante el otoño e inviernos de 1936 a 1937. Más de mil chequistas, por medio de las 345 checas y 50 centro de detención creados al aliento de la falta de poder del Gobierno Republicano, procedieron a la caza y eliminación física de los enemigos, reales o supuestos, del Frente Popular. En estas checas se eliminaron a muchos miles de madrileños. Detenidos ilegalmente, fueron torturados, para luego ser paseados, asesinados en Paracuellos del Jarama, en las tapias de la casa de Campo o en el Cementerio de Aravaca... Personajes como García Atadel, el comunista Santiago Carrillo o el anarquista Amor Nuño fueron los principales culpables de este holocausto.

Las monjas Concepcionistas tras su detención, fueron controladas a diario por milicianos comunistas y anarquistas que las amenazaban de muerte para que abjuraran de su fe. Ante la inutilidad de sus amenazas verbales comenzaron a golpearlas durante las visitas que cada día hacían a su lugar de detención. Como las agresiones físicas tampoco surtieron efecto empezaron las torturas. Durante los meses de julio y agosto, en pleno verano madrileño, les retiraban el agua dejándolas días sin beber. El martirio acabó el 8 de noviembre, cuando las diez hermanas, entre ellas la anciana paralítica sor Asunción Monedero, que se encontraba en silla de ruedas, fueron sacadas por los milicianos en dos grupos de tres y uno de cuatro, siendo fusiladas en las cercanías de Madrid. En la actualidad aun se desconoce el lugar concreto de su asesinato y posterior enterramiento. Sus cuerpos no se han encontrado. El convento de El Pardo fue confiscado el 21 de julio. Su pequeña comunidad religiosa se refugió en algunas casas vecinas hasta que, localizadas, tuvieron que marcharse a Madrid, donde dos de ellas, Inés y Carmen Rodríguez Fernández, fueron acogidas por un matrimonio de edad avanzada hasta que el 23 de agosto fueron descubiertas por una patrulla de milicianos. Las dos hermanas fueron enviadas a una checa junto a sus benefactores y un familiar de estos. Las monjas lograron que sus protectores fueran liberados. Las dos monjas murieron fusiladas en Vicálvaro dos días después en un descampado y sus cadáveres arrojados a las puertas del cementerio. El enterrador fotografió los cuerpos de las religiosas y los enterró en un lugar que marcó secretamente. Al término de la guerra, el 24 de mayo de 1939, los dos cuerpos fueron identificados por la fotografía tomada por el sepulturero, procediendo a su traslado al cementerio del monasterio de El Pardo. Actualmente se encuentran en el monasterio casa madre de Toledo, donde se veneran en la actualidad junto a los de la fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción, santa Beatriz de Silva.

Las hermanas que formaban la comunidad de la localidad toledana de Escalona, al ser incautado el convento por el comité revolucionario local, fueron expulsadas del pueblo y enviadas a la Dirección de Seguridad de Madrid para luego ser encarceladas en una checa creada en un antiguo convento de capuchinas. Se les prometió la libertad si aceptaban abandonar la fe y apostatar. Para forzar a las más jóvenes, las dos hermanas de mayor edad, María de San José Ytoiz y Asunción Pascual Nieto, fueron separadas del grupo y enviadas a una checa donde fueron torturadas y finalmente fusiladas a finales del mes de octubre. El proceso de beatificación de estas 14 mártires por defender su fe religiosa comenzó en junio de 2002. El año 2010 pasó a la Santa Sede. El 15 de enero de 2019, el actual Papa firmó el decreto de martirio de María del Carmen Lacaba y de otras 13 religiosas concepcionistas franciscanas martirizadas en el Madrid del Frente Popular.

Un grupo apunta (agosto de 1936) contra la imagen del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Madrid

La denominación de «checa» se difundió entre la población madrileña en el verano de 1936 y lo extendieron por la retaguardia nacional personas que huían de Madrid, haciéndose eco de los sufrimientos y vicisitudes pasadas. A partir de 1937 –como señala Julius Ruiz– la palabra fue empleada por los anarcosindicalistas para denunciar los métodos de terror empleados entonces por la policía gubernamental y los comunistas. Defender la República equivale a desencadenar la revolución, y la revolución presupone el terror. Antes del 18 de julio el Gobierno se apoyaba en las organizaciones revolucionarias de izquierda para obtener apoyo parlamentario y mantenerse en el poder. Al mismo tiempo, aquéllas fomentaban una situación prerrevolucionaria. Con el comienzo de la guerra, la revolución se abrió paso mediante la formación de comités, el reparto de armas, la actuación conjunta de las milicias con las fuerzas de seguridad del Estado y el inicio del terror. El Gobierno renuncia a emplear los recursos a que le autorizaban la Constitución y la Ley de Orden Público, es decir, la declaración del estado de guerra y disposiciones anejas a esta situación.